La embestida de la colegiatura ocurrió un día después de que el presidente de la Cámara recibiera en su despacho a Jiménez, para escuchar sus recomendaciones a los efectos de mejorar la respuesta de ese poder del Estado.

En tres días consecutivos, el tranqueño mantuvo reuniones con los principales actores en conflicto en medio de la crisis del Poder Judicial. A comienzos de la semana, el presidente de la Legislatura había acompañado al gobernador, Juan Manzur, en la reunión que encabezó el titular del PE en Casa de Gobierno con cuatro de los cinco integrantes de la Corte: Antonio Gandur, Claudia Sbdar, Antonio Estofán y Daniel Posse. El miércoles, el ex ministro de Interior recibió en la Cámara al jefe de los fiscales.

Cuestión de códigos

El discurso del presidente de la Cámara para la prensa se mantuvo idéntico en los tres encuentros: “nos ponemos a disposición para ver de qué manera y en qué medida podemos aportar soluciones a los diferentes problemas que hoy se están planteando al nivel del Poder Judicial”.

A la salida de la reunión García Posse y Jaldo anunciaron, por separado, que ya se comenzaron a diagramar los pasos para iniciar un proceso de reforma del Código Civil de la provincia, tomando como modelo el proceso iniciado por una comisión con integrantes de los tres poderes del Estado más representantes de los colegios de abogados, para revisar el Código Procesal Penal. “La revisión nos permitirá introducir las modificaciones que la sociedad nos está demandando”, explicó. García Posse agregó que inclusive podría revisarse la ley orgánica de Tribunales.

El titular de los letrados de la capital separó la situación actual de los fueros de la Justicia provincial. “Los fueros civil y laboral tienen sus falencias y deficiencias, pero son cuestiones que se pueden solucionar. Por otro lado, está esta crisis en el fuero penal, que tiene un origen y responsables. Ya lo hemos dicho en el Concejo Directivo, esta situación no se va a superar mientras el doctor Jiménez siga en su cargo. Los problemas del fuero penal no tienen la misma envergadura y mucho menos la misma causa que los problemas que hay en los otros fueros, por lo que deben tener un tratamiento totalmente distinto”, espetó García Posse.

Hace tres años, los poderes del Estado conformaron una comisión para llevar adelante un proyecto para modificar el Código Procesal Penal. Finalmente, la iniciativa espera ser tratada en la Legislatura. A comienzos de febrero, Jiménez sorprendió a los tres poderes cuando presentó su propio proyecto de reforma penal. Sin embargo, el borrador de código implicaba la autarquía financiera del Ministerio Público. Con la propuesta, Jiménez no dependerá de la Corte para contratar empleados. García Posse fue tajante sobre este punto. “Se planteó algo que está expresamente prohibido por la Constitución. En Tucumán, a diferencia de otras provincias, el Ministerio Público forma parte del Poder Judicial, y este tiene una sola cabeza (la Corte)”, cuestionó.

A su turno, Jaldo ponderó que desde que asumió la nueva conformación de la Cámara todos los sectores tienen la posibilidad de acercar iniciativas o inquietudes. Adelantó que una vez que inicie el periodo de sesiones ordinarias comenzarán a tratar en las diferentes comisiones el proyecto integral de reforma del Código Penal. En la última sesión, la Legislatura sancionó una serie de modificaciones que habían solicitado desde la Corte, para adelantar los cambios.

Boom de la crisis judicial

El desempeño de la Justicia volvió al centro de la escena a comienzos de año, luego de que Jiménez reconociera en una entrevista, que el sector se encuentra en crisis. “La población no tiene justicia porque todos los fueros, incluso los civiles, están en crisis. Para mantener detenida a una persona que delinque necesitamos elaborar pruebas. Pero qué pueden hacer los fiscales si cuando quieren profundizar una investigación bancaria, sólo por dar un ejemplo, ni siquiera pueden contar con la ayuda de un contador. No tenemos recursos para investigar delitos complejos. Pero al parecer nadie toma conciencia de esto”, había dicho el ex funcionario alperovichista. Como antídoto, Jiménez presentó el proyecto de reforma penal propio, pese a que hace cuatro meses había finalizado el proceso integral de reforma del código y del que habían participado también representantes de los fiscales y defensores oficiales.

El jefe de los fiscales afronta severos cuestionamientos del Colegio de Abogados de la Capital y de la Federación Argentina de Colegios de Abogados. Ambas entidades habían solicitado a la Corte una auditoría en el Ministerio Público para investigar supuestas irregularidades detalladas por el camarista Enrique Pedicone en una causa penal que implica al ex fiscal Guillermo Herrera.

El domingo pasado, el ministro de Justicia y de Derechos Humanos de la Nación, Germán Garavano, había confesado su preocupación por la situación de la justicia en la provincia y anunció que un abogado de la cartera seguirá los casos de trascendencia pública cuestionados. “La Justicia de Tucumán debe encargarse de esclarecer las causas que generan conmoción social”, había sostenido.

Mientras la disputa con el máximo tribunal se mantiene, el ministro fiscal prepara un fuerte espaldarazo. Jiménez invitó a que se reúnan en nuestra provincia al Consejo de Procuradores, Fiscales, Defensores y Asesores Generales de la República Argentina y el Consejo Federal de Política Criminal de la Nación.