Timerman reconoce que no avanza el acuerdo con Irán

Timerman reconoce que no avanza el acuerdo con Irán
Le dijo a un diario oficialista que Teherán no muestra predisposición para cumplir con el polémico memorándum firmado hace un año. Y que los acuerdos internacionales “a veces no se cumplen”.
El canciller Héctor Timerman reconoció ayer que Irán está demorando la posibilidad de avanzar en el memorándum de entendimiento firmado con la Argentina el año pasado para destrabar la investigación de la causa AMIA.

Aunque reivindicó la firma del acuerdo entre ambos países e insistió en que “hay mucho interés en politizar la causa como una herramienta para atacar al Gobierno”, el canciller admitió por primera vez que viene muy demorada la implementación del acuerdo firmado hace un año, en un largo reportaje concedido al diario oficialista Página 12 a su regreso a Cuba, donde había escapado de las consultas de los enviados especiales con un curioso argumento: “Hablo con diplomáticos, no con periodistas”.

“Es verdad”, respondió Timerman, ante la apreciación que le formuló su entrevistador de que “Irán no parece muy dispuesto a avanzar con el memorandum y dejó pasar mucho tiempo”.

Ayer mismo, los principales dirigentes de la comunidad judía agradecieron el “sinceramiento” del canciller y adelantaron que plantearán la derogación del acuerdo en el Parlamento. En tanto desde diversos sectores de la oposición dijeron que la falta de voluntad de Irán para avanzar con el acuerdo era “previsible” y volvieron a criticar los términos del memorándum.

“El tiempo es algo difícil de evaluar cuando se habla en términos de negociaciones internacionales (...) Los acuerdos internacionales suelen tardar años y a veces ni siquiera se cumplen ”, admitió el canciller, aunque insistió en que el memorándum es “un paso adelante. Es como si alguien tiene una deuda conmigo: no es lo mismo si yo tengo algo firmado, un pagaré, que si no tengo nada firmado ”.

El 27 de enero del año pasado, en Addis Abeba (Etiopía), Timerman firmó junto al entonces canciller iraní, Alí Akbar Salehi, el memorándum que permitiría a las autoridades judiciales argentinas interrogar a en Teherán a cinco de los siete funcionarios y ex funcionarios iraníes acusados de participar del atentado del 18 de julio de 1994, en el que murieron 85 personas. Aunque como condición previa, se establece la creación de una “comisión de la verdad” integrada por cinco juristas internacionales encargados de evaluar las pruebas y redactar un informe no vinculante.

A pesar de las fuertes críticas que el acuerdo despertó en la comunidad judía y la oposición, el oficialismo logró su rápida ratificación parlamentaria. Tres meses más tarde, desde Irán llegó una extraña ratificación del acuerdo a cargo del entonces presidente Mahmud Ahmadinejad, pero sin el aval parlamentario que era necesario de acuerdo el acta original.

En junio pasado, las elecciones iraníes llevaron al poder al moderado Hassan Rohani, que en pocos meses alcanzó un hasta entonces impensable acuerdo con la comunidad internacional para limitar su programa nuclear. Pero no hubo avances con la Argentina.

En su presentación ante la Asamblea General de la ONU, en septiembre, Cristina Kirchner apuró al nuevo gobierno iraní: “Que nos digan si se ha aprobado el acuerdo, cuándo se va a aprobar si no se hizo, y si podemos tener una fecha para que un juez argentino pueda viajar a Teherán ”, intimó la Presidenta.

En noviembre, Timerman informó que funcionarios argentinos e iraníes habían tenido un nuevo encuentro reservado en Zurich en el que nuestro país propuso avanzar en un plazo de 12 meses con el cumplimiento total del memorandum. Irán había quedado en responder, dijo entonces el canciller argentino. Pero nunca más se supo nada.

“Nosotros seguimos trabajando para que en un fecha, esperemos que pronto, el juez pueda ir a Teherán a interrogar a los imputados”, insistió ayer Timerman.

“Me pregunto si los que critican el memorándum quieren que haya justicia (...). Yo insisto con el siguiente concepto: es mejor dialogar, encontrar algún camino a un problema judicial que el Poder Ejecutivo no puede resolver, pero puede colaborar con la Justicia para que lo resuelva”, concluyó el canciller.

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