Las tierras son para los pobladores

"Siempre lo he manifestado y lo voy a seguir sosteniendo: las tierras de Potrero de Díaz son para sus pobladores, pero para todos, no para unos en desmedro de otros", señaló el intendente de Chicoana, Raúl Romano, ante el reclamo territorial que la organización indígena encabezada por Sergia Gaspar funda sobre los términos de la ordenanza 20 de 1986.

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Viernes 11 de Septiembre de 2009 Salta

RAUL ROMANO RAUL ROMANO

"Siempre lo he manifestado y lo voy a seguir sosteniendo: las tierras de Potrero de Díaz son para sus pobladores, pero para todos, no para unos en desmedro de otros", señaló el intendente de Chicoana, Raúl Romano, ante el reclamo territorial que la organización indígena encabezada por Sergia Gaspar funda sobre los términos de la ordenanza 20 de 1986.

"La realidad es que tenemos una ordenanza aprobada en 1990 que fija las condiciones para la transferencia de las tierras y yo, como intendente, soy el primero que debe respetar las normas de mi municipio. También es mi obligación atender al interés general de los pobladores de la zona, y esto alude tanto a los que se autodefinen como diaguitas como a los que se sienten enteramente criollos", manifestó el jefe comunal.

En tal sentido, Romano afirmó que "hoy la gran mayoría de los pobladores de Potrero de Díaz, Tigre Cañada y Totoral manifiestan que prefieren seguir ocupando su parcela en las condiciones actuales, porque la transferencia planteada por la ordenanza vigente torna el traspaso muy oneroso y ni los pobladores de la zona ni el municipio de Chicoana cuentan con posibilidades de afrontar los gastos de una regularización territorial".

El intendente afirmó que "tras este objetivo venimos trabajando y nos hemos reunido en diversas oportunidades con la mayoría de los habitantes de la zona".

"Para tranquilidad de todos, quiero aclarar que las tierras de Potrero de Díaz no se vendieron ni se venderán a ninguna persona que no esté encuadrada en las condiciones de la norma que rige desde hace 19 años", acotó Romano, en referencia a la ordenanza 52, norma en la que el municipio de Chicoana basa sus actuaciones desde 1990 y se contrapone con la demanda del título comunitario que la Comunidad Indígena Potrero de Díaz comenzó a preparar el pasado martes para elevar a la Justicia Federal , según anunció América Alemán, su apoderada legal.

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