"El de las tierras es el caso de corrupción más grande de la historia del Chaco"

Cuando habla de su trabajo, Raúl John París lo hace con pasión y con una memoria de fotocopiadora. Cita porcentajes y cifras de precisión quirúrgica. Ese compromiso y su convicción de que un apellido limpio es lo mejor que uno puede heredar de su padre y lo mejor que puede legar a sus hijos, tuvo sus costos, algunos públicos, otros personales.
El fiscal del Tribunal de Cuentas que expuso las graves anomalías del proyecto del nuevo edificio legislativo motorizado por Carlos Urlich (trabajo que lo obligó a escuchar amenazas de todo tipo en su teléfono), es también el que desde hace tiempo desmenuza los increíbles negociados consumados con la tierra fiscal del Chaco.

En un extenso diálogo con NORTE, dijo no tener dudas de que es "el caso de corrupción más grande de la historia del Chaco", pese a lo cual ni la justicia ni la dirigencia política están a la altura de la necesidad de esclarecerlo y condenar a beneficiarios y cómplices.

Irregualridades de todo tipo

-¿La investigación sobre las irregularidades con tierras está cerrada?

-No, estamos en pleno proceso investigativo en aquellos casos en que no habíamos analizado las pruebas recogidas en las distintas visitas a las delegaciones del interior del Instituto de Colonización. El año pasado, a través de las vocalías del área, a cargo del contador Quijano y el contador Cáceres, se incentivó la auditoría en Colonización, obteniendo muchas pruebas. Visitamos Taco Pozo, Castelli, Tres Isletas, Villa Río Bermejito, y paralelamente hicimos controles cruzados con la Dirección de Bosques.

El resultado fue impresionante en la cantidad de evidencias, que incentivan a avanzar en la investigación, no sólo para el control de las irregularidades en las entregas de tierras fiscales sino también en el control de los recursos naturales.

-¿Evidencias que indican qué?

-Primeramente, irregularidades en las adjudicaciones de tierras fiscales, con tercerizaciones, traspasos de adjudicaciones a manos de empresas o sociedades comerciales expresamente prohibidos por la Constitución Provincial. Y por otro lado, ausencia de controles en la Dirección de Bosques, que tenía cuatro inspectores para todo el interior de la provincia. Para los departamentos Brown y Güemes había sólo dos inspectores afectados. El gobierno ahora aumentó el personal afectado, porque es impresionante el desmonte clandestino que hay.

-¿Cuántas personas hay ahora?

-Según el ministro de Economía, afectó 20 personas, que hacen controles de rutas. Pero aún así es insuficiente, porque es impresionante la superficie que necesita ser controlada.

-¿Siguen los desmontes?

-Clandestinamente, sí

-¿Las irregularidades en las adjudicaciones de tierras eran escasas en relación al total de trámites de ese tipo?¿O qué porcentaje aproximado de las adjudicaciones tenían irregularidades?

-Yo le puedo asegurar que el 100% de los expedientes que yo verifiqué eran irregulares. Es decir, no vi un solo expediente que estuviera bien confeccionado. Y se privilegiaba la rapidez en los títulos en las adjudicaciones de más de 2.000 hectáreas, mientras que a los pobladores con pocas hectáreas no les salía nunca el título, a pesar de llevar años con esos trámites.

-¿Eran irregularidades pequeñas, formales, o en cuestiones graves o importantes?

-En la mayoría de los casos eran violaciones al régimen de la Ley de Tierras, a las leyes de procedimiento administrativo (no se seguían las líneas jerárquica), se encontraron inspecciones paralelas orientadas a facilitar la entrega de la tierra en contra de la legislación vigente. Cuando cruzamos datos con la AFIP o Rentas, muchos de los titulares residían en otros lugares de la Argentina, como Buenos Aires, Santa Fe, Catamarca, Salta, Santiago del Estero. Hasta tenemos adjudicaciones de tierras a un coreano, y también a españoles, y a un grupo inversor de Uruguay. Nosotros elevamos informes hace dos o tres años, y la comisión revisora designada por Colonización investiga eso y eleva a la Fiscalía de Estado para los procesos de lesividad, sin perjuicio de casos que encontramos con presunción de comisión de delitos de acción penal por parte de funcionarios y/o agentes de la administración pública, que facilitaron por acción u omisión el otorgamiento de tierras fiscales en condiciones irregulares.

-¿Cómo es lo del coreano?¿Vive en la Argentina?

-Sí, pero no se dedica a eso, y tiene un campo.

-¿Y el español?

-Estamos investigando, no sabemos todavía si vive en el país, pero me llamó la atención que una parte de la tierra la tiene un grupo inversor de Uruguay.

Grupos económicos en medio

-¿Cuáles son los casos más graves?

-Hay casos muy graves en que se privilegió a grupos económicos muy fuertes, dedicados al cultivo de la soja o a emprendimientos forestales. También encontramos empresas dedicadas a negocios inmobiliarios, que están denunciadas, y hay otros casos en investigación, en los que se violó la Constitución Provincial, que expresamente está en contra de los latifundios. Hoy muchas tierras chaqueñas en forma directa o indirecta pasaron a manos de estas empresas.

Yo no estoy en contra de ellas, pero la misma legislación prevé que pueden obtener tierras fiscales pero con el consentimiento de la Cámara de Diputados, mediante la presentación de un proyecto. La Ley de Tierras no lo prohíbe, pero prevé un mecanismo legal.

Pero acá la matriz fue aprovechar que el precio promocional de la tierra del Chaco es muy barato, y era más conveniente utilizar a los adjudicatarios para hacer la compra y reventa posterior de los campos.

-¿Cuántos expedientes de adjudicaciones vio?

-Yo vi más de mil expedientes. Hay que sumar las inspecciones a la Dirección de Bosques. Nos encontramos con la incongruencia de que mientras que el Estado por un lado, a través de Colonización, investiga a las empresas que consiguieron tierras irregularmente, en Economía, a través de la Dirección de Bosques, se les daban permisos a esas mismas empresas para el desmonte. El gobierno ahora trata de cerrar esa brecha. El desorden siempre privilegia a la corrupción.

-¿Qué superficie total suman las adjudicaciones de esos más de mil expedientes?

-No lo tengo sumado de esa manera. Colonización tenía denunciadas un millón y medio de hectáreas, pero yo aseguro que no hay en la provincia una cifra cierta de las tierras fiscales que están en poder de empresas. De las adjudicaciones de 2006, sólo el 6,98% están informadas a Catastro, y el 7% de las de 2007. Esto no fue casualidad. Había una política de no controlar, privilegiar el desorden para las entregas irregulares. Es la justicia la que debe investigar los mecanismos. Nosotros señalamos los caminos. Es necesario, también, para salvar el buen nombre y honor de los empleados de Colonización que denunciaron y trabajan honestamente, y no mezclarlos con aquellos que se prendieron a la fiesta de la corrupción.

-¿Qué significaba el hecho de no notificar las adjudicaciones a Catastro?

-Eso es necesario para que Catastro nomencle y comunique a Rentas para el cobro del Impuesto Inmobiliario Rural. Entre 2006 y 2007 hay unos 1.200 adjudicatarios de tierras que no están en el padrón de Rentas. Para esos dos años, Rentas tiene registrados 70 adjudicatarios, y en realidad son 1.200 y pico. Son fondos que deja de percibir la provincia, y estamos hablando de sólo dos años revisados hasta ahora.

Pero lo más grave no es esa evasión, sino que en muchos de esos casos se está deforestando y se hace el negocio de las tercerizaciones.

Corrupción récord

-¿Cuál fue el período en que más sucedieron las adjudicaciones ilegales?

-El de la explosión de la soja.

-Los años 97-98 de que hablaba antes.

-Sí, pero se perfeccionó y aumentaron entre 2004 y 2007. El Estado tenía la obligación de poner fin a eso, pero teniendo los informes se hizo caso omiso a los mismos. Habíamos notificado al entonces gobernador, a la Cámara de Diputados, al fiscal de Investigaciones Administrativas, a varios juzgados.

-¿Esto es un caso más de corrupción o es especial?

-Yo creo, sin temor a equivocarme, y por lo que yo vi en 25 años que llevo en el Tribunal de Cuentas, que es el caso más grande de corrupción del Chaco. Acá los damnificados son todos los chaqueños, pero sobre todo los pequeños productores que hicieron Chaco durante años, familias aborígenes que sufrieron muchas cosas, y que no tienen voz ni defensa, y nadie quiere agarrar sus casos. Hay adjudicaciones que las vendieron con gente adentro.

-En términos económicos, ¿cuál sería el daño patrimonial?

-Para mí es inestimable, porque no solamente involucra cuánto vale una hectárea en El Impenetrable a valores de mercado, sino también ver cuánto cuesta recuperar las especies forestales que se perdieron, el éxodo rural hacia las grandes ciudades por parte del campesinado expulsado, lo que el Estado debe invertir para atender a esa nueva población urbana sin recursos, la pérdida de sustento de los aborígenes que vivían de esos montes, la flora y la fauna perdidas. ¿Quién puede valorizar eso? Hubo una ausencia y una complicidad desde el Estado.

-Cuando era abogado del Instituto de Aborigen, Walter Zanuttini habló de un perjuicio de aproximadamente 500 millones de dólares.

-Yo creo que es mucho más que eso. El daño ecológico es cuantioso, por ejemplo. Está este tema del dengue también. Qué casualidad que Charata, la localidad más castigada por la enfermedad, es también la que tuvo mayores explotaciones sojeras. Y no estoy en contra de la inversión privada. Lo que más lamento es que en nuestros políticos yo veo una ausencia de preocupación por el tema real de la tierra fiscal.

-¿En todo esto hubo intenciones dolosas aisladas, distintos grupos operando por su cuenta, o una gran organización?

-Creo que ante la ausencia de controles del Estado, cuando un adjudicatario hizo un negocio, otros se empezaron a enterar y a sumarse, y parte de los empleados, que fueron muy desleales con la administración, se corrompieron. Por eso la investigación debe orientarse también a las responsabilidades dentro del Instituto de Colonización, y el gobernador tiene la responsabilidad histórica de proceder al saneamiento de ese organismo.

-Volviendo a la pregunta, ¿esto quedó entonces en empleados y funcionarios de segunda línea?

-Yo en mis informes también trasladé la responsabilidad a los responsables políticos de ese momento, que eran los presidentes del Instituto de Colonización y la del propio gobernador Nikisch, que sabía de todo esto, porque lo había notificado de los informes sobre irregularidades, pero solamente se dedicó a cambiar la titularidad del Instituto, reemplazando al ingeniero Cogno por el señor Rodríguez. Pero medidas de fondo no tomó ninguna, ningún sumario administrativo. No puede ser que nadie haya sido sancionado, nadie está preso.

-¿Por qué se puso el acento en la gestión Nikisch cuando se comenzó a hacer toda la revisión de expedientes?

-El proceso de investigación empezó en 2002, y lo empecé de oficio por una denuncia que hizo la Cámara Inmobiliaria del Chaco. Me dediqué a controlar los cobros de cuentas corrientes, pero ahí encontré fallas y entonces me metí en los procesos de adjudicación.

-¿Se va a ir también hacia los años anteriores?

-Sí, porque hay expedientes observados que se remiten a gestiones anteriores. Yo gestiono un control de los últimos 12 años. Pero a mi criterio, se debería reforzar, con leyes aprobadas por la Cámara de Diputados, que el titular de la tierra no pueda desprenderse de ella, sino que el Estado sea el principal oferente. Que no se convierta la tierra pública en objeto de un negocio inmobiliario. Porque si el Estado vende a precio promocional, lo que luego sucede es que el intermediario se queda con la diferencia.

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