Tierno quiere una banca, pero está más cerca del banquillo

En Tribunales estiman que el juez Carlos Besi se desprendería rápidamente del expediente ,y se lo giraría a su par Laura Armagno para que realice el debate oral y público por el delito de abuso de autoridad.
La causa penal contra el destituido intendente Juan Carlos Tierno, y cuatro de los cinco secretarios que lo acompañaron en su gestión municipal de 87 días, podría ser elevada a juicio oral y público en un par de semanas, según confiaron ayer fuentes judiciales, un día después de que el Superior Tribunal de Justicia les cerrara las puertas para llegar a la Corte Suprema a través de un recurso extraordinario.

El martes, la sala B del S.T.J. declaró inadmisible el recurso extraordinario federal presentado por Tierno y los ex secretarios Oscar Vignatti (Hacienda), actual concejal del PJ, Blanca Elba Soto (Participación Comunitaria y Acción Social) y Viviana Noemí Rodríguez (Coordinación General). La medida alcanzó también a Juan Pablo Fasce (Gobierno y Seguridad), aunque él no había adherido al planteo.

Con esa resolución, los imputados quedaron a las puertas del juicio oral y público por el delito de abuso de autoridad, ya que el 17 de enero del año pasado al firmar la resolución 21/08, aprobando el presupuesto anual y la Ordenanza Tarifaria 2008 sin el voto del Concejo Deliberante, violaron la Ley Orgánica de Municipalidad y las Constituciones nacional y provincial.

La única chance que les queda es presentar un recurso de queja ante la Corte Suprema para intentar revocar los procesamientos, pero lograr un "sí" es una quimera. Ayer una calificada fuente de Tribunales, con más de 20 años en el Poder Judicial, afirmó que "nunca vi que un planteo similar a éste llegara a la Corte".

No obstante, Tierno y compañía intentarán recorrer ese camino. ¿Con qué argumentos? Allegados a los imputados dejaron trascender que desempolvarán un viejo fallo de la Corte Suprema, dictado durante el menemismo, acerca de que el procesamiento con prisión preventiva no efectiva causa un daño irreparable.

Justamente sobre esas dos últimas palabras gira la discusión legal entre los ex funcionarios y la justicia pampeana. Aquellos alegan que no tuvieron oportunidad de apelar los procesamientos dictados por el Tribunal de Impugnación -ese organismo revocó la falta de mérito que había dispuesto el juez de instrucción, Carlos Besi- y que, por consiguiente, esa resolución revista carácter de definitiva. Pero el T.I.P. y el S.T.J. adujeron que no hay daño irreparable porque los procesamientos pueden ser revocados durante el juicio oral y que recién habría una resolución definitiva si les dictaran una sentencia condenatoria.

Pasos futuros.

Pero mientras el ex intendente insiste con su batería de recursos -hasta ahora le "rebotaron" todas las presentaciones-, los tiempos procesales del expediente seguirán avanzando, y cuando el Superior Tribunal lo remita en las próximas horas al Juzgado de Instrucción 2, su titular, Carlos Besi, quedará en condiciones de elevar la causa a juicio oral y público a la brevedad. "Dos semanas", afirmó una fuente judicial.

¿Por qué ese plazo? Porque lo único que le resta a Besi es darle vista a la fiscalía para que diga si está de acuerdo con el sobreseimiento de Mecca y si considera que la causa de ser elevada a juicio. Juan Carlos Mecca es el ex secretario tiernista de Obras y Servicios Públicos a quien el Tribunal de Impugnación Penal no procesó por el abuso de autoridad, como sí lo hizo con los otros cinco imputados. Por eso se descarta que la Fiscalía 2 -como está vacante le puede tocar a cualquier de los otros cuatro fiscales- no pondría trabas a que la falta de mérito que tiene dictada en firme se transforme en un sobreseimiento definitivo.

Si esos plazos se cumplen, en 20 días, o a lo sumo en un mes, la causa pasaría a manos de la jueza de instrucción Laura Armagno, ya que se trata de una causa correccional porque el delito de abuso está penado con menos de tres años de prisión. La gran incógnita es si Armagno se atreverá a citar al ofrecimiento de pruebas, y luego fijar la fecha del juicio oral y público y realizarlo, estando pendiente de resolución la queja en la Corte.

El abuso de autoridad se aplica al funcionario público que "dictare resoluciones u órdenes contrarias a las constituciones o leyes nacionales o provinciales, o ejecutare las órdenes o resoluciones de esta clase existentes o no ejecutare las leyes cuyo cumplimiento le incumbiere". El delito se sanciona con entre un mes y dos años de prisión e inhabilitación especial por el doble de tiempo.

Teniendo en cuenta el máximo de la pena, un procesado por un delito menor de tres años puede, en el peor de los casos, solicitar la suspensión del juicio a prueba para que no le quede el antecedente y cumplir la pena a trabajos de trabajos comunitarios; sin embargo en este caso no podrán hacerlo porque la probation no se aplica a funcionarios públicos en el ejercicio de sus funciones ni cuando los delitos están reprimidos con rehabilitación. Sí en cambio Tierno, Vignatti, Rodríguez y Fasce podrían "negociar" con la fiscalía una pena mínima, a través de un juicio abreviado, para evitar el escarnio público del debate. La contra es que tendrían que declararse culpables.

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