Tierno puso otra traba para frenar el juicio por abuso

El intendente destituido presentó un recurso de nulidad relacionado con una serie de pruebas que él pidió y le negaron. El fiscal Piombi ya dictaminó que el tribunal tiene que rechazarle esa petición.
El fiscal penal Mauricio Piombi tenía plazo hasta fines de la semana pasada para resolver si le pedía al juez de instrucción, Carlos Besi, que elevara a juicio oral y público la causa en la que el destituido intendente Juan Carlos Tierno, y cuatro de sus secretarios municipales, están procesados por el delito de abuso de autoridad. Pero ello no ocurrió porque Tierno puso una traba más en el expediente para intentar, por enésima vez, eludir su juzgamiento.

El ex jefe comunal pidió que Besi anule una resolución sobre una serie de pruebas que él solicitó y el juez le denegó. ¿Qué hizo el magistrado? Suspendió los plazos que tenía la fiscalía para elevar la causa a juicio y abrió un incidente aparte acerca del planteo nulidad. No obstante, Piombi ya dictaminó por el rechazo al pedido de nulidad y ahora es Besi quien debe resolverlo.

Lo más probable es que Tierno reciba otro "no" de la justicia (y ya van...) porque esas resoluciones son inapelables. En ese caso, el imputado apelaría ante el Tribunal de Impugnación Penal, lo que alargaría todavía más los plazos para fijarle fecha al juicio. El T.I.P. es un organismo que ha rechazado uno tras otro los requerimientos de Tierno y el que finalmente lo terminó procesando por el abuso, luego que Besi dispusiera la falta de mérito.

¿Cuáles son las pruebas que pretende el ex intendente y que el Juzgado de Instrucción 2 no aceptó? Entre otras, las citaciones de funcionarios y ex funcionarios provinciales y municipales para que declaren como testigos.

Tierno y los ex secretarios de Hacienda, Oscar Vignatti, actual concejal del PJ; de Participación Comunitaria y Acción Social, Blanca Elba Soto; de Coordinación General, Viviana Noemí Rodríguez; y de Gobierno y Seguirdad, Juan Pablo Fasce, tienen procesamientos firmes porque aprobaron el presupuesto anual de la municipalidad y la Ordenanza Tarifaria 2008 a través de una resolución del Departamento Ejecutivo, cuando la Ley Orgánica de Municipalidades especifica que esa facultad es propia del Concejo Deliberante.

Cuando la fiscalía requiera la elevación a juicio y Besi la refrende, la causa penal pasará a la jueza Laura Armagno, titular del Juzgado de Instrucción 3. Ella será quien realice las audiencias orales y públicas, ya que como el abuso de autoridad es un delito correccional -porque la pena no excede los tres años de cárcel- no va a las cámaras criminales.

La estrategia de Tierno -que gobernó la comuna sólo 87 días- será tratar de llegar a la Corte Suprema para que, algún día, la causa prescriba.

El abuso de autoridad se aplica al funcionario público que "dictare resoluciones u órdenes contrarias a las constituciones o leyes nacionales o provinciales, o ejecutare las órdenes o resoluciones de esta clase existentes o no ejecutare las leyes cuyo cumplimiento le incumbiere". La figura se sanciona con entre un mes y dos años de prisión e inhabilitación especial por el doble de tiempo.

De acuerdo a la Ley Orgánica de Municipalidades, Vignatti debería haber sido suspendido en su cargo porque su procesamiento es firme, pero consiguió zafar porque la jueza civil Gloria Albores dictara una medida precautoria, no definitiva, sobre la inconstitucionalidad de un artículo de esa norma.

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