No tienen castigo penal las dádivas rodantes para los funcionarios K

La investigación se inició en 2005 porque Néstor Kirchner y otros funcionarios utilizaron vehículos cedidos por concesionarias. Fueron investigados por "posible aceptación de dádivas", pero el juez los sobreseyó.
El juez Norberto Oyarbide cerró una causa judicial en la que estaban imputados media docena de funcionarios de primera línea de la gestión kirchnerista, incluido el propio ex presidente. Se trata de un expediente que comenzó en 2005 por posible aceptación de dádivas a partir del uso como vehículos oficiales de autos entregados en comodato por las empresas fabricantes. Entre los investigados estaban Néstor Kirchner; el ministro de Planificación, Julio De Vido; el actual jefe de Gabinete, Aníbal Fernández; el ex ministro de Salud Ginés González García, y el vocero Miguel Núñez, quien solía usar un Peugeot 0 km cedido a préstamo al Estado nacional en sus vacaciones de verano. En una resolución de junio, todos quedaron sobreseídos.

El caso comenzó con un artículo periodístico que consignaba un sistema de cortesía de las automotrices que era aceptado por los funcionarios a pesar de que a primera vista, violaba el artículo 36 de la Ley de Ética Pública donde, bajo el título de "beneficios prohibidos", explica que "el funcionario público no debe, directa o indirectamente, ni para sí ni para terceros, solicitar, aceptar o admitir dinero, dádivas, beneficios, regalos, favores, promesas" que le sean ofrecidos sólo por el cargo que ocupa. Obviando esa regla, el ex presidente Kirchner tenía como auto oficial un Audi A6 azul marino blindado y polarizado cedido por la marca. El Peugeot 406 patente EGX929 que usaba De Vido en ese momento tenía una historia más compleja. El titular del coche era Autovías del Oeste, una concesionaria de peaje que logró varias renovaciones de contrato a pesar de tener incumplimientos denunciados por los diputados del ARI, Adrián Pérez y Marcela Rodríguez. ¿Por qué razón el ministro circulaba en un auto a nombre de esta empresa? Según informó en su momento a la Justicia el ex titular del Occovi, Claudio Uberti, esto sucedía porque el propio Ministerio requería en el contrato que la concesionaria proveyera de vehículos al organismo.

Con esta información, tanto la fiscalía de Investigaciones Administrativas como el fiscal Guillermo Marijuan pidieron la apertura de una investigación. En el expediente todos reconocen el comodato. La empresa Peugeot Citroën declaró haber celebrado un contrato de préstamo con el recién designado jefe de Gabinete, Aníbal Fernández, por un Peugeot 406 patente EAP562. Sin embargo, en la mayoría de los trámites, explicó el director de Relaciones Institucionales de la compañía, "los pedidos los hace la Secretaría General de la Presidencia", a cargo de Oscar Parrilli, que después los distribuye. Ése fue el caso de Miguel Núñez. Según esta misma declaración, la empresa no emitió una autorización para que el vocero presidencial manejara el 406 EKF683 con el que se paseó en Cariló en el verano de 2005 y que solía estar estacionado en la explanada de la Casa Rosada. La cesión fue dentro del Poder Ejecutivo.

La apertura de la causa judicial generó un dictamen de la Dirección de Transparencia de la Oficina Anticorrupción que pidió mejorar el mecanismo de comodato basándose en las premisas de la Ley de Ética Pública. El cambio se llevó adelante. En su resolución, el juez Oyarbide toma en cuenta este antecedente y considera que no hay delito porque se trata de contratos entre el Estado nacional y las empresas, y no entre los funcionarios de manera personal, lo que podría afectar su criterio o sus preferencias.

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