La misma es presidida por el diputado Helio Rebot (PRO) y está integrada por Dante Gullo (FpV) y Julio Raffo (PSur) en calidad de vicepresidentes primero y segundo. Son vocales Gabriela Cerruti (NE), Alejandro García, Daniel Lipovetzky, Oscar Moscariello, Martín Ocampo, Daniel Presti, Francisco Quintana, Bruno Screnci Silva (PRO), Aníbal Ibarra (FPP), María José Lubertino (FpV), Claudia Neira (BA20/21) y Fernando Sánchez (CC).

De más está decir que el DNU tiene el apoyo de los diputados del PRO lo que, de por sí, asegura un despacho de mayoría de la Comisión. La Coalición Cívica manifestó su adhesión al igual que Fernando Solanas, lo que implicaría la firma de Sánchez y Raffo.

Tal como informó adnciudad.com los diputados de Proyecto Sur que han opinado sobre el tema, excepto Raffo, lo han hecho en forma negativa. Es más la diputada Virginia González Gass aseguró: "No queda claro si el afán democrático del alcalde intenta lavar las manchas de sangre por los sucesos en el neuropsiquiátrico, confirmar su amistad con los multimedios enfrentados al Gobierno nacional o establecer un régimen que, en nombre de la libertad de expresión, proteja de manera solapada sus prácticas dictatoriales".

Para la diputada por el Partido Socialista Auténtico en Proyecto Sur "todos estos antecedentes obligan a dudar respecto al afán pluralista y democratizador de un decreto, que no reviste necesidad ni urgencia en democracias imperfectas como las nuestras, las cuales permitieron una clara tendencia a la concentración de poder en los sistemas de medios, tanto oficialistas como opositores. Los considerandos del mencionado decreto apelan a todos los tratados internacionales en materia de libertad de expresión, incorporados a la Constitución nacional con la reforma de 1994, los cuales tienen rango superior a las leyes nacionales".

Asimismo, expresó: "Lo más sorprendente surge en el artículo 21 que indica ‘Corresponde a la Ciudad la jurisdicción de todas las materias relativas a los medios y servicios de comunicación en ella domiciliados o cuyas instalaciones se encuentren en la Ciudad, cualquiera sea su soporte o modalidad, con excepción de aquellos que ocupen espacio radioeléctrico los que estarán regulados por la ley federal correspondiente'. En otras palabras, se reconoce la jerarquía nacional de la ley de Servicios de Comunicación Audiovisual, para luego rechazarla, lo cual retrotrae todo este ímpetu democratizador a un pensamiento binario propio de un atavismo cultural que no ha podido superar el macrismo".

Finalmente, González Gass dijo: "Repudio toda acción que implique tales retrocesos, incluso sea en nombre de la libertad de expresión. En especial, cuando se trata de la protección mutua entre los poderes fácticos y los políticos. Macri esconde un fuerte sesgo autoritario y represivo que nada tiene que ver con los derechos fundamentales que menciona en su decreto".

El asunto, contenido en el expediente 1286-J-2013, tiene tratamiento preferencial para la sesión del jueves 30 de mayo. Al momento de votarse la preferencia durante la última sesión ordinaria los bloques Frente para la Victoria, Nuevo Encuentro y Sindical Peronista se manifestaron negativamente.

Al respecto, el diputado Gullo señaló: "Es un mamarracho que el Jefe de Gobierno porteño sea operador y vocero del Grupo Clarín, en vez de preocuparse por las cosas graves que ocurren en la Ciudad ¿Él es abogado y operador del grupo Clarín o es Jefe de Gobierno de la Ciudad?"

"Mientras Macri actúa como vocero de Clarín, en la Ciudad hay palos y se vulneran los derechos humanos" afirmó el diputado y agregó: "El decreto es una mala interpretación del artículo 32 de la Constitución y lo que Macri tiene que hacer es garantizar la libertad de todos los derechos ciudadanos de la ciudad, como impedir que se repita la represión de la Policía Metropolitana".

Asimismo, el legislador porteño, señaló que Macri "no tiene autoridad moral para defender a los periodistas y a los medios porque nunca defendió la libertad de expresión en épocas de dictadura".

Respecto a Papel Prensa, Gullo sostuvo que "el Gobierno nacional tiene todas las facultades para generar las condiciones para que Papel Prensa esté en función de todos los medios de circulación y no que sea parte de un solo monopolio".

"En Argentina, hay ciertas corporaciones que quieren seguir jugando a que se vulnere la democracia, que no se respeten los derechos de todos y que se generen las condiciones de presión en función de negocios privados" finalizó el diputado.

El DNU tampoco tendrá el apoyo del bloque Buenos Aires para Todos, cuyos integrantes expresaron su negativa a acompañar el DNU: "Nosotros somos profundos defensores de la libertad de prensa pero este decreto no es más que una maniobra oportunista y demagógica en una pulseada de bajo vuelo político con el gobierno nacional en un año electoral. Macri no tiene autoridad moral para hablar de protección a los trabajadores de prensa cuando el pasado 26 de abril la Metropolitana dejó 14 periodistas heridos en la salvaje represión en el Borda dirigida políticamente por el propio Jefe de Gobierno".

Y agregaron: "Desde el aspecto técnico jurídico, el DNU es de nula aplicación ya que avanza sobre legislación de carácter federal, lo que está constitucionalmente prohibido. Además, ataca al derecho de huelga de los trabajadores de prensa, gráficos o cualquier otro rubro vinculado a la actividad periodística. Por ejemplo, el artículo 13 del DNU merece una alerta, ya que en uno de los párrafos pretende impedir que una regulación o legislación nacional se aplique a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, así como lo establecido en el 4º párrafo del artículo 25 que dispone que en ningún caso será competente la jurisdicción federal para entender la aplicación del presente Régimen".

La diputada Neira, por su parte, también rechazó el DNU: "Macri ofrece un manto de protección jurídico hecho a la medida del grupo Clarín. Para el PRO la Soberanía Nacional deja de existir cuando se ingresa a territorio de la ciudad de Buenos Aires. Aquí no regirán las disposiciones nacionales, las resoluciones de la Corte Suprema ni los preceptos de la Constitución nacional. Macri retrocede 200 años en el proceso de organización del Estado nacional".

Expresó que "es lamentable que muchos referentes de la oposición al kirchnerismo vayan al pie de una medida que fuerza a la Legislatura a votar a libro cerrado una iniciativa del Poder Ejecutivo, que además no es más que una formalidad porque ya se encuentra en vigencia a través del decreto".

La diputada del Bloque Buenos Aires 20/21 manifestó: "En medio del debate en torno a la democratización de la Justicia, Mauricio Macri hace su aporte armando un tribunal VIP para Clarín. El Ejecutivo le otorga un tratamiento judicial diferencial y específico a los dueños de medios, poniéndolos en lugar de privilegio con respecto al resto de la ciudadanía".

Por último, manifestó: "El macrismo pretende complicar y dilatar el proceso judicial para evitar la plena aplicación de la Ley de Medios y la tan necesaria adecuación de los grupos a esta normativa. Además, el PRO transparenta su comprensión sobre los medios. Cuando habla de Libertad de Prensa, está hablando de Libertad de Empresa. Macri niega el carácter de interés público que tienen los servicios de información, y le otorga a los dueños y licenciatarios el derecho de uso y abuso del servicio".

Con este panorama en el recinto serán necesarios más votos que los que el PRO, sus habituales aliados (Unión por Todos y Confianza Pública), la Coalición Cívica y Julio Raffo. Es aquí donde entra a jugar un papel importante la UCR.

En diálogo con adnciudad.com, el diputado Claudio Presman confirmó que el radicalismo acompañará el DNU aunque propondrá algunos cambios. Se descuenta que el macrismo aceptará realizar modificaciones a fin de conseguir la mayoría para ratificar el decreto.