Testimonio del "perro" Clemente complicó a imputados

Testimonio del "perro" Clemente complicó a imputados
Se llevó a cabo una nueva jornada del juicio por la megacausa “Jefatura II-Arsenales II”. La primera correspondió a la doctora Susana Chiarotti, una experta en derechos humanos de mujeres y niños, y titular del CLaDeM.
La segunda declaración, que después de más de una hora y media, pasó a cuarto intermedio hasta la tarde, correspondió al testigo Juan Carlos Clemente, quien en el juicio “Jefatura de Policía I”, aportara importante documentación sobre la represión en ese organismo, y listas de secuestrados que serían víctimas de desapariciones forzadas.

Al comenzar la sesión, por Secretaría, se informó que había un pedido de excusación por razones de salud de un testigo, Juan Ignacio Cativa, lo que fue admitido. Luego, el abogado querellante, Daniel Villagra, propuso -y se aceptó- la participación como testigo de contexto del doctor Julio César Rodríguez Anido, un abogado tucumano, dirigente político de destacada actuación y defensor de presos políticos en la década del ’70, por cuya actuación fue atacado por la Triple A. Rodríguez Anido, cabe señalar, ofrecerá su declaración en la jornada del viernes.

De la doctora Chiarotti

La declarante, una experta en género y delitos sexuales, en una exposición que abundó en datos sobre jurisprudencia, en el mundo, definió a la violencia de género como “todo acto o conducta que provoque un daño físico, psíquico o sexual en las mujeres, en ámbitos públicos o privados”, señalando al respecto y para el caso del plan sistemático de aniquilamiento de la última dictadura, que aun en el caso de un supuesto consentimiento de la víctima, en un ambiente coercitivo como es un centro clandestino de detención, esa acción constituye un delito de lesa humanidad.

En otro orden afirmó que “la declaración de una víctima de delitos sexuales es tan esforzada, que debe tenerse como prueba válida”. De ese modo hizo referencia a resoluciones contenidas por diferentes cortes y comités internacionales sobre el tema. “Descreer en el testimonio es cometer una injusticia, o una nueva violación”, amplió la testigo. Y estas afirmaciones, indudablemente, trajeron a la memoria de los presentes lo afirmado por el tribunal que actuó en el caso “Marita Verón”, al disponer la absolución de los imputados por la supuesta inexistencia de pruebas suficientes.

“Una violación -definió la experta- es una invasión física del cuerpo”. Y al definir cuáles son otros delitos de lesa humanidad, aclaró que lo la esclavitud sexual, la desnudez forzada ante extraños de mujeres u hombres, los manoseos, las requisas invasivas, el embarazo, la esterilización o el aborto forzados, en cárceles o en un marco de clandestinidad cuando la población civil es atacada por fuerzas públicas estatales o paraestatales.

La doctora Chiarotti, con su declaración, aportó argumentos para lograr la visibilización, juzgamiento y castigo de los delitos contra la integridad sexual, cometidos contra hombres y mujeres en cautiverio, en el marco del terrorismo de estado. clandestinos. Por otro lado, el reconocimiento y condena de los delitos sexuales -se dijo- facilitará el acceso a la justicia de quienes fueron víctimas de delitos de lesa humanidad, y servirá para una reparación integral de la plenitud de sus derechos. Además significaría el desenmascaramiento de los ejecutores o de los responsables institucionales de los delitos contra la integridad sexual.

Al concluir la declaración, el fiscal Peralta Palma solicitó al tribunal que “no haya impunidad”, y para el caso de de unas violaciones denunciadas, que no caigan en vano los testimonios de las víctimas. Asimismo solicitó que sean separados a la hora de juzgar los delitos, los de género, que deberán considerarse también de lesa humanidad.

De Juan Carlos Clemente

Pasado el mediodía, y tras circular en la sala la información referida a la renuncia a su cargo del titular de Seguridad de la provincia, Mario López Herrera, en respuesta al repudio social por la absolución de los imputados en el caso Marita Verón, comenzó a declarar este ex detenido-desaparecido.

En realidad la declaración debía iniciarse con la exposición de un video con sus declaraciones anteriores, para que tomaran conocimiento los imputados alojados en el penal de Ezeiza, lo que no pudo concretarse por razones técnicas no previstas. De modo que muchos de los temas expuestos en otras oportunidades fueron reiterados.

Relató Clemente su secuestro y traslado al ex ingenio Nueva Baviera, en agosto del ’76, dónde estuvo una semana. Uno de esos días reconoció a un policía de apellido Venturino, y además fue entrevistado por el capitán Juan Albano. Pero también fue entrevistado por un tal “Ketchup” Calderón, que afirmó “qué contento se pondrá el ‘tuerto’ Albornoz cuando sepa que estás detenido”… Allí fue salvajemente torturado, lo mismo que en el centro clandestino de detención que funcionaba en la Jefatura de Policía. En un gran salón, en el que se escuchaban gritos, llantos y quejidos permanentes, una noche -relató- se produjo un gran alboroto cuando una mujer embarazada era llevada a la rastra por un par de sus carceleros. Se trataba de Diana Oesterheld, que continúa desaparecida.

Clemente comentó que estuvo detenido junto a Juan Martín. Pero además reconoció en la Jefatura a Graciela Bustamante (que clamaba por su hijo, “Pablito”), a Nora Montesinos y a la “flaca” Fernández. Al referirse al grupo de la “patota” que lo había secuestrado, dijo que estaba integrado por uno de los hermanos De Cándido, y otros dos individuos de apellido Fariña y Flores. Otros grupo de tareas estaba integrado por “Lula” Albornoz, “Perro” Moreno y un tal García, y otro más por Insaurralde, Bulacio y otro policía. Estos grupos eran conducidos por el “tuerto” Albornoz, aunque hubo tres “asesores militares”: González Naya primero, Ocaranza luego, que llegó con la orden de “desmontar el D2” y D’Ursi más tarde (los cuatro cabe señalar, imputados en este juicio).

Jefes de guardia, recordó Clemente, fueron policías apellidados Chaile, Figueroa y García. Por otra parte, al preguntarle el fiscal si había pedido integrarse a la policía, el testigo respondió “no pedí ser secuestrado”, aclarando que durante siete años no tuvo posibilidad de pedir nada, sino sólo de cumplir órdenes.

Recordó más adelante que en 2004 Albornoz lo visitó para pedirle el domicilio de Juan Martín, “para hacerlo boleta”, y que unos días antes del juicio “Jefatura I” fue visitado en su casa por los policías Quintana, Insaurralde, Sosa, y otro más, quiénes le habían recomendado “tener cuidado con lo que pudiera declarar”.

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