La funcionaria judicial y concursante Valentina García Salemi se presentó ante el juez nacional Esteban Furnari con el fin de objetar la medida cautelar que paralizó la cobertura de la Fiscalía Federal N°3 de Tucumán, entre otros despachos vacantes del Ministerio Público Fiscal de la Nacional. “Los ternados no podemos ser rehenes de las cuestiones políticas que se esconden detrás de este tipo de decisiones y de las campañas de prensa que las acompañan”, manifestó García Salemi, según el parte que envió a este diario.

La postulante ocupa el segundo lugar del terceto para la Fiscalía N°3 (lo encabeza Agustín Chit y lo cierra Virginia Duffy mientras que Patricio Rovira integra la lista complementaria). García Salemi defendió el concurso con jurado presidido por la procuradora general Alejandra Gils Carbó: dijo que este había sido un proceso público, democrático y transparente, que llevó más de dos años de sustanciación y que ninguno de los concursantes impugnó. Y explicó que los ternados habían aprobado dos exámenes antes de pasar por la calificación del currículum. “A diferencia de los jueces, en el proceso de selección de fiscales no hay ‘entrevistas’ en las que los evaluadores tengan un margen amplísimo de discrecionalidad: se trata de exámenes técnicos y cronometrados, que en la fase escrita se efectúan bajo un total anonimato y quedan registrados”, añadió.

García Salemi fue designada en forma directa durante la gestión de Gils Carbó para desempeñarse en la Procuraduría de Trata y Explotación de Personas, y es secretaria de la Fiscalía Federal N°2 que encabeza Pablo Camuña. Antes había sido secretaria de Derechos Humanos de la organización kirchnerista La Cámpora. “La cautelar (de Furnari) es una forma ilegal de reabrir un debate ya cerrado y de avasallar derechos ya adquiridos por quienes afrontamos ese proceso tan exigente y quedamos entre los más calificados”, opinó. Y agregó que la medida afectaba sobre todo a las comunidades del interior que requieren de magistrados para luchar contra el narcotráfico, el lavado de activos y la trata de personas.

Un fiscal alimenta las dudas sobre el concurso

Claudio Bonari es fiscal de Instrucción N°2 de la provincia desde mediados de 2016. Pero antes había competido para ser fiscal federal N°3 en el concurso cuyo resultado quedó alcanzado por la medida cautelar que dictó el juez nacional Esteban Furnari. “Tendría que haber integrado la terna”, expresó Bonari a este diario.

El ex secretario penal de la Justicia Federal comentó que la procuradora general de la Nación, Alejandra Gils Carbó, que integraba el jurado y calificaba a sus propios empleados (algunos concursantes eran funcionarios del Ministerio Público), subió en forma arbitraria e injustificada 20, 7 y 5 puntos a quienes terminaron ingresando en la terna elevada a la Casa Rosada. Componen el terceto bloqueado por Furnari los aspirantes José Agustín Chit, Valentina García Salemi y Virginia Duffy (Patricio Rovira está en la lista complementaria).

“Está todo documentado”, advirtió Bonari, quien dijo que impugnó el proceso sin éxito, y que quería transmitir su experiencia y no atacar la honorabilidad de nadie. Añadió: “las dos ternadas (García Salemi y Duffy) no aprobaron el primer examen escrito y debieron haber sido descalificadas. Y el restante (Chit) tenía menos puntos que yo. Sin embargo, a mí me desplazaron al quinto lugar para que ni siquiera entrara en la lista complementaria que la compone el cuarto (Rovira), que también es empleado designado por la procuradora”.