La Copa se fue a Alemania y con el triste despertar del frustrado sueño mundialista la vida va volviendo lentamente a la normalidad. Se terminó el Mundial. Después de un mes de letargo, los proyectos postergados se retomaron, las reuniones suspendidas se reagendaron y las decisiones dilatadas reaparecieron.

Eso es lo que parece haber pasado también en el mundo sindical. En lo que va de la semana, las cinco centrales obreras relanzaron su agenda de reclamos y hasta se realizaron medidas de fuerza.

El sindicalismo opositor ya está diseñando una nueva huelga organizada de manera conjunta pero también hubo sorpresa porque las dos centrales oficialistas (CGT y CTA) también podrían avanzar con medidas de presión para visibilizar sus reclamos.

La CTA opositora que conduce el estatal Pablo Micheli fue la que dio el puntapié inicial, que no puso a rodar de nuevo la brazuca sino una serie de medidas de fuerza que incluyó una marcha ayer al Congreso. Las consignas fueron muchas: "Eliminación del Impuesto a las Ganancias", "el cese de los despidos y suspensiones"; "aumento salarial, de todos los planes sociales y jubilaciones acordes a la inflación"; "82 por ciento móvil para los jubilados"; "derogación de la ley antiterrorista"; y "suspensión del pago de la deuda externa". Pero lo que Micheli hizo con la movilización de ayer fue marcarle la cancha a sus "aliados en la acción" Hugo Moyano y Luis Barrionuevo a quienes aspira a convencer de convocar a un nuevo paro conjunto como el del 10 de abril pasado.

Aunque no hubo definiciones todavía, comenzó a circular el rumor de que la CGT Azopardo ya está pensando en la primer quincena de agosto para la la huelga y la convocatoria podría hacerse la semana próxima.

En Azopardo al 800 están enojados con el gobierno por no subir el mínimo no imponible del Impuesto a las Ganancias y por no haber eximido al medio aguinaldo de tributar. En ese sentido, el secretario general del Sindicato de Dragado y Balizamiento, Juan Carlos Schmidt afirmó que "el gobierno logró lo que no pudo Cavallo que es disolver el aguinaldo".

En la CGT que conduce el metalúrgico Antonio Caló también hay tensión en torno al Impuesto a las Ganancias, ya que este año no se modificó todavía (y no parece haber intenciones de modificar) el mínimo a partir del cual se paga el gravamen y no se eximió al medio aguinaldo de junio del impuesto. Ese fue uno de los temas que se discutió en la reunión de Consejo Directivo que se realizó ayer.

Pero más allá de las quejas que el sindicalismo oficialista pueda tener por la falta de respuestas en torno a Ganancias, Caló está profundamente preocupado por la situación del empleo y no lo oculta. La semana pasada reconoció que sólo en el sector metalúrgico hay 3000 despidos y 10 mil suspendidos. En el programa Conferencia de Prensa de CN23 el titular de la CGT oficialista estuvo al borde del llanto cuando habló de la importancia de defender los puestos de trabajo.

"Me preocupa un montón, un montonazo la cuestión del trabajo. El Papa Francisco dijo que se puede tener hambre, se va a cáritas y te dan de comer. Pero el que pierde el trabajo, pierde la dignidad. Y yo voy a luchar para que los trabajadores no pierdan la dignidad", dijo con la voz quebrada.

Es por eso que, más allá de las presiones que pueda haber recibido ayer de otros dirigentes menos conciliadores, Caló desestimó la posibilidad de hacer una medida de fuerza. "En mi CGT no estamos para hacer un paro, estamos para acompañar este proceso. Estamos en una situación difícil. En mi CGT hay 16 gremios industriales. No es lo mismo que los gremios estatales o los sindicatos de servicios. Si yo paro, la empresa levanta todo y se va a otro país", argumentó.

Pero la gran sorpresa la dio la CTA que conduce Hugo Yasky, que convocó a una jornada de protesta para el próximo 4 de agosto, en la que reclamarán la modificación de Ganancias y la equiparación del valor de las asignaciones familiares en todas las jurisdicciones del país.

El hecho de que las dos centrales oficialistas estén con o al borde de medidas de fuerza habla de una preocupación de los dirigentes que ya no pasa por el aprovechamiento político que podrían hacer los sindicalistas opositores de una coyuntura complicada.

La conflictividad se manifiesta, además, en otros gremios con distintos reclamos. Los docentes bonaerenses de UDOCBA (moyanista) y de SUTEBA disidente realizaron ayer un paro y el martes una movilización en reclamo de mejoras salariales y en las condiciones laborales. Los maestros le reclaman a la administración de Daniel Scioli un salario mínimo de 6400 pesos. También hay demandas por lo "falta de inversión", que –según indicaron– se percibe especialmente en los comedores escolares y en la infraestructura.

Mientras tanto, la autopartista Lear sigue en conflicto por cien despidos y otras tantas suspensiones. Ayer se realizó una marcha desde la fábrica (en Pacheco, provincia de Buenos Aires) hasta la sede central del Ministerio de Trabajo en Alem al 600. La problemática de los trabajadores de la empresa parece estar convirtiéndose en un nuevo símbolo de las pujas entre bases combativas y conducciones burócratas que atraviesan distintos sindicatos, pero especialmente SMATA y que se vio muy claramente hace poco más de un mes en el conflicto de Gestamp.

"Lo que necesitamos es que el Ministerio de Trabajo de la Nación dicte la conciliación obligatoria para que los más de 100 despedidos sean reincorporados, además de que vuelvan a la empresa los compañeros sin trabajo producto de las suspensiones que vencen mañana", dijo Rubén Matu, delegado de Lear, en el transurso de la caravana de ayer.

Lear, una multinacional con capitales principalmente estadounidenses que hace mazos de cables para Ford, echó a mediados de junio último a más de 100 operarios y suspendió por un mes a otro centenar de trabajadores.

El martes de la semana pasada, gendarmes reprimieron un piquete que los operarios de la autopartista y organizaciones de izquierda realizaron en los carriles centrales de la Panamericana.

Por su parte, sigue en lucha otro grupo de trabajadores que la semana pasada padeció el viraje de la política del kirchnerismo de no reprimir la protesta social. Se trata de los empleados de las compañías de reparación de ferrocarriles Emfer y Tatsa, que reclaman la estatización de las empresas del Grupo Cirigliano o alguna otra medida que garantice continuidad laboral.

En tanto, hoy se reúne el Consejo Directivo de La Bancaria para analizar los alcances del paro lanzado el 8 de julio pasado y analizar los pasos a seguir, en el marco del reclamo por la reincorporación de los 36 trabajadores despedidos en Tucumán y por modificación del Impuesto a las Ganancias. No se descartan nuevas medidas de fuerza.