"Que se termine la dedocracia"

La entidad se manifestó crítica ante el desalojo y cambio de interventor en la UGL XXXII. "Que nuestra obra social sea dirigida por los jubilados y los trabajadores", expresó.
Mediante un comunicado de prensa, el Grupo de Jubilados Independientes (GJI) de Luján reiteró su "inquebrantable voluntad de luchar para que nuestra obra social sea dirigida y administrada por sus auténticos y legítimos dueños que somos los jubilados y los trabajadores".

El GJI se expresó de esta manera ante el desalojo y cambio de interventor de la UGL XXXII (INSSJP-PAMI local) ocurrido la semana pasada. "Resulta obvio que todo lo que nos ocurre podría haber sido evitado y resuelto en tiempo y forma", indicó, y advirtió que la nueva situación "nos traerá aparejada, sin dudas, perjuicios económicos e incomodidades adicionales".

En el escrito, el GJI recordó que "el 13 de mayo de 1971, por ley 19.032, nuestros mayores que nos precedieron en el tiempo y en la lucha, crearon nuestra obra social como ente público no estatal, con el objeto de prestar cobertura a todas las necesidades de la vejez".

"Al igual que el resto de las obras sociales, la adhesión al PAMI es compulsiva, pero llamativamente -a diferencia de aquellas- los afiliados no tenemos derecho a elegir libremente a nuestros representantes, transformándonos en una población cautiva. Por eso es imperiosa la necesidad de democratizarlo para que cese ‘la dedocracia’ y el ‘paracaidismo’", expresó el GJI.

"¿Adónde van a parar los ingresos previstos, que provendrían del 3 por ciento de los haberes en las mínimas; del 6 por ciento de los que la superan; del 3 por ciento de los trabajadores en actividad; del 10 por ciento neto de la Lotería Nacional y aportes del Tesoro Nacional y del 5 por ciento del ingreso presunto de los autónomos?", interrogó, y señaló que "la ley fue modificada en julio de 2002 por la ley 25.6l5 que establece que el contralor estará a cargo de una sindicatura que funciona dentro de la institución, quedando la auditoría externa a cargo de la Auditoría General de la Nación".

"Hace varios años que el PAMI no entrega balances. Nosotros somos simples aportantes sin derecho y el Instituto es la caja negra de los gobiernos de turno, los servicios médicos asistenciales son deficientes y nos han transformado en banco prestamista manejado a su antojo por el Estado, que siempre y bajo todos los gobiernos ha optado por groseras intervenciones, directas o disfrazadas, como ahora, de Direcciones Ejecutivas valiéndose de artilugios legales", repudió el GJI. Por último, indicó que "lo que sucede en Luján es una peripecia más que debemos atravesar y sucede en el marco cuya síntesis acabamos de efectuar".

Los firmantes del documento son Braulio Cabrera, Santiago Basso y José Pedro Bonvecchi.

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