Termina el año sin el SUBE

La Presidenta anunció en febrero el boleto electrónico y para esta fecha debería estar funcionando a pleno. Intereses varios lo frenaron.
El Sistema Único de Boleto Electrónico (SUBE) sigue congelado. Seis meses después de que el destituido secretario de Transporte Ricardo Jaime lo pusiera en marcha, el 22 de junio, el servicio sólo funciona en seis de las 370 líneas de colectivos, en el ferrocarril Urquiza y en las cinco estaciones del subte y premetro. Cristina Fernández de Kirchner había prometido en febrero pasado que el sistema iba a estar listo antes de que terminara el año.

En el Gobierno culparon de la demora a las cámaras de autotransportistas de pasajeros y a los concesionarios ferroviarios.

"Los empresarios del sector querían el control directo de la recaudación diaria de los pasajes y entorpecieron la implementación", explicó a este diario un allegado a Schiavi. Durante ese tiempo se distribuyeron tarjetas magnéticas, aunque no se instalaron máquinas nuevas en ómnibus y trenes. En Nación Servicios prometieron avances entre enero y febrero. Un puñado de pymes argentinas participarán de la nueva licitación del Estado antes de marzo para fabricar 7.500 de los 17.500 equipos que necesita el SUBE para funcionar a pleno en el área metropolitana.

Tras los insistentes reclamos de los propietarios de empresas de colectivos y trenes, el 17 de diciembre pasado finalmente el Gobierno aceptó el acuerdo propuesto por los privados: la recaudación y los recursos del SUBE se "coadministrarán". Para que la instalación y la puesta en marcha del sistema avance, la gestión será compartida y la canalizará el Banco Nación, desde la división Nación Servicios.

Las dos partes suscribieron un convenio la semana pasada en el que se aclara que los dueños de los colectivos "coadministrarán, monitorearán y tendrán el control online" de los 900 millones de pesos mensuales promedio que movilizará el SUBE cuando funcione a pleno.

Según Claudio Kramer, director de Cámara de Industrias Electrónicas (Cadieel) la pelea por la recaudación generó más demoras de las esperadas. "Ahora, en estos meses, probablemente haya avances. El sistema está bien encaminado, pero quedan fases por resolver. La licitación que Transporte tiene que abrir para que participen empresas pyme es un ejemplo", contó a Crítica de la Argentina el director de la entidad que agrupa a firmas nacionales fabricantes de lectores y monederos para el transporte público.

Los empresarios de las pequeñas y medianas empresas del país, que quedaron afuera de la primera etapa licitatoria, esperan ansiosas las bases del próximo concurso oficial para participar del SUBE. Y para eso trabajarán contrarreloj todo el verano.

"Nos informaron que en cualquier momento van a abrir la licitación para que las pymes argentinas participemos", adelantó Javier Tomadoni, gerente general de CoinControl.

En los próximos seis meses, Schiavi se comprometió a que las empresas pongan en funcionamiento las 10 mil máquinas que quedaron por instalar de la primera etapa y las 7.500 que les proveerán las firmas nacionales. "Antes de julio de 2010, el sistema completo estará funcionando", prometió el mes pasado el secretario de Transporte.

A la segunda licitación, de la que participarán sólo pymes (al menos así lo aseguró Ángel de Dios, director de Nación Servicios), se presentarán sólo cinco firmas: Expendedoras, CoinControl, Laser Argentina, Cooperativa Industria CRV y DCM Solutions. Según fuentes oficiales, se les exigirá un patrimonio neto de base que demuestre que van a poder afrontar el costo y el tiempo de entrega del servicio al que se comprometerán.

Más de una tarjeta por persona

El Gobierno continúa entregándoles a los pasajero0s las tarjetas magnéticas del SUBE sin control. Tal como lo adelantó Crítica de la Argentina el pasado 8 de septiembre. Hay pasajeros, como Laura Etcheverry, que ya tienen cuatro. El Estado invirtió siete millones de dólares en la producción de cinco millones de plásticos inteligentes para que esa cantidad de personas pudiera viajar en siete ferrocarriles, 340 líneas de colectivo del área metropolitana y en el subte. Pero si hay personas que tienen hasta cuatro plásticos, cuando el sistema funcione a pleno, la Secretaría de Transporte tendrá que encargarle a GyD Latinoamérica (la proveedora) una reimpresión de esos boletos electrónicos. Cada tarjeta tiene un costo de 5,32 pesos. La falta de control desordenó los datos que Nación Servicios recolectó sobre los usuarios registrados. Desde que el SUBE se presentó en sociedad, el 22 de junio pasado, se distribuyeron un poco más de 500.000 tarjetas. Según cálculos de empresas del sector, al menos la mitad podría tener que reimprimirse.

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