Hoy se termina la emergencia en seguridad y dudan de su eficacia

El ministro Ciurca dice que logró ejecutar la mayoría de lo previsto en la ley y rendirá cuentas a la Legislatura. Pero desde la oposición aseguran que no se aprovechó y, por lo tanto, no ayudó a cambiar la situación.

En enero de 2008 se sancionó la ley de Emergencia en Seguridad Pública con el objetivo de poder agilizar compras, contrataciones y la resolución de problemas para atacar uno de los principales motivos por el que los mendocinos reclaman y, de paso, actuar sin pérdida de tiempo para lograr el cumplimiento de la promesa electoral que el entonces recién asumido gobernador Celso Jaque había hecho en la campaña electoral.

En febrero de este año, la norma fue prorrogada hasta hoy y el área que conduce Carlos Ciurca no tiene pensado pedir una extensión.

Satisfecho con la herramienta, el ministro dice que logró ejecutar un 90% de lo previsto en la ley, pero evita los comentarios triunfalistas (ver aparte). Aun cuando la inseguridad (siempre presente en las conversaciones) no sea -en los últimos tiempos- el tema excluyente de las charlas y agenda de los medios (ganadas en buena parte por la crisis), Ciurca sabe que "la gente no está conforme".

Mientras, los legisladores de la oposición e integrantes de la Comisión Bicameral de Seguridad opinan que la situación en esta materia "no ha variado", por lo que creen que la norma (que fue aprobada inicialmente cuando el ministro era el demócrata Juan Carlos Aguinaga) no cumplió los objetivos centrales.

A pesar de que la mayoría reconoce el esfuerzo ("en soledad") del ministro, así como su capacidad política para poner la cara cuando las situaciones se han tornado insostenibles, la oposición advierte que la realidad no ha mejorado a pesar de que no han habido crímenes resonantes o de alta sensibilidad pública en el último tiempo.

Para ejemplificar ambos puntos, senadores y diputados cuentan que la semana pasada estuvieron en Guaymallén, junto con Ciurca, por un reclamo vecinal que parecía incontenible.

En los próximos días, el ministro de Seguridad presentará sus datos a la Bicameral, más allá de que ya se han enviado varios informes de lo que se ha ido ejecutando bajo el paraguas de la ley de Emergencia.

"Queremos esperar la rendición de cuentas para hacer una evaluación concreta, pero la inseguridad sigue estando al tope de las necesidades de la ciudadanía. Falta mucho para llegar a niveles normales de índices delictuales", advirtió el diputado Luis Petri (Confe), quien -no obstante- concedió que parecen haber disminuido los delitos de alto impacto.

En este sentido, Daniel Cassia -diputado del justicialismo disidente que ha elaborado un informe detallado acerca de los logros y fracasos de la ley de Emergencia- cree que algunos índices mejoraron pero otros empeoraron. "Es natural que el delito fluctúe. Si nos manejamos por los informes elevados a la Bicameral, la ley no ha tenido incidencia", advirtió al mismo tiempo que remarcó que la herramienta es buena "si se utiliza bien".

Con una idea similar, el senador radical Mauricio Suárez expresó que la seguridad provincial depende del esfuerzo individual del ministro, pero no cree que eso haya sido suficiente para generar resultados. Para el legislador, el Gobierno corre detrás de los delitos y -a pesar de la ley de Emergencia- no se ha pensado en una política preventiva de largo aliento con una fuerte incidencia en lo social.

"Cómo estarán de mal las cosas que la inseguridad -que es tan grande- ha pasado a un segundo plano", advirtió.

Desde el Partido Demócrata, el diputado Diego Arenas expresó que el Ministerio de Seguridad se ha manejado "con una enorme cantidad de recursos para sostener la promesa del Gobernador" y que, a pesar de eso, no ha logrado cambios importantes.

"No hemos avanzado en los problemas de fondo y seguimos con una situación complicada", comentó al mismo tiempo que alertó que los índices delictuales no han bajado sensiblemente aunque reconoció una menor incidencia de los hechos más violentos.

Con respecto al sistema de estadísticas de delitos que se prometió hacer (el Ministerio de Seguridad hace rato que no publica datos oficiales), el Gobierno y la Legislatura se acusan mutuamente. El primero dice que hay un proyecto enviado desde hace tiempo, mientras que desde la Casa de las Leyes explican que hace tiempo una idea similar está frenada por el oficialismo.

Atrapados y fotografiados

Entre otros puntos, los legisladores creen que la salida del centro de atención de la inseguridad se debe a que -desde el ministerio y a diferencia de otras áreas de Gobierno- sí están comunicando su tarea.

El ministro Ciurca coincide con la apreciación al explicar que su gestión ha prestado especial atención a la difusión de los esclarecimientos.

"Mostrar cuando se detiene a una persona que participó de un hecho grave es una forma de empezar a desterrar la sensación de impunidad", justificó.

Mientras tanto, la foto con los detenidos y los más de 8.000 apresados que dicen sumar en lo que va del año, le sirven para armar su colchón político que -por estos tiempos y a pesar de la inestabilidad de un tema tan delicado como la seguridad- tiene cada vez más relleno.

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