Tenso debate inicial por las jubilaciones

Tomada y Boudou defendieron la estatización, ante un fuerte reclamo opositor por poner límites al uso del dinero de las AFJP.
Fueron seis horas en las que predominaron las críticas cruzadas y los golpes bajos entre el oficialismo y la oposición antes que un debate profundo sobre la reforma que se planea al actual régimen de jubilaciones. Así arrancó ayer, en la Cámara de Diputados, la primera jornada de discusión sobre el polémico proyecto del Gobierno que propone eliminar el régimen privado de jubilaciones. La oposición reclamó cambios y exigió límites al uso que le dará al Gobierno a los fondos jubilatorios, pero el oficialismo se resistió a dar indicios de eventuales concesiones.

En la inauguración del debate, cuyo escenario fue el plenario de las comisiones de Previsión Social y de Presupuesto, participaron el ministro de Trabajo, Carlos Tomada, y el director de la Anses, Amado Boudou. Continuará hoy, con la presencia de representantes sindicales y de las AFJP.

El PJ no claudica en sus tiempos: pretende darle media sanción a la iniciativa la semana próxima, a tan sólo 15 días de presentada en el Congreso. El interrogante, aún sin respuesta, es si escuchará a la oposición y a las voces de su propio bloque que claman modificaciones. Hoy se reunirá la bancada para discutir el asunto.

Entre los oficialistas se plantea que los fondos jubilatorios no se dilapiden en gastos corrientes ni para el pago de la deuda pública y que se explicite, de alguna manera, que redundarán en beneficios para los jubilados. La oposición, en cambio, no tiene una posición unívoca: mientras la UCR, Pro y la Coalición Cívica reprueban todo el proyecto, el bloque de SI y de Claudio Lozano (CTA) propone que los fondos jubilatorios integren una cuenta separada de la de la administración central, con controles efectivos. Y que primero se atienda una suba en los haberes y en el pago de sentencias pendientes antes de avanzar con obras de infraestructura social claramente delimitadas.

El sector más duro de la oposición insiste en que el apuro del oficialismo en sancionar la ley persigue un solo propósito: permitirle al Gobierno hacerse de una "caja" (integrada por los fondos jubilatorios) que permita cerrar las cuentas fiscales de 2009.

"No necesitamos caja", refutó Boudou, a lo que Tomada retrucó: "Los que hablan de caja, ¿de qué caja hablan? ¿Qué caja defienden, la de las comisiones de las AFJP? Nosotros defendemos la caja de los jubilados".

El jefe de bloque radical, Oscar Aguad, retrucó: "Compartimos que el sistema jubilatorio debe ser público. La locura es que quien creó el monstruo [en referencia al régimen privado ideado durante el gobierno peronista de Carlos Menem] hoy, sin sonrojarse, lo demoniza como si fuera producto de la casualidad".

Este cruce de críticas decantó unas pocas definiciones por parte de los funcionarios del Gobierno y, también, algunas alternativas de la oposición, aunque también escasas.

Tomada, por caso, enfatizó que los actuales empleados de las AFJP que lo deseen serán recibidos en el Estado, y garantizó que el sistema de reparto redundará en mejores beneficios a los aportantes privados que los que hubieran recibido por medio de las AFJP. "El sistema privado es una estafa, no va más: la crisis internacional desnudó que este régimen se recuesta en lo público para pagar sus prestaciones", enfatizó Tomada.

"Un sistema que se dice de seguridad social no puede tener sus prestaciones sujetas a los avatares del mercado", sostuvo Boudou.

Las críticas opositoras no tuvieron piedad. "Este proyecto es un robo. No lo digo yo, sino Juan Domingo Perón", enfatizó Esteban Bullrich (Pro). Otros legisladores, entre ellos la socialista Silvia Augsburger, reclamaron efectivos métodos de control sobre los fondos jubilatorios. Nadie cree, en verdad, que una comisión bicameral dominada por el oficialismo pueda velar de manera imparcial y efectiva sobre los recursos jubilatorios.

"LLEGARÁ A LA CORTE"

La ministra de la Corte Suprema de Justicia Carmen Argibay vaticinó ayer que el conflicto abierto a raíz de la estatización de los fondos privados de pensiones terminará por resolverse en el mediano plazo en el máximo tribunal. "Muy probablemente va a llegar, con toda seguridad", dijo la jueza al referirse al polémico proyecto, y de esa manera se excusó de emitir una opinión sobre el fondo de la cuestión.

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