Tensión en las casas ocupadas detrás del barrio 500 viviendas

Las casas en construcción que fueron ocupadas en octubre por cientos de familias sin techo se convirtieron en los últimos días en escenario de una creciente tensión, al haber dispuesto la policía y las empresas constructoras dispositivos de hostigamiento a quienes ingresaron a esas viviendas.
El caso da para la polémica. Por un lado, las empresas y sus obreros dicen que las ocupaciones ilegales los están perjudicando seriamente, y así justifican medidas como los cortes de agua y de energía eléctrica a las viviendas. Por otro, las familias alegan que se les están violando derechos elementales y dicen sentirse “en un campo de concentración”.

Fuerte presencia policial

La situación tuvo un pico de tensión ni bien se produjeron las usurpaciones, que abarcaron a más de 300 viviendas en el Gran Resistencia y paralizaron obras. La UOCRA, el gremio de la construcción, dijo en aquel momento que cientos de obreros quedaban suspendidos por esa situación y hasta amenazó con promover un desalojo por la fuerza de las casas.

Luego llegó una mediación del gobierno, y desde el Instituto de Vivienda se prometió una solución gradual para las familias ocupantes. Pero pasaron dos meses y las cosas volvieron a ponerse calientes, porque en un grupo de casas, ubicado detrás del Barrio 500 Viviendas, de Barranqueras, la policía y la empresa comenzaron a tomar una posición más dura.

“Nos cercaron a todo el barrio con alambre de púa, hicieron pozos en las calles para que no puedan pasar vehículos, nos cortaron el agua y la luz, y nos dejan salir sólo dos veces por día, sin que muchas veces dejen entrar a los parientes que nos vienen a ver. De madrugada nos despiertan a cualquier hora, nos iluminan a la cara y a algunos chicos los amenazan”, contó ayer un grupo que formuló una denuncia ante la Subsecretaría de Derechos Humanos.

“Nos sentimos como en un campo de concentración”, plantearon Mónica Remotti, Silvia Ibarra, Patricia Ernsd, Jaqueline Valdéz y Daniela Segovia, delegados de los ocupantes, junto a otras madres que dicen que expresan preocupación por la salud y seguridad de sus hijos.

Las familias también se mostraron molestas con el vocal Fabricio Bolatti, del IPDUV. “No nos quiso atender diciendo que estaba en receso, pero lo descubrimos participando de reuniones. Queremos que el Instituto le diga a las empresas que dejen de hostigarnos de esta forma y que nos resuelvan nuestro derecho a una vivienda digna”, dijeron.

Gabriela Ramírez y Oscar Alvarez, de la organización independiente Utopía, acompañaron al grupo y dijeron que la actitud policial en el lugar “es permanentemente intimidatoria, y las medidas que se tomaron, como alambrar todo el barrio, lo convirtieron en un ghetto forzoso. Además, se están entregando casas a punteros políticos”, denunciaron.

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