“El derecho a la identidad es ser quien uno es y no otro”. Con simpleza, Esteban Paulón, presidente de la Federación Argentina de Lesbianas, Gays, Bisexuales y Trans (FALGBT), explica aquello a lo que está abocada la lucha de la diversidad por estos días. Después del triunfo que significó el matrimonio para todos y todas, ahora la agenda pendiente instala como nuevos desafíos el derecho a la identidad y el acceso a la atención sanitaria y la reasignación de sexo, dentro del sistema público de salud.

Los nueve meses de debate que terminaron con la aprobación del matrimonio igualitario fueron la oportunidad para debatir abiertamente la diversidad sexual y permitieron que se cayeran mitos y prejuicios. “Ahora están dadas las condiciones para seguir avanzando en la agenda pendiente de la diversidad”, sostuvo Paulón en una charla con El Atlántico.

Así como la ley de matrimonio devolvió dignidad a las familias de la diversidad, a las parejas y marcó la igualdad de posibilidades para contraer matrimonio, la nueva apuesta -explicó el titular de la FALGBT- está dirigida a devolver el derecho a la identidad de las personas trans, travestis, transexuales y transgénero.

“Por la negación de ese derecho básico, tienen negada la vivienda, la salud, la educación, un trabajo formal, la exclusión de las familias. Hay una cadena de exclusiones que derivan fundamentalmente de una primera exclusión: de la identidad, que es un derecho constitutivo de las personas que está consagrado en todos los tratados de derechos humanos que tienen rango constitucional en nuestro país”, introdujo Paulón.

Se pondrán en debate, dentro del Congreso, tres iniciativas. Las dos primeras están vinculadas a cambios registrales: el acceso a los documentos, sin requisitos, a sola voluntad de la persona, siempre que pueda demostrar que en sus datos registrales figura con un sexo y un nombre que no es con el que se expresa socialmente. Y además, la creación de una oficina pública nacional para recepcionar y diligenciar los trámites, y establecer desde allí la política pública, “para que el Estado intervenga y se las pueda integrar a la sociedad”, detalló.

La tercera iniciativa busca la atención sanitaria a personas trans. “Planteamos que el derecho a la salud debe ser entendido como un derecho en el sentido amplio. La salud está entendida por la Organización Mundial de la Salud como el mejor estado de bienestar y equilibrio, social, psicológico, familiar, ambiental. En ese sentido, el Estado tiene que acompañar el cambio corporal hasta donde las personas quieran”, sostuvo Paulón.

La legislación actual permite los tratamientos hormonales pero no las cirugías de adecuación genital o quitar las mamas a los varones trans. “Hoy esas personas llevan adelante estos procesos, pero de manera desordenada, sin asistencia médica, exponiéndose a muchísimos problemas de salud”, reparó el titular de la FALGBT.

Los proyectos ingresarán por separado a las comisiones del Congreso de la Nación, pero se espera que puedan ser tratados en simultáneo. La semana próxima serán presentados públicamente y la Federación continuará militando las iniciativas por todas las provincias del país. En ese contexto, Paulón visitó Mar del Plata y participó de una jornada en el recinto del Concejo Deliberante, organizada por Amadi (Asociación Marplatense de Derechos a la Igualdad, que preside Karina Freire). “A más tardar, a principios del año que viene, esperamos tener la ley de identidad aprobada”, estimó.

Paulón reparó en que este proyecto tiene menos rechazo social y político. Dijo que la Iglesia no se ha pronunciado en contra y que sectores de derecha comprenden que ayudará a “ordenar” las cosas: “Parece una mujer, démosle documento de mujer”, interpretó. Incluso la experiencia en otros países señala que pasada la primera experiencia de matrimonio igualitario, el camino se allana para avanzar en los derechos postergados de la comunidad trans.

- ¿Qué puede cambiar esta ley de identidad en la vida cotidiana de las personas trans, que se ven a diario expuestas a situaciones de discriminación?

- Al no tener documento ni derecho a la identidad, la persona trans para el Estado no existe. Por eso es difícil que sea sujeto de política pública, de política de inclusión. Las personas transexuales no están incluidas en ninguno de los planes sociales ni en la asignación universal por hijo, ni en la jubilación anticipada. Lo mismo ocurre con la salud: si bien hay muchas provincias que tienen ordenanzas o resoluciones que establecen que debiera haber una atención 'amigable', no se cumplen. También es exclusión de la escuela porque no sólo no se les permite expresarse con su nombre sino que tampoco se dan los debates para que los chicos se puedan entender que pueden tener un compañero o compañera trans. Más del 60% de las chicas trans están afuera de las escuelas, sin posibilidad de ingresar a la Universidad. Ninguna ley cambia la situación de hoy para mañana, pero es una herramienta enorme, porque el Estado empieza a reconocer a estas personas, podemos pensar políticas públicas específicas para volver a la escuela, insertarlas en el mercado laboral.

- La identidad es un derecho básico de toda persona. ¿Cómo tiene que hacer hoy una persona trans para acceder a un DNI que le dé la identidad propia, que ella misma eligió?

- El derecho a la identidad es ser quien uno es y no otro. Esa es la definición de qué es la identidad, algo tan simple como eso. Quién más que uno mismo o una misma sabe quién es. Por qué el Estado va a decir 'vos no sos Esteban, sos Juana'. Si yo soy Esteban, vivo, me visto, me relaciono como Esteban. Esa es una violencia bastante importante, que implica que las personas trans para poder acceder al cambio de documentación, tiene que recurrir a la Justicia. Hay que pasar trámites que no siempre se resuelven favorablemente, pero pueden llevar cinco, ocho años, con costos. Hay que caer en la indignidad demostrar que uno está enfermo y que su construcción de identidad no es un derecho sino una enfermedad que se llama disforia de género. Y en todos los casos la Justicia ordena una operación compulsiva de genitales, y muchas de las chicas no quieren hacerse. En este binarismo que sostiene el sistema decimos que el varón es una cosa y la mujer es otra, y no hay posibilidades para pensar que los cuerpos son particulares. Eso no define a las personas. Tienen que pasar por peritajes: a las chicas que ya se han operado en el extranjero se les mide hasta la profundidad de la vagina para ver si pueden o no ser penetradas por hombre. Una violencia tras otra.