WASHINGTON.- Decididos a blindar a los extranjeros "sin papeles", activistas a favor de los derechos humanos, alcaldes y legisladores demócratas repudiaron el plan del gobierno de Donald Trump que abre la puerta a deportaciones masivas de inmigrantes y prometieron hacer todo lo posible para impedirlo.

"Ahorita, todo el mundo tiene que cuidarse", dijo Joel Magallán, director de la Asociación Tepeyac, una agrupación comunitaria de mexicanos en Nueva York. "Ya estamos en la tempestad y hay que cuidarse", insistió.

El plan, detallado en dos memorándums del Departamento de Seguridad Interior (DHS, según sus siglas en inglés), borra límites y protecciones establecidos por el gobierno de Barack Obama al ampliar el universo de inmigrantes indocumentados que pueden ser deportados. El gobierno de Trump ordenó la contratación de 15.000 agentes federales para concretar el plan.

Con Obama, el gobierno federal sólo deportaba a criminales condenados por un delito grave. Ahora, la "migra" tendrá más discreción: podrá arrestar y expulsar a personas sospechosas de haber cometido delitos o faltas menores, aún sin condena, e incluso a quienes "hayan cometido un acto que constituya una ofensa criminal punible".

"Este cambio dramático de la política es evidencia dura del interés del gobierno en desgarrar innecesariamente las familias y desparramar miedo en las comunidades inmigrantes", dijo Bill de Blasio, alcalde de Nueva York, la "ciudad santuario" más grande del país y con la mayor población de indocumentados. "No vamos a convertir a nuestros agentes de policía en agentes de inmigración", prometió.

La poderosa Unión Americana de Derechos Civiles (ACLU, por sus siglas en inglés) fustigó el plan y sugirió que intentará frenarlo en la justicia, como ya hizo con el decreto conocido como la "prohibición musulmana".

"El gobierno de Trump está dispuesto a pisotear las garantías del debido proceso, la decencia humana, el bienestar de nuestras comunidades e incluso protecciones para los chicos vulnerables en pos de una política hiperactiva de deportación masiva", afirmó en Twitter Omar Jadwat, director del Proyecto de Derechos de Inmigrantes de ACLU.

"El presidente Trump no tiene la última palabra. Los tribunales y la gente no permitirán que este sueño antiamericano se convierta en realidad", desafió.

Uno por uno, cada uno de los críticos de los dos memorándums que difundió ayer el DHS utilizaron el mismo término: "Deportaciones masivas". Pero funcionarios del gobierno de Donald Trump que anticiparon las medidas a la prensa local intentaron -sin mucho éxito- matizar la dureza de las nuevas directrices, al rechazar que abra la puerta a la expulsión en masa de inmigrantes indocumentados.

Durante la campaña presidencial y en sus primeras semanas como presidente de Estados Unidos, Trump ha vinculado a los inmigrantes con el crimen. Estudios y estadísticas muestran que entre norteamericanos nativos las tasas de delitos son más altas que entre los extranjeros.

La Coalición de Inmigrantes de Nueva York (NYIC, por sus siglas en inglés) atacó las directrices "inconstitucionales" y "destructivas" del DHS.

"Estos memorándums ponen en política rígida el esfuerzo concertado del presidente para dividir este país e infundir pánico y temor en las comunidades inmigrantes y en las fronteras", dijo Steven Choi, director de la organización.

Choi puso además el acento en el costo fiscal que tendrá la ampliación de las detenciones de inmigrantes -un jugoso negocio para el oligopolio de prisiones privadas-, la construcción del muro con México y la contratación de los 15.000 agentes migratorios y de seguridad en las fronteras, una verdadera "fuerza de deportación", como la bautizaron sus críticos. Otros activistas, también, pusieron acento en el daño económico para el país.

"Esto va a separar familias, cultivar miedo entre las comunidades de inmigrantes y desestabilizar nuestra economía", indicó Beth Werlin, directora del Consejo Inmigratorio Americano.

Para los seguidores de Trump, los memorándums cumplen con las promesas presidenciales de atenazar a los inmigrantes que viven en el país sin un permiso legal y restringir el ingreso de extranjeros, priorizando la seguridad nacional.

Una encuesta del Centro Pew reveló que mientras la gran mayoría de los demócratas cree que la inmigración fortalece al país, sólo uno de cada tres republicanos comparte esa opinión.