Temor por el papel de la Corte

Por: Mariano Obarrio.

La renovada ofensiva de los Kirchner contra la Justicia y los medios, ayer, es hija del temor. El Gobierno entró en pánico porque las críticas y los fallos de los jueces, especialmente los de la Corte Suprema, podrían presagiar una amenaza en 2010 a tres pilares fundamentales de la política oficial: el manejo centralizado de la caja, la ley de medios y su alianza con el sindicalismo tradicional.

Para evitar ese debilitamiento, Cristina y Néstor Kirchner meten más presión. Son ataques preventivos, dicen en elGobierno. Los dos completaron el trabajo que había comenzado el jefe de Gabinete, Aníbal Fernández, la semana pasada. Más bien, redoblaron la apuesta.

"Que la ley de medios llegue a la Corte asusta a los Kirchner. El tribunal demostró ser independiente: puede salir cualquier cosa", dijo ayer a LA NACION un alto funcionario, que admira en secreto la forma en que trabajan los miembros de la Corte Suprema. "Y la disputa por la ley llegará a la Corte", vaticinó.

Según pudo saber LA NACION, quienes hurgan en los fueros judiciales les transmiten a los Kirchner que esta Corte no abriga intenciones de presionar políticamente a la Casa Rosada. Pero el ex presidente entrevé posibles alianzas entre jueces y grupos económicos para desestabilizar a su esposa, según dice en reuniones que mantiene en Olivos.

No sólo preocupa la ley de medios. La ira oficial se desató por la ofensiva de la oposición, que se presentará ante la Corte para ayudar a San Luis a reclamar un piso de coparticipación para todas las provincias del 34% de los recursos nacionales, reparto que hoy apenas supera los 30 puntos.

El ministro del Interior, Florencio Randazzo, fue lanzado por la Presidenta a la caza de más de 30 diputados y senadores de la UCR y el PJ disidente que el martes visitarán al presidente de la Corte, Ricardo Lorenzetti. Consideró "inadmisible" esa entrevista. "Quienes proclaman la independencia de poderes pretenden ahora ir a la Corte para presionarla políticamente", señaló. Sus allegados aclaraban ayer: "De la Corte no vamos a opinar. La oposición es irresponsable y politiza la Justicia".

El reaseguro

El manejo monopólico y centralizado del Tesoro nacional es para Kirchner el reaseguro del disciplinamiento de gobernadores e intendentes del PJ y la oposición: no sólo les condiciona el giro para obras públicas, sino para el pago de sueldos y de aguinaldos de las provincias y los municipios. El precio de esas remesas es el apoyo a Kirchner en su proyecto presidencial de 2011. El líder no admitiría que un grupo de jueces le quite esa herramienta.

Otro conflicto asoma. El año próximo podría surgir otro fallo de la Corte -ya hubo dos, en 2008 y en 2009- en favor del principio de la libertad sindical, viejo reclamo de la CTA y de nuevos sindicatos que exigen representación gremial por fuera de la CGT de Hugo Moyano. Se comprometería así otro pilar político de Kirchner: su alianza con el viejo sindicalismo.

Por ahora, la Presidenta y Kirchner se exhibieron junto con el líder camionero en todos sus mitines masivos, en una señal de apoyo dirigida a los jueces. Si Moyano olfateara cierta desprotección, amagaría en el acto con retacear su apoyo para las elecciones presidenciales de 2011.

Por los temores que rondan en Olivos a perder la caja, el control de los medios y del sindicalismo, la Presidenta y Kirchner fueron particularmente duros con la Justicia y con los medios.

En los días previos, Aníbal Fernández frenó la intervención judicial en un sindicato aliado y descalificó al juez civil Edmundo Carbone, que dispuso una medida cautelar que suspendió el plazo de un año para obligar a los grupos periodísticos a vender señales de televisión y de radio sin invocar derechos adquiridos. Consideró el magistrado que la ley es inconstitucional, retroactiva y violatoria del derecho de propiedad.

Si la Corte Suprema fallara igual, Kirchner perdería un arma de control para 2011. El tribunal postergará lo más que pueda ese tema.

Otro conflicto despunta. El oficialismo y la oposición en el Congreso entraron en guerra por la conformación de las comisiones de control, como la que debe aprobar o rechazar los decretos de necesidad y urgencia (DNU). Con un DNU la Presidenta echó mano a las reservas del Banco Central para garantizar el pago de la deuda y para auxiliar al fisco débil.

Si no hay acuerdo en el Congreso, nadie descarta que la Justicia deba decidir sobre los DNU. De allí el nerviosismo de Olivos.

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