Por temor a las lluvias se extenderá un paraguas financiero

La prórroga de la emergencia hídrica hasta 2011 permitirá continuar con la inversión en obras para mitigar daños por inundaciones.
A mediados de enero de 2007, feroces tormentas habían castigado a Tucumán. Como consecuencia hubo un muerto, más 5.000 personas evacuadas en el sur de la provincia y considerables pérdidas materiales.

A los pocos días, la Legislatura dictó la emergencia hídrica y social mediante la Ley 7.875, para las zonas afectadas por las lluvias y las inundaciones por 120 días, por la cual se habilitaron unos $ 60 millones adicionales para la atención de las necesidades sociales y la ejecución de obras mediante contratación directa, sin la exigencia de que pasen por el proceso de la licitación pública.

Desde entonces, el estado de excepción se viene prorrogando. La Ley 7.998 dispuso su continuidad hasta enero de 2010 (al tiempo que aprobó una nueva partida), y ahora la Legislatura se dispone a sancionar su mantenimiento por otros dos años, hasta el vencimiento del actual mandato de Gobierno.

"Si bien se han desarrollado y se siguen desarrollando las tareas previstas en la ley original para atender los graves daños ocasionados por el fenómeno climatológico, su ejecución ha generado una serie de acciones que deben continuar llevándose a cabo para recuperar la infraestructura vial e hídrica", afirmaron José Teri, Roque Tobías Alvarez y Alfredo Quinteros.

Los autores del proyecto aclararon que se lograron avances significativos para reparar plenamente los daños causados hace casi tres años y recuperar las zonas donde los asentamientos poblados fueron afectados, pero insistieron en que la finalización de las tareas demandará un tiempo más prolongado.

"El Poder Ejecutivo compró equipos especiales, se organizó para mitigar el desastre y realiza obras de gran envergadura con una fuerte inversión económica, pero todavía hay mucho por hacer", aseveraron, emulando al gobernador José Alperovich.

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