Temor por las incursiones del Gobierno en empresas privadas

Preocupa en las compañías una eventual radicalización de la estrategia; el G7, más activo
A veces ocurre más o menos de buen modo. Otras, mediante amenazas directas. No quedan, si hubo alguna vez, kirchneristas sutiles. En las últimas horas, una creciente inquietud se apoderó de los empresarios argentinos: temen que la toma de posiciones del Gobierno dentro de los directorios de compañías privadas mediante acciones en poder de la Anses derive, en los próximos meses, en una radicalización de la política gubernamental.

Casi no hay encuentro corporativo importante en que no surja el tema. Una empresa se negó, hace algunos días, a aceptar directores estatales porque, sostuvo, las acciones de la Anses en su directorio eran inferiores al 5%. Pudo mantener la respuesta sólo unas pocas horas: en los días posteriores al no, todos sus interlocutores gubernamentales dejaron de contestarle el teléfono, todas sus cobranzas con el Estado quedaron congeladas y todas sus negociaciones, bloqueadas. La empresa decidió entonces aceptar el director.

Si algo faltaba para entender la preocupación generalizada era que la advertencia saliera de Carlos Wagner, presidente de la Cámara Argentina de la Construcción y uno de los empresarios de mejor relación con el Gobierno. "Hay que cuidarse del avance del sector público sobre la actividad privada. El sentido del grupo es defender la actividad privada", dijo anteayer a Radio América, consultado sobre el almuerzo que, la semana pasada, tuvo el Grupo de los 7 (G7), integrado por banqueros, industriales y dirigentes del agro, la construcción y el comercio. El propio Wagner y miembros de las propias cámaras habían participado, el 4 de octubre de 2007, pocos días antes de las últimas elecciones presidenciales, de un enérgico respaldo a las cifras del Indec por pedido del Gobierno. El contexto cambió: las compañías con director de la Anses podrían llegar a 13 en los próximos días.

Algunas han querido resistir. Le demandó unos cuantos enojos a David Uriburu, director de Techint, una discusión nocturna con Roberto Baratta, subsecretario de Coordinación de Control y Gestión del Ministerio de Planificación, sobre la posibilidad de que el Estado nombrara un director en Siderar, firma del grupo. Faltaban pocas horas para la asamblea de accionistas y no había acuerdo. El pacto que desembocó en el nombramiento del economista Aldo Ferrer provocó cierto alivio en la Unión Industrial Argentina (UIA). "Si no aparecía la alternativa de Ferrer, al día siguiente íbamos todos al modelo Venezuela", respiró un dirigente fabril.

"Están durísimos -agregó el presidente de un grupo nacional de servicios públicos-. Son muy básicos y están haciendo mucho daño."

Casi siempre, el elegido por Néstor Kirchner para tratar estos asuntos es Baratta, un joven funcionario que ha hecho de todo, y con éxito, en la relación con el establishment : desde convencer a multinacionales para que compren pasajes a Aerolíneas Argentinas hasta convocarlas a consumir menos gas en inviernos anteriores; desde persuadirlas de auspiciar una feria privada hasta proponerles incorporaciones de personal insólitas, como el chofer de un taxi tomado en la vía pública.

Baratta, licenciado en Comercio Exterior por la Universidad de Luján y MBA de la Facultad de Ingeniería de la Universidad de Buenos Aires (UBA), fue director de Repsol YPF antes de que llegaran los Eskenazi, y tiene ya trato directo con Néstor Kirchner, un privilegio al que no acceden muchos hombres del Ministerio de Planificación. No suele usar el buen modo y son muy pocos los dirigentes que se han atrevido a contradecirlo. Una es Rosario Sica, la representante de los propietarios de las estaciones de servicio, que lo llama públicamente "Niño Baratta".

Almuerzo todos los meses

El estado de alerta empresarial llegó a tanto que es probable que las reuniones del G7 se hagan, en adelante, todos los meses. Hasta el conflicto agropecuario del año pasado, que interrumpió los encuentros, estos almuerzos se hacían con una frecuencia bimestral. Algunas corrientes de la UIA aguardan impacientes las próximas apariciones públicas de su flamante presidente, Héctor Méndez, que podría encontrarse esta semana con la presidenta Cristina Kirchner. "Vamos a ver si el Gordo aguanta", dijo un empresario de buen trato con el dirigente plástico.

Méndez tendrá que reclamar, por ejemplo, por el nuevo y controvertido cobro de Ingresos Brutos aplicado por la provincia de Buenos Aires, que considera los descuentos sólo en hasta un 5% en la actividad comercial. "Es una cosa de locos: una intervención estatal cada vez mayor", se exasperó un gerente.

Algunas compañías han elegido, en cambio, el camino de la buena disposición para el ingreso de directores de la Anses. Son, principalmente, las que pertenecen a sectores regulados. Es el caso de Gas Natural BAN o Edenor. A Alejandro Macfarlane, presidente de Edenor, le tocó negociar con el propio Oscar Lescano, secretario general del sindicato de Luz y Fuerza.

De todos modos, el próximo paso empresarial será mostrar un establishment unido. De ahí que la UIA se haya puesto tan nerviosa, la semana pasada, con las declaraciones del presidente de Fiat, Cristiano Rattazzi, que dijo que "vivir con lo nuestro siempre trae pobreza". Sus pares vieron en la alusión al emblemático libro de Aldo Ferrer -justo el hombre elegido para contener la voracidad gubernamental- una crítica decididamente inoportuna.

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