Desde ahora y hasta el 25 de agosto, todo lo que se diga sobre el proceso de impeachment contra Dilma Rousseff será anecdótico y reiterativo. La votación del miércoles por la madrugada en el Senado demostró que el interino Michel Temer tiene el Congreso de su lado, al menos para garantizar que lo confirmen como jefe del Ejecutivo brasileño. Para el último día del juicio, que podrá ser nuevamente adelantado -esta vez para el 23 de agosto –, el dueño provisorio del Poder tendrá como mínimo los 54 votos requeridos para desplazar de una vez a la presidenta brasileña. Apenas un milagro, de aquellos que solo existen en la imaginación o los deseos, lograría dar vuelta el resultado y eximir a Dilma de una condena, basada apenas en presuntos delitos.

Una vez que Temer esté firme en el puesto, él tendrá oportunidad de emprender un viaje programado para septiembre a China. De allí el apuro que tiene la corte de aliados para apurar los trámites del juicio. La gira tiene como primera excusa la cumbre de jefe de Estado del G-20; y en segundo lugar busca, según el propio presidente provisional, afianzar las relaciones comerciales con el gigante asiático. Para lo que seguro le servirá es para estrechar las manos de otros gobernantes sin sentirse ahora como un actor coadyuvante. Irá en calidad de estrella protagónica.

Pero no es sólo una cuestión de imagen y de política internacional lo que provoca tanta prisa en el núcleo de funcionarios (por ahora, todos temporales) que lo rodea. Según el analista político brasileño Andrés Berrocal, que mantiene una columna semanal en la revista Carta Capital, que Temer se afirme en el Ejecutivo significa “un blindaje de las investigaciones que están enfocadas en su participación en el financiamiento ilegal de las campañas del Partido del Movimiento Democrático de Brasil (PMDB)”. Las denuncias provienen nada menos que de la delación premiada a la que se acogió Marcelo Odebrecht, dueño del holding empresario homónimo. Trascendió, también, que Temer “influyó para nombrar un directivo de Petrobras, hoy preso por corrupción”. Lo cierto es que esta vez la letra de la Constitución protegerá un político, que fue “electo” para el cargo por los parlamentarios aliados. Prevista para proteger a los gobernantes de intentos de golpe de Estado basados en “delitos” pasados, la carta magna brasileña establece que a un presidente sólo se lo puede juzgar por hechos ocurridos durante su mandato. Nunca antes.

De acuerdo con Berrocal, fue este dato el que llevó a los parlamentarios “dilmistas” a pedir al procurador general Rodrigo Janot que abra, de inmediato, una investigación sobre estos casos. Solo que del lado del nuevo oficialismo le respondieron “a la altura de los acontecimientos”. Temer ordenó a su ministro de Hacienda Henrique Meirelles que provea los fondos para un aumento sustantivo del salario de los fiscales federales, entre ellos, claro está, el propio Janot. Los parlamentarios que presentaron la demanda recordaron que la Corte Suprema impidió al ex presidente Lula da Silva asumir como ministro coordinador del gobierno de Rousseff a fines de abril. El argumento usado por el Supremo Tribunal Federal fue que el puesto le permitiría a Lula salvarse de ser preso por la Operación Lava Jato, la misma que podría culpar al presidente en ejercicio. Esto explica también el apuro por condenar a Dilma.

En esta trama política, la más novelesca de las ocurridas en los últimos 30 años, no sólo Temer se juega su destino en los próximos dos años. En la misma situación se encuentran sus principales colaboradores, aquellos que operaron para alzarlo a la máxima jerarquía brasileñas. Son los casos, por ejemplo, de los senadores Romeo Jucá y Renan Calheiros, éste último titular de la Cámara Alta. Ambos quedaron involucrados en negocios turbios con Petrobras. Jucá llegó a ser nombrado por Temer como ministro de Planificación. Pero las denuncias en su contra lo obligaron a salir algunos días después. Claro que no fue investigado, porque el senador retornó a su banca y hoy dirige el PMDB, partido del propio presidente provisorio.

Con la certeza de tener el triunfo garantizado, un abogado de la acusación contra Dilma se animó a decir que ella se comporta como “un pez fuera del agua, aquél que se contorsiona al ser pescado”. Una expresión tan poco delicada sólo procede cuando alguien está convencido de la impunidad. Que Temer será presidente definitivo hasta 2018 nadie lo duda. En lo que hay grandes interrogantes es en la fragilidad de su gobierno, que estará sometido una y otra vez a las negociaciones pesadas que le plantee el Congreso. Es lo que empiezan a entrever los sectores del poder económico.