Sólo uno de cada diez brasileños aprueba la gestión del mandatario interino Michel Temer, quien si se postulara a la presidencia obtendría el 5,4 por ciento de los votos contra el 22 por ciento de Luiz Inácio Lula da Silva, situado en el primer lugar de la lista de potenciales candidatos.

Esos son los números importantes de la primera encuesta publicada luego de que Temer irrumpió en el Palacio del Planalto el 12 de mayo en reemplazo de la presidenta electa Dilma Rousseff, suspendida de su cargo mientras se le sustancia un juicio político en el Senado presidido por el poderoso Renán Calheiros.

El trabajo de campo de la consultora MDA concluyó el domingo 5 de junio cuando el público aún no había tomado conocimiento de que cuatro correligionarios de Temer, tienen pedidos de prisión emanados de la Procuraduría General de la República.

En tren de hacer especulaciones cabe sostener que si la encuesta hubiera terminado ayer, luego de conocida la noticias de los pedidos de detención, el apoyo del gobierno sería aún menor que el 11,3 por ciento registrado el domingo pasado.

Porque este nuevo escándalo envuelve a las principales espadas de Temer que son el titular del Senado Calheiros y el hombre fuerte de Diputados Eduardo Cunha, pertenecientes al Partido Movimiento Democrático Brasileño (PMDB).

Hasta ayer por la noche el Supremo Tribunal Federal no se había pronunciado sobre la detención de los “pemedebistas” solicitada por la Procuraduría pero sí lo hicieron discretamente algunos hombres del gobierno (no hay mujeres en el gabinete) los que manifestaron su preocupación ante el riesgo de que desplomen los pactos que garantizan el apoyo del Parlamento indispensable para la aprobación de las contrarreformas previsional y laboral, así como los votos para que Dilma sea condenada en el impeachment.

Calheiros y Cunha tienen que ir la cárcel, sostiene la Procuraduría, porque se valen de su poder en el Legislativo para protegerse y proteger a sus cómplices de las investigaciones de corrupción en Petrobras.

Ellos están entre los principales beneficiarios del “propinoducto” montado para saquear a la compañías estatal, y si caen en desgracia ya no habrá nadie que pueda esconder lo evidente: el golpe contra Dilma, a quien nadie vincula con la corrupción, fue dado para permitir la impunidad de los corruptos.

Fueron esos mismos dirigentes del PMDB en coludio con el Partido de la Socialdemocracia Brasileña del ex presidente Fernando Henrique Cardozo, los que con discursos moralistas –recordar a Cunha encomendándose a Dios antes de votar el impeachment– exacerbaron el ardor de las manifestaciones masivas convocadas para pedir la cabeza de la presidenta finalmente separada del cargo hasta que concluya el juicio político.

Traiciones

“En el Planalto temen que el pedido de prisión del senador Renán Calheiros afecte la votación del impeachment” escribió Estado de San Pablo. “De acuerdo con interlocutores directos de Temer éste ha sufrido chantajes explícitos” de senadores que piden favores políticos a cambio de votar por la condena a Rousseff, publicó ayer Folha de San Pablo.

Uno de los que podría traicionar a Temer es el ex jugador y ahora senador Romario, que anunció su posible cambio de posición y eventual voto por la exculpación de Dilma. Claro que Romario al igual que otros congresistas de su tipo adoptan posiciones por conveniencia, y según trascendió, el ex crack podría volver a las filas golpistas si recibe cargos para sus seguidores en en empresas estatales.

Ocurre que las lealtades hacia el gobierno de excepción comenzaron a flaquear conforme su desempeño demostró ser un fiasco no obstante contar con la venia de los banqueros, los medios convencionales y la patronal industrial. Temer recibió ayer el apoyo renovado de decenas de empresarios encabezados por Paulo Skaf, el jefe de la Federación de Industrias de San Pablo, cuya sede en la Avenida Paulista sirvió de el “fortín” donde acamparon y recibieron alimentos e activistas neocons en su cruzada contra el gobierno democrático (ver recuadro).

Algunos de esos grupos de extremistas convocaron a una movilización por la condena de Rousseff para el próximo 31 de julio en vísperas del inicio de los Juegos Olímpicos que será el 5 de agosto.

Será un test para medir la fuerza de la marea antipolítica que al parecer ha perdido empuje debido a la frustración causada por la flamante administración.

La encuesta presentada ayer por la agencia MDA indica que el 50,3 % de los brasileños apoyan la convocatoria a elecciones anticipadas, una idea que comienza a ganar cuerpo entre sectores del Partido de los Trabajadores y esta semana volvió a ser respaldada por la dirigente ambientalista Marina Silva, que tiene el 16 % de intenciones de voto.

Mañana el PT, la Central Unica de los Trabajadores y los movimientos populares realizarán una protesta nacional contra el golpe. Contarán con el apoyo importante de la Federación Unica de los Petroleros, que realizarán un paro de 24 horas en repudio del gobierno “intruso” y contra la nueva conducción de Petrobras confiada a Pedro Parente, un ex funcionario del gobierno de Cardoso.

“Pedro Parente llegó avisando a las multinacionales que les entregará miles de millones de barriles de petróleo” como parte de la política desmonte de la petrolera estatal, denunciaron en la noche de ayer los dirigentes de la FUP al justificar la medida de fuerza del viernes.

Se espera que Dilma viaje ese día para encabezar un acto con intelectuales en San Pablo.

Lo hará posiblemente en un avión costeado por el PT, luego de que la Presidencia restringió los vuelos en jets de la Fuerza Aérea a los que tiene derecho como jefa de Estado. Además de restringir los movimientos de Dilma el Gabinete de Seguridad Institucional, a cargo del general Sergio Etchegoyen, comenzó a realizar inteligencia sobre el PT, denunció el diputado de ese partido Paulo Pimenta.