El intendente de Añelo, Darío Díaz, se refirió a la situación de la localidad, que es el corazón productivo de Vaca Muerta, en el contexto de la crisis del sector hidrocarburífero. Aseguró que hay que esperar "hasta marzo o abril" para "ver cómo marcha la actividad". Y agregó: "Siempre decimos hay una paz social tensa, en cualquier momento se rompe".

El intendente reconoció que el gobierno municipal tiene "una preocupación importante, más que nada por el parate de obras. Algunas han terminado, otras arrancan de nuevo. Directamente todo lo que es la actividad petrolera está paralizada, el secretario general del gremio y el gobernador están haciendo todo lo posible para que se mantenga y no se despida gente", dijo Díaz.

A fines de enero pasado cuarenta empresas de servicios especiales presentaron un pedido de preventivo de crisis. Desde el sindicato se informó que estaban en jaque 1.500 puestos de trabajo. El 2 de febrero el gremio suscribió un acuerdo con las cámaras de la industria que congeló despidos por noventa días, y estableció un régimen de rotaciones para los trabajadores suspendidos, quienes percibirán una suma equivalente al 50% del salario neto.

"Se sienten las reducciones de salario en la actividad comercial principalmente, pero Añelo todavía no está sufriendo el impacto fuerte del declive. Tenemos un grupo de desocupados que estamos tratando de que ingresen a algunas obras, serán entre cuarenta y cincuenta personas. Si persiste está situación seguro que vamos a tener problemas, pero no es tan grande todavía el desastre. Estamos expectantes para ver si mejora el precio del gas", afirmó el jefe comunal. Para Díaz "ha bajado un poco la actividad, pero es incesante el tráfico todavía. Si se cae el proyecto de Vaca Muerta quedamos con un vacío social muy grande", reconoció.

Ayer se hizo efectiva la presentación de la acción de inconstitucionalidad que impulsan diputados de la oposición, ante el Tribunal Superior de Justicia (TSJ), respecto del decreto que firmó el exgobernador Jorge Sapag, por el cual se creó un fideicomiso con las tierras fiscales de Añelo y Pehuenches. Los legisladores consideraron que es violatorio de la Constitución nacional y provincial. Denunciaron además que el decreto colisiona con facultades indelegables de la Legislatura e interfiere con la autarquía del Consejo Provincial de Educación para fijar su presupuesto, entre otros aspectos.

Díaz opinó: "No nos consultaron, me parece un buena alternativa si esos fondos que se van a originar en las tierras fiscales de Vaca Muerta, se distribuyen en obras de infraestructura que necesitan tanto el departamento de Añelo y Pehuenche. Porque si lo reparten como la coparticipación, estamos totalmente en desventaja".