El tema ambiental ocupa un espacio preponderante en la Defensoría del Pueblo

El doctor Anselmo Sella, adjunto I del Defensor del Pueblo de la Nación destacó el espacio que ocupa las cuestiones ambientales en la Defensoría, luego del acto de apertura del Seminario "La defensa de los derechos ambientales: Una visión plural", que organiza el mencionado organismo nacional junto al Colegio de Abogados y Procuradores de la provincia de Jujuy.
En un diálogo exclusivo con El Libertario.com Sella aseguró que las cuestiones y denuncias recibidas en los últimos años "ocupan un espacio preponderante, dentro de la actividad de la Defensoría del Pueblo de la Nación, a tal punto que se ha creado en el año 2005 un área específica, que únicamente se dedica a la cuestión ambiental, que es el área de medio Ambiente y Desarrollo sustentable que preside la doctora Cristina Maiztegui", primera expositora del día de ayer.

"Nombrar las cuestiones ambiéntales sería largo, pero puedo enumerar algunas: La contaminación gravísima e histórica de la cuenca Matanza – Riachuelo, entre la provincia de Buenos Aires y la ciudad de Buenos Aires, que afecta a cuatro o cinco millones de personas que viven en la cuenca es un tema", puso como primer ejemplo.

Explicó que "la contaminación del Río Reconquista, también en provincia de Buenos Aires, es otro tema". Acerca de la contaminación del Río Salí, que nace en Salta, pasa por Tucumán, Santiago del Estero y llega a Córdoba, señaló que "también provoca afectaciones graves. Las Termas de Río Hondo, en determinados meses del año, prácticamente no se puede estar -remarcó- no se puede utilizar por el grado de contaminación que tiene".

Acerca de la intervención de la Defensoría en la provincia de Jujuy, recordó que "estamos interviniendo activamente en la cuestión de la industria Metal Huasi, que dejó muchos residuos de metales en Abra Pampa. También estamos empezando a intervenir en el tema de la explotación hidrocarburífera en el Parque Nacional Calilegua, donde hay un conflicto sobre quién está primero, si es el huevo o la gallina, porque el Parque es posterior a la instalación de los pozos petrolíferos".

"También se intervino en la cuestión de las industrias de Palpalá y se está interviniendo globalmente en la cuestión de la probable contaminación en Ledesma, fundamentalmente del aire", precisó.

Entre otros temas Sella mencionó la cuestión de los PCB de los transformadores de electricidad, la contaminación visual y la contaminación electromagnética. Sobre este último punto resaltó que "aunque no está acreditada, por un principio precautorio se intenta remover las antenas de telefonía celular que están ubicadas en zonas muy densamente pobladas".

"Se van investigando y se intentan ir encauzando. En general se lo hace en colaboración con organizaciones no gubernamentales, con asociaciones civiles que están interesadas en avanzar sobre estos temas y además involucran la participación ciudadana, que es importante, porque legitima el accionar en consecución del cumplimiento de los derechos", especificó.

En relación con la permeabilidad del Estado a los reclamos realizados por el Defensor del Pueblo de la Nación, la participación directa del primero en temas relacionados con la contaminación ambiental y el respeto a las leyes por parte de los privados, Sella remarcó que el Estado "lo que hace es contaminar por falta de control, contamina por omisión. Hay una suerte de negligencia en el accionar de determinados niveles estatales, que habilitan industrias que no corresponden, o no controlan que los vertidos industriales estén dentro de las normas, porque las normas existen, tanto nacionales como provinciales. El problema es el control sobre su cumplimiento".

"Pero en general -señaló- cuando al Estado se le plantea la necesidad de salvaguardar derechos humanos o derechos ambientales, los funcionarios son permeables a coadyuvar con esta actividad".

Sobre la situación actual, planteada en torno al último tarifazo del gas, Sella precisó que "hubo un bimestre, que es el de junio y julio, en el cual el gobierno decidió no cobrar el incremento". Pero recordó que para el bimestre "agosto y septiembre, las autoridades nacionales decidieron cobra solamente el treinta por ciento, de manera que el cargo tarifario va a retornar para el bimestre octubre – noviembre y va a ser muy gravoso".

"Desde la Defensoría nacional insistimos en que es necesario que se derogue o se anule, porque es ilegítimo, es inconstitucional. Así lo han declarado, aunque provisionalmente porque ha sido en medidas cautelares, ocho o nueve jueces federales en diferentes provincias, entre ellas Jujuy, Tucumán, Salta, San Luis, algún juez de Río Cuarto, Chubut y además muchos jueces de partidos de la provincia de Buenos Aires, como el partido de Escobar, el partido de Pilar, la ciudad de Tandil, el partido de General Pueyrredón, lo que indica una tendencia jurisprudencial a considerarlo como efectivamente ilegítimo e inconstitucional", enfatizó.

Finalmente recordó que "en el orden nacional, la Defensoría ha interpuesto una acción judicial que no ha tenido hasta ahora un resultado favorable, está en una cámara de apelaciones, a la espera de una decisión".

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