Técnicos de la UNCuyo ya estudian la vía para reestatizar Obras Sanitarias

Sería a mediados del 2010, mediante la caducidad del contrato firmado en los 90. Sigue la tendencia nacional.
Sin tener demasiado claro cuál es la inversión necesaria para prestar un servicio eficiente y con el borrador de alguna estrategia jurídica en danza, el círculo íntimo de Celso Jaque está analizando la posibilidad de reestatizar el servicio de agua potable y cloacas a mediados del 2010. Para esto se espera el informe final de una auditoría económica y financiera que se le ha encargado a la Universidad Nacional de Cuyo y en la que ya comenzaron a trabajar 10 técnicos. Se espera que el trabajo concluya en el 2010, y entonces puedan decirle al gobernador cómo y cuánto costará volver a un modelo de empresa estatal.

La primera etapa de la intervención decretada por 180 días vence en enero pero en el Gobierno manejan la posibilidad de pedir una prórroga por 3 meses más y, a partir de ese momento, estudiar el modelo jurídico con el que pretenden dar forma a una nueva empresa estatal para manejar el servicio de aguas y cloacas. Esto se dará empujado no sólo por la presión social que amenaza con nacionalizar el conflicto, sino por la política que viene de la mano de los intendentes.

El fin de las concesiones se puede ver en varios servicios a nivel nacional y los mismos modelos podrían aplicarse en el caso de Obras Sanitarias. Varios son los métodos para que el Estado vuelva a tener protagonismo: crear empresas (como el caso Enarsa), quitar las concesiones (Correo Argentino y Aguas Argentinas) o ampliar o irrumpir en la composición accionaria. Entre las 3 opciones que tiene el Estado mendocino, los técnicos se inclinan por la caducidad del contrato, basada en los incumplimientos y, para esto, no se necesita autorización legislativa. Esto es porque una de las cláusulas que se aprobó en la ley que originó la concesión a fines de los 90 estipulaba que por reiterados incumplimientos podía caer la concesión sólo bajo pedido del concedente (Poder Ejecutivo). A partir de la quita del contrato deberá fijarse si la composición accionaria es 100 por ciento estatal o con una minoría de capitales privados.

Francisco Pérez, ministro de Infraestructura, comentó que la auditoría entra ahora en la segunda etapa, que es la económica- financiera y que deberá aconsejar sobre la decisión política a tomar. El trabajo está siendo coordinado por José Luis Puliafito, ex miembro del directorio del Ente Provincial de Aguas y Saneamiento, mientras Rodolfo Lafalla encaraba la ola privatizadora que se extendía por todo el país bajo el paraguas de que las empresas en manos del Estado nunca son rentables. El especialista confirmó a El Sol que el equipo está compuesto por ingenieros sanitarios, civiles, administradores de empresa, contadores y economistas. Son 6 coordinadores y todos contarán, al menos, con un auxiliar de campo. Ellos serán los encargados de elaborar un plan estratégico para presentar al Consejo Asesor y, como era de esperar, la decisión final la tomará el gobernador.

Pérez no quiso revelar si hay diálogo con alguno de los accionistas de la empresa -que manejaron la firma durante 12 años registrando niveles de desinversión que llegan hasta el 100 por ciento de lo prometido- por lo que no se sabe si hay intención de retomar algún tipo de voluntad de quedarse con el servicio o entregarlo antes de tiempo.

El ministro no quiso adelantar una postura política y dijo que sea cual sea la composición, la provincia no debe dejar de invertir en las obras necesarias para sostener el sistema. "Será el gobernador quien decida cómo será la nueva figura legal, yo hoy debo ocuparme de gestionar todas las obras necesarias", respondió a El Sol mientras anunciaba un importante plan para detectar el cáncer de mama precoz entre los empleados de su ministerio.las obras. Ayer por la tarde hubo una nueva reunión en la sede de la empresa, sobre Belgrano, con técnicos del Ministerio de Infraestructura para delinear un plan de obras urgente en el que se trabajará, en el marco del plan de emergencia decretado por Jaque este miércoles.

Pérez confirmó que por la urgencia se está trabajando en la adquisición de seis filtros para descomprimir la planta potabilizadora Benegas, mientras se hace la ampliación. Además, estos mismos filtros servirán, una vez ampliada la plata, para incrementar la producción de otras.

Ese equipo técnico piensa en un programa para llegar al 2010 sin caer en el colapso total del sistema, teniendo en cuenta que el problema no es sólo de la calidad o cantidad del agua, porque los colectores cloacales muestran signos agudos de colapso.

Pérez reveló que los fondos para las obras urgentes serán logrados a través del derecho de retención de exportación de la soja, mientras que las que deben realizarse a largo plazo se destrabarán una vez que la Legislatura dé vía libre definitiva a la autorización para el endeudamiento pretendido por Jaque.

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