Consultado por los ediles el Director General de Movilidad Urbana Guillermo Iglesias, que asistió para abordar el temas vinculado con la implementación de la tarjeta SUBE, aclaró que “la estructura de costos que ellos realizan no es similar a la nuestra, por ejemplo la radio (abono anual $ 12.500) no es imprescindible , nosotros no la tomamos como costo al igual que los costos de la cochera ($ 8500 por año) , que nosotros interpretamos como optativos porque no son necesarios para la prestación del servicio”.

Por su parte, el concejal renovador Hernán Alcolea, sugirió que se incorpore al estudio de costos “los 90 o 110 pesos mensuales de abono por el GPS, porque es lógico que sí se les exige una prestación más, esté incluida dentro del costo”.

Iglesias coincidió con el criterio propuesto por Alcolea, que fue también respaldado por el concejal del Frente para la Victoria, Fernando Maraude.

“Hay un costo fijo anual de 8.500 pesos de cochera, que serían 700 pesos por mes, y el GPS, con todo el revuelo que se armó son 100 pesos por mes. De modo que en la ecuación prácticamente no existe”, opinó Maraude.

En consecuencia, la incorporación del abono mensual por el servicio de GPS a la ecuación económica para establecer el reajuste tarifario, implicaría resolver el dilema planteado por la oposición de la Federación Nacional de Conductores de Taxis, Titulares Independientes, y Peones de Taxi a la normativa que establece la obligatoriedad del Sistema de Posicionamiento Global (GPS).

Dicho en otras palabras, los ediles se sacarían el dogal del cuello antes de los 180 días establecidos para dirimir la obligatoriedad u optatividad del GPS, y el usuario sería una vez más, después de tantas idas y vueltas, el pato de la boda absorbiendo el costo del abono por el servicio de GPS.