Con la tarjeta social, los sectores humildes cuentan con un ayuda económica del Gobierno de 150 pesos para comprar los productos básicos para alimentarse, los cuales están dentro de un listado de cumplimiento obligatorio. Sin embargo, hay casos en que los beneficiarios la utilizan para adquirir hasta cigarrillos y bebidas alcohólicas, según manifestó el dirigente social Alejandro Gangitano, al igual que algunos empleados y clientes de 4 supermercados y almacenes. Inclusive la directora de Políticas Alimentarias del Ministerio de Desarrollo Humano, Mabel Morales, reconoció que hay gente que se lleva esos artículos no permitidos. El control del programa se hace con un sistema que no ofrece 100 por ciento de efectividad, aunque los registros oficiales dicen que entre el año pasado y este se dio de baja a más de 300 beneficiarios por abusarse en el uso de la tarjeta.

Para evitar ese tipo de maniobras, la cartera social realiza relevamientos con los beneficiarios y les pide los ticket de todas las transacciones que hicieron en el último mes con la tarjeta para verificar qué compran. El punto débil del sistema es que hay almacenes y mercados chicos que emiten los comprobantes sin el detalle de cada producto, sino que figura un rubro general como comestibles, verdura o limpieza, lo que se presta a que dentro de estos ítems se agreguen aquellas mercaderías no estipuladas. “Puede pasar”, dijo la funcionaria, quien agregó que en esos casos no se puede hacer un control tan específico. En ese sentido, realizan entrevistas con los beneficiarios en las que han enumerado las cosas que han comprado y estaban fuera de lo establecido. De todas formas, admitió que dependen de la voluntad de la gente.

La tarjeta social comenzó a implementarse en agosto de 2008 y apunta a que las familias más vulnerables socialmente puedan adquirir la mercadería para luego comer en casa, en donde estén todos los miembros reunidos. Se trata de una política de Estado que impulsó la Nación y que el Ejecutivo local también ha puesto en práctica, la cual tiene como objetivo consolidar y ayudar al grupo familiar. El plan tiene una financiación mixta. De los 150 pesos que tiene cargados la tarjeta al mes, la gestión kirchnerista aporta 90 pesos, mientras que la provincia pone el resto. El plan actualmente cuenta con 16.800 beneficiarios, según resaltó Morales. En base a esos números, la inversión al mes es de 2.520.000 pesos, en la que el Gobierno nacional destina 1.512.000 pesos, es decir, el 60 por ciento. Ese es otro punto clave del programa ya que inyecta ese dinero a un sector que lo destina al consumo, lo que alimenta el circuito comercial. Para operar con el sistema, los negocios deben tener un posnet por donde se pasa el plástico y se registra la transacción. Los comercios adheridos en toda la provincia son 180, entre los que se encuentran los grandes súper (Hiper Libertad, Átomo, Macro y Vea) y los medianos y pequeños mercados.

En el primer paso del mecanismo de compra, son los cajeros de cada negocio los que controlan que el cliente no se lleve artículos que no están contemplados en la lista que fijó el Ejecutivo local a través de un decreto. En la canasta están contemplados los alimentos de primera necesidad, esto es, todos los cortes de carne, verduras, fideos, lentejas, arroz, harina, aceite, azúcar, arvejas, leche, queso y lácteos.