La tarjeta que pagarán otros

Por Néstor Scibona

De tanto buscar enemigos en la vereda de enfrente para escarmentarlos, el kirchnerismo se ha olvidado del efecto negativo que produce su propia tropa. Haber frenado a tiempo el acto de apoyo que iban a encabezar esta semana Hugo Moyano y Luis D?Elìa fue apenas la excepción a la regla. Un reflejo de lucidez que evita por ahora polarizar aún más a la sociedad, pero que deja intacta la desconfianza en el Gobierno, acentuada por la discrecionalidad de sus decisiones y el protagonismo de figuras que sólo hablan con el lenguaje de la confrontación.

Una cosa son las palabras y otra, los hechos. El plan "Trabajo para todos" cuesta dos veces y media más (1500 millones de pesos anuales) que el "fútbol gratis para todos" (600 millones) y en realidad no guarda relación con este subsidio oficial a la AFA para encubrir por diez años el desmanejo de los clubes de fútbol profesional. Pero en su diseño y falta de reglas hay un germen de desestabilización mucho mayor al que podría surgir de muchas declaraciones de la oposición. Se trata de un fenomenal incentivo para el clientelismo político. No sólo porque los sueldos ofrecidos (1350 pesos netos) multiplican por seis el monto de los desactualizados planes sociales, que no se habían ajustado ni en lo peor de la estanflación de este año. También porque, a menos de que se demuestre lo contrario, las cooperativas de trabajo comunitario no son tales; ni los 100.000 puestos de trabajo formales prometidos se asignan a través de ningún mecanismo conocido de prioridad, necesidad, mérito o exigencia. De ahí que estos fondos nacionales se conviertan en un virtual botín, disputado por intendentes del conurbano bonaerense a través de sus punteros políticos y organizaciones piqueteras, ya sea aliadas o enfrentadas al Gobierno. La pelea es entonces por plata y no sólo por diferencias ideológicas, como las que enfrentan a la CGT y la CTA, alentadas también simultáneamente por el oficialismo. Y, según se avance en su instrumentación, se extenderá a otros grandes conglomerados urbanos del interior. Más que aquietar las protestas callejeras, justificadas por la presidenta Cristina Kirchner, el plan amenaza incentivarlas: los beneficios sólo se consiguen bajo presión.

Otro problema es que estos programas tienden a perpetuarse en el tiempo. ¿Alguien puede suponer que en 2011, año electoral, esta partida presupuestaria tenderá a reducirse? Más bien parece una forma indirecta de agregar otros 100.000 trabajadores al sector público, que en los últimos seis años incorporó a 800.000 agentes, según cálculos de FIEL.

Sin embargo, la magnitud de estos subsidios es insignificante con relación al costo (10.000 millones de pesos anuales) de la asignación de 180 pesos mensuales que, a partir de diciembre, pagará la Anses a los hijos menores de 18 años de desocupados y trabajadores en negro. Según los anuncios oficiales, alcanzará a 5 millones de jefes de familia; cifra que, de confirmarse, también echará por tierra las estadísticas del Indec sobre los alcances de la pobreza en la Argentina. De la transparencia con que se instrumente este necesario, pero improvisado plan, que el oficialismo le arrebató sorpresivamente a la oposición y ahora prepara contrarreloj, dependerá no sólo ahuyentar sospechas de clientelismo político sino aumentar su impacto sobre la economía. De hecho, equivaldría a 0,5/0,7% del PBI, que los sectores más pobres volcarán al consumo de productos de primera necesidad.

La contrapartida es que este beneficio será financiado por los futuros jubilados, ya que provendrá de la renta de los ahorros confiscados a los aportantes de las AFJP. Así se reedita una experiencia similar a la de 2007, cuando los actuales jubilados contribuyeron a solventar la moratoria que permitió que más de 1,5 millones de personas accediera a la jubilación mínima, y que colocó en una inequitativa igualdad de condiciones a quienes aportaron toda la vida con aquellos que nunca lo habían hecho. El costo de esta última medida aumentó el gasto previsional en no menos de 15.000 millones de pesos anuales (a valores de 2008), que es cubierto con aportes e impuestos nacionales. El problema es que a largo plazo el actualmente superavitario sistema estatal volverá a acumular déficits crecientes: según cálculos de FIEL, ello ocurrirá dentro de 25 años. Mala noticia para los actuales aportantes con edades inferiores a los 40 años.

Mucho antes en el tiempo, la Argentina deberá resolver el problema de los subsidios a las tarifas de transporte y energía, que en 2009 superarán los 30.000 millones de pesos anuales, según la consultora Ecolatina. Aquí, el problema es que también habrá que prever cómo aumentar la inversión (pública o privada) en infraestructura, que sólo en energía se calcula en no menos de 16.000 millones de pesos anuales a valores actuales. Paradójicamente, la Secretaría de Energía acaba de lanzar un difuso Programa Nacional de Obras Hidroeléctricas, que prevé contratos que permitirían el repago de la inversión y el financiamiento, mientras el Poder Ejecutivo envió al Congreso la prórroga de dos años de la ley de emergencia económica, que lo faculta a modificarlos sin previa aprobación legislativa.

Récords preocupantes

El común denominador de estas y otras decisiones unilaterales es que el gobierno K vino colocando cada año en un escalón más alto el nivel del gasto público, que ya supera todos los récords históricos (con más de 35% del PBI), como si utilizara una tarjeta de crédito sin límite de compra. Primero cubrió esta escalada con una presión tributaria récord (cercana al 30% del PBI), acompañada de una inflación de dos dígitos anuales y luego con la estatización de la jubilación privada, hasta que en 2009 se evaporó el superávit primario. Ahora busca, para seguir aumentando el gasto, habilitar un cupo de financiamiento en los mercados aprovechando la alta liquidez mundial.

El problema es que los costos políticos de este desborde fiscal, y también los de corregir las distorsiones que se han venido acumulando, serán endosados a futuros gobiernos. Y que el sector privado no desconoce que, a falta de horizonte político, la perspectiva a mediano plazo es preocupante, por más que en 2010 el mundo y una cosecha récord de soja vuelvan a ayudar a la economía a salir del pozo. Por ahora, la permanente confrontación política, la vuelta a los eslogan de los 70 y los avances del Gobierno sobre las empresas hacen que las encuestas de expectativas reflejen ese clima de desconfianza y cautela: si bien la mayoría prevé una mejora en las ventas para el año próximo, pocas se atreven a aumentar inversiones y puestos de trabajo. O sea, no descartan un retorno a las viejas políticas de viaje ahora y pague después.

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