El Partido Justicialista (PJ) local decidió sumarse a la recolección de firmas contra los fuertes incrementos en el servicio de energía eléctrica, como parte de una propuesta partidaria a nivel provincial que busca alcanzar un millón de avales para lograr la convocatoria a una audiencia pública. A través de un comunicado, el PJ de Luján opinó que las subas constituyen una “ilegalidad” que perjudica a los sectores sociales que más necesitan el acompañamiento del Estado.

La campaña también apoya y adhiere a la iniciativa impulsada por legisladores bonaerenses del Frente para la Victoria, quienes presentaron un recurso de amparo para dejar sin efecto las resoluciones gubernamentales mediante las cuales se adoptó el aumento.

Explicaron que “estas acciones del peronismo bonaerense se basan en la convicción de que el presidente Macri está tomando decisiones muy claras” destinadas a imponer “un techo a los aumentos salariales para que éstos se sitúen por debajo de la inflación y aplica un aumento brutal en las tarifas de servicios públicos esenciales, como los de electricidad y gas”.

Desde la óptica del PJ, los nuevos esquemas tarifarios “perjudican a las familias trabajadoras y a los más humildes, a las pequeñas y medianas empresas, así como a los pequeños comerciantes locales”.  

“Nadie cuestiona el derecho a gobernar de las autoridades nacionales, que para eso han sido elegidas democráticamente. Lo que se discute cada vez con más fuerza, y esto ya se nota en la comunidad bonaerense, es el carácter socialmente injusto y hasta ilegal de algunas medidas, como el aumento de tarifas eléctricas que impone este gobierno. Se trata precisamente de eso, una medida ilegal que implica un deterioro social para quienes más necesitan el acompañamiento del Estado”, se precisó.   

El PJ destacó que las decisiones gubernamentales en torno a los valores de tarifas fueron tomadas sin habilitar instancias de participación de los usuarios, por ejemplo audiencias públicas.

En otro tramo del comunicado marcaron que el ministro de Energía de la Nación, Juan José Aranguren, adelantó que a pesar del tarifazo “continuarán los cortes del servicio eléctrico, por lo menos durante dos años más”.

“Es decir que las inversiones empresarias estarán financiadas con el aumento a los usuarios y no al revés. Primero cobran el aumento, luego invierten. Por esos motivos, convocamos a la comunidad de Luján a movilizarse y exigir que se anule el brutal aumento de las tarifas de electricidad, emprendiendo un camino que le otorgue legalidad, legitimidad y equidad social al nuevo cuadro tarifario”, planteó el PJ.

PLANTEOS

A modo de propuestas se planteó, en primer lugar, la convocatoria a una audiencia pública como mecanismo de “formación de consenso de la opinión pública respecto de la juridicidad y conveniencia del obrar estatal, de testear la reacción pública posible antes de comprometerse formalmente a un curso de acción”.

En otro punto se propusieron modificaciones en la tarifa social, una categoría cuyo alcance resulta “insuficiente”. Como argumento, el PJ marcó que “sólo cubre 150kwh. por mes”.

“Según informa la propia empresa EDENOR, una heladera hogareña convencional, de 150 watt de potencia, consume 0,063 Kwh. por cada hora de funcionamiento; eso significa un consumo de 45,36 Kwh. al mes. Por ese motivo, es imprescindible elevar la tarifa social a, como mínimo, 300 Kwh. mensuales”, argumentaron.

Se reclamó también gradualidad en los incrementos, ya que “la actualización del cuadro tarifario no puede aplicarse de manera violenta y grosera, sino de forma equilibrada, distribuyéndose gradualmente en el tiempo para que vaya acompañando la evolución de los salarios e ingresos de las familias”. 

Se pide un tratamiento especial a usuarios electrointensivos y electrodependientes de familias trabajadoras y humildes, es decir, aquellos hogares que al no contar con gas de red estructuran la calefacción, el agua caliente y la cocina a través de la electricidad. En muchos de esos casos se agregan bombeadores eléctricos para contar con agua.

La lista plantea la necesidad de “cuidar a las pymes y a los pequeños comerciantes locales”, mediante un régimen atenuado de actualización tarifaria para las pequeñas y medianas empresas, “que son las que sostienen casi 8 de cada 10 puestos de trabajo en todo el país, del mismo modo que debe atenderse a los pequeños comerciantes locales, asignándoles condiciones tarifarias que les permitan competir con las grandes cadenas”.

Como cierre del punteo de iniciativas, el PJ reclamó el “tratamiento diferencial a escuelas, centros de salud y organizaciones de la comunidad” y exceptuar de los aumentos al servicio de alumbrado público.

“En síntesis, no puede aceptarse el brutal aumento de tarifas eléctricas que implementa el gobierno nacional, porque es ilegal, ilegítimo e inequitativo. Por lo tanto, debe ser anulado de inmediato”, expresó el PJ local.