Con la mirada puesta en que la economía se encarrile y no sumar ruidos adversos, las empresas relacionadas con las tarifas de gas y electricidad, desde las petroleras hasta las distribuidoras, todavía guardan silencio frente a persistentes declaraciones del ministro de Energía, Javier Iguacel, sobre un cambio en las reglas de juego dispuestas en los últimos dos años, pero no parecen dispuestas a ceder lo que lograron. El funcionario viene insistiendo en que habrá licitaciones de gas y que esto conducirá a una reducción en el precio del producto. A veces habla de licitaciones de gas solo de Cammesa y en ocasiones extiende ese criterio a las compras que realizan las distribuidoras.

Según su opinión, habrá excedentes de gas en verano y esto derivará en un menor precio para la temporada estival, de modo que con contratos de largo plazo entre compradores y vendedores, se lograría un descenso del precio promedio del producto durante todo el año. A partir de esa premisa, Iguacel calcula que las tarifas de gas solo deberán tener en octubre un aumento del 25% originado en el ajuste por precios mayoristas (IPIM) de los ingresos de transportistas y distribuidoras. Con la electricidad el ministro es menos claro: cuando habla de un alza inferior al 30% no se sabe si se refiere al precio mayorista de la energía que el Gobierno nacional define para todo el país, o del ajuste por índices de inflación en los márgenes de Edenor y Edesur.

En relación al gas, en el sector empresario reconocen dos problemas. En primer lugar, las petroleras facturan el gas a las distribuidoras en dólares según el tipo de cambio a la fecha de la venta. Pero en las tarifas que pagan todos los consumidores, el valor del gas está calculado actualmente a un dólar de $20,61, según decidió el Enargas en las resoluciones que pusieron en vigencia los cuadros tarifarios el 1 de abril. A un dólar de $28, la diferencia es de alrededor del 36% en el valor del producto, que las distribuidoras adeudan a las petroleras por el gas de los meses de mayor consumo del año.

Según trascendidos del ENARGAS, las distribuidoras y las productoras deberían negociar qué hacer con esa deuda de modo de no trasladarla a los consumidores. Pero de acuerdo a lo que se escucha en las empresas, esto iría en sentido contrario a las resoluciones del organismo según las cuales cualquier diferencia que se pudiera producir como consecuencia de variaciones en el tipo de cambio, será contemplada en el próximo período estacional.

Si no se puede hacer el traslado a tarifas, las petroleras irán intimando a las distribuidoras por la deuda, y éstas presionarán al ENARGAS para que se reabran los contratos de la revisión tarifaria integral y se adecuen las obras comprometidas hasta 2021 al flujo real de fondos de cada firma. Y en último caso, como ya empieza a verse, demorarán el cumplimiento de las inversiones previstas.

Hay además un segundo problema. Iguacel espera que en el verano y el invierno próximo el valor del gas se mantenga como en este invierno a alrededor de u$s4,68 por unidad. Pero las distribuidoras ya tienen firmado contratos de suministro con las petroleras por el 50% del gas que necesitan hasta octubre de 2019, a los valores que había fijado Juan José Aranguren en la tablita de escalonamiento. Así para octubre de este año, el precio pasa a un promedio de u$s5,20.

Aparentemente el Gobierno busca que petroleras y distribuidoras renegocien esos contratos y fijen nuevos términos, pero ninguna de las dos partes parece dispuesta a aceptar la indicación.

Este forcejeo se da en un contexto donde el gas excedente en verano es poco y depende en su mayor parte, de una sola área: la de Tecpetrol en Vaca Muerta que Iguacel también prometió exportar a Chile. Por lo cual con escaso excedente y contando el resentimiento por parte de YPF y otras petroleras por no haber podido entrar en el régimen de precio subsidiado que ideó Aranguren para Vaca Muerta a u$s7,50 por unidad (al cual sí entró Tecpetrol) , no se visualiza cómo puede bajar el valor del gas al público.