Tarifaria, presupuesto y coparticipación marcaron la agenda del Parlamento

Esos fueron algunos de los principales temas que generaron duros debates en la Cámara. El oficialismo debió lidiar con el rigor de la oposición para poder lograr la sanción de las principales leyes reclamadas por el Ejecutivo. La distribución de los ingresos de coparticipación a los municipios abrirá la discusión del periodo de sesiones de 2010.
USHUAIA.- El escenario legislativo adquirió un papel más que importante en el devenir de la cotidianeidad de los fueguinos en el año que acaba de culminar. Es que si de espacios de mediación se trata, el Parlamento fue adquiriendo con el transcurrir de los meses un rol protagónico, al momento de marcar el rumbo de una provincia.

Ante conflictos gremiales, sectoriales, paros, movilizaciones, carpas, denuncias de todo tipo que se concretaron durante el año pasado, y que no hallaron viso de solución en ámbitos gubernamentales, las circunstancias obligaron a la Cámara legislativa a ocupar un sitio de garante de la paz social.

Esto se dio en un año cargado de cuestiones que sobrepasaron el ámbito territorial; y solo hace falta dar cuenta de la gripe A y de la crisis económica y financiera que azotó a la mayoría de los países.

Y tales situaciones no deben quedar fuera del análisis que se haga del año que se acaba de despedir, dado que en múltiples ocasiones las decisiones políticas emanadas de la Administración arista contaron con argumentos sustentados en tales circunstancias.

Ya adentrándonos en las relaciones marcadas entre el Poder Legislativo y el Gobierno del ARI, cabe recordar los cruces políticos generados ante la puesta en marcha de leyes que para la actual administración contaban con suma importancia con el objetivo de recuperar las alicaídas arcas fueguinas.

El constante reclamo de los funcionarios del ARI se centró en solicitar la sanción de la cuestionada ley tarifaria, y por otro lado cifraron expectativas en contar con un presupuesto sancionado que los dotara de herramientas que les permita acceder a planes de financiamiento que administran el gobierno K.

El último día de abril la tarifaria corta perdió vigencia, hecho que abrió la puerta a los cruces políticos entre oficialismo y arco opositor, que acusó al bloque del ARI de no proponer vías que permitieran hallar el consenso necesario para debatir la ley pero desde el fondo del tema.

Cabe mencionar que sectores como el comercio, la construcción y en general desde la actividad privada acudieron al recinto parlamentario para rechazar normas que los perjudicaran con una mayor presión fiscal.. Argumentaron que el desmanejo de los gobiernos era solventado por "los privados".

Ya sin tarifaria corta que impidió el incremento de la recaudación, el Gobierno comenzó un juego que provocó el malestar principalmente de sectores de la Administración pública, porque los sueldos continuaron siendo abonados en cuotas y con cronogramas de pagos que demoraron en conocerse.

Tras la salida de Roberto Croccianelli de la cartera económica y con la llegada del polémico Rubén Bahntje, en medio de múltiples cruces mediáticos a fines de octubre las reuniones entre oficialismo y oposición dieron luz verde a la tarifaria.

No hay que olvidar que las internas que hacen mella en el seno del propio Gobierno dijeron presente en el camino a la sanción de dicha norma. Cuando todo indicaba que los acuerdos políticos habían llegado al tan mentado "consenso", desde un sector de ARI decidieron emitir un informe televisivo por los canales del Estado mediante el cual se intentó perjudicar a los quince legisladores.

Esto provocó un paso atrás en las negociaciones que fueron protagonizadas por el ministro de Gobierno, Guillermo Aramburu y el presidente de la bancada arista, Fabio Marinello. Estas decisiones alejaron todo espacio de consenso e inmediatamente comenzaron a circular versiones que señalaron al vicepresidente primero de la Cámara, Manuel Raimbault, como único responsable de tal acción política.

Por lo bajo, en los pasillos del Parlamento los propios asesores de legisladores del ARI, reconocían las diferencias sustancial que existen en la manera de administrar la provincia que se observan desde los propios oficialistas.

En octubre, por fin la tan buscada tarifaria fue sancionada con la constante negativa del representante del radicalismo, Gabriel Pluis, quien durante todo el año se caracterizó por su "voto no positivo".

Pero la llegada de la tarifaria no colmó las expectativas creadas con su puesta en marcha. El gobierno había prometido comenzar a pagar los salarios en una única vez, hecho que generó en los gremios un aliciente que nunca se concretó.

Por que detrás de la tarifaria se perfiló la búsqueda del presupuesto. La norma sancionada hace algunos días, marcó un punto importante para la actual gestión que luego de dos años de mandato contará con la herramienta que le permitirá desarrollar su administración de manera ordena para luego golpear las puertas de la Rosada en búsqueda de auxilio financiero.

En ese marco, tampoco hay que olvidar el debate abierto en torno al convenio chino, que generó permanentes conflictos entre los bloques en relación a la vigencia y legalidad del acuerdo que el Gobierno firmó con un grupo inversor asiático para la instalación de una planta productora de metanol en el norte provincial. Cabe recordar que finalmente el Superior Tribunal de Justicia consideró inconstitucional la ley que dio luz verde al acuerdo de venta de gas de regalías firmado por la Provincia y el grupo inversor oriental.

Mientras tanto, nos e puede soslayar un tema que por los meses de verano quedará en el olvido pero que adquirirá en no más de dos meses una preponderancia que ocupará los titulares de los medios de comunicación: el debate por la coparticipación.

Todo hace entrever que ese análisis adquirirá diferentes ribetes, porque se transitará un año preelectoral, y a pesar de las negativas que se escucharán no es un tema menor al momento de posicionarse en las arenas políticas fueguinas.

Las aguas están divididas. Por un lado el Gobierno buscará modificar y reducir el porcentaje de la coparticipación que por Constitución debe remesar a las comunas. En ese sentido, desde el oficialismo insisten en remarcar la necesidad de plantear el debate sobre cuales son los servicios que se brindan desde las municipalidades y desde el Gobierno.

Por otro lado, se ubica los intendentes que de manera férrea defenderán los montos que a su entender les corresponden, más allá de que están acuerdo en analizar algunas de las cargas. Es que no están de acuerdo en ceder ni un centímetro en la defensa de las autonomías de las comunas, amenazada por una iniciativa impulsada por el Ejecutivo con apoyo del bloque del MPF.

En rigor, el debate por la coparticipación marcará el inicio de la agenda parlamentaria para el año que comienza.

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