Tarifa solidaria: suspenden 6.294 beneficios

Corresponden a familias con ingresos muy por encima de la línea de pobreza. En total, hay 8.394 casos bajo sospecha.
La Provincia resolvió suspender en forma preventiva el beneficio a 6.294 personas incluidas en el Programa Tarifa Solidaria, un plan que reduce o exime del pago del agua, de la energía y del Impuesto Inmobiliario Urbano.

La decisión se tomó luego de conocer los resultados de un nuevo cruce de bases de datos, realizado por la Secretaría de Promoción y Desarrollo Humano, que depende del Ministerio de Desarrollo Social. La semana pasada, un informe de Canal 12 había revelado la existencia de casos bajo sospecha. El programa, de alcance provincial, se creó al inicio de la actual gestión y absorbió a quienes desde 2006 se beneficiaban con la tarifa social.

"De los 90 mil beneficios, son 8.394 (9,3 por ciento) los que, en principio, están en situación de irregularidad. Ahora hay que validar la información", señaló Alejandra Torres, al frente de la dependencia encargada de depurar el padrón.

La funcionaria reveló que del total de casos sospechosos, 6.294 fueron suspendidos (75 por ciento) en forma preventiva, al considerar que se cuenta con datos suficientes para sostener la probabilidad de una irregularidad. Destacó los casos de una jubilada con haberes por 18 mil pesos y de empleados de empresas con nivel gerencial que también figuran en el padrón.

Hay 2.100 familias restantes a las que se les mantiene el beneficio: esto es porque se presume una variación en la conformación del grupo, por lo que serán entrevistados por un trabajador social. Por lo pronto, el Gobierno está intimando a los involucrados para aclarar la situación. Cuentan, para ello, con un plazo de cinco días hábiles. "Hasta ahora, no vino nadie", dijo Torres, quien agregó que, al no producirse el descargo en tiempo y forma, el beneficio será dado de baja en forma definitiva.

Cruce de datos. La Provincia cruza datos a través del Sistema de Identificación Nacional Tributario y Social (Sintys), que permite acceder al Registro Nacional de las Personas (para verificar fallecidos) y a la Anses, aunque en este caso, la información más reciente corresponde a julio de 2008.

Otras fuentes incorporadas son el Registro de Propiedad del Automotor, la Caja de Jubilaciones y Pensiones, la Municipalidad de Córdoba y otras comunas del interior. "Con las nuevas bases hemos podido investigar, por ejemplo, la posesión de bienes (inmuebles o vehículos)", indicó Torres. La suspensión preventiva abarca a 2.722 personas que trabajan en el sector privado o público y que, además de percibir salarios por encima de la línea de la pobreza, poseen más de una propiedad o varios vehículos a su nombre.

También se detectaron 1.700 fallecidos y 1.188 jubilados y pensionados provinciales con haberes de dos mil a 18 mil pesos; 250 jubilados y pensionados nacionales; 403 empleados públicos provinciales con sueldos por encima de dos mil pesos, y 31 dependientes municipales. Hasta ahora, no hay cifras del perjuicio al Estado. "De ser necesario, un fiscal de turno deberá definir si hay un presunto delito de estafa", dijo Torres, quien se excusó de difundir los nombres de los sospechados bajo el argumento de que aún se están contrastando datos.

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