El oficialismo en la Cámara de Diputados activó ayer, con el guiño del Frente Renovador, un tapón al debate sobre la reducción de las comisiones que se cobran en la actualidad para las operaciones con tarjetas de crédito y débito: en vez de tratar la iniciativa que venía del Senado, impulsó el dictamen sobre un nuevo proyecto que presentó el PRO, en un agitado plenario de comisiones que casi no se realiza por falta de quórum.

De esta manera, el texto podrá ser votado en el recinto antes del 30 de noviembre. De suceder eso, habrá dos proyectos similares sobre un mismo tópico, uno en Diputados y otro en el Senado. Si alguna de las dos cámaras no apura la sanción de alguna iniciativa finalizará el período ordinario, el tema no ingresaría en la convocatoria a extraordinarias del Ejecutivo y la ley quedará para 2017.

En septiembre pasado, el Senado aprobó de manera unánime el proyecto que plantea una rebaja del 3% al 1,5% de los aranceles para transacciones con tarjetas de crédito y la eliminación total en el caso de las efectuadas con débito. En Diputados, el oficialismo primero dilató la discusión hasta llegar al precipicio que representa el fin de sesiones ordinarias.

La Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME) comenzó un operativo presión para acelerar a los legisladores sobre lo votado en el Senado. De hecho, mientras las cámaras sesionaban el miércoles último, la entidad mostró carteles y panfletos fuera del Congreso que culpaban sobre todo al líder del Frente Renovador en Diputados, Sergio Massa, de trabar la iniciativa.

Massa dio señales al PRO para no quedar como quien bloqueaba la ley, pidió una solución y el oficialismo convocó al plenario de comisiones que se realizó ayer pero no para analizar el texto del Senado, sino uno nuevo que establece la reducción al 2% de los aranceles de las tarjetas de crédito y al 1% para las operaciones concretadas con las de débito.

La rebaja de la iniciativa de Diputados es menor a la que dice el texto del Senado, aunque impone que "los adquirentes de sistemas abiertos no podrán tener una relación de exclusividad con una determinada empresa administradora" para "fomentar la competencia". Es decir, desactivar tendencias monopólicas ya que, en la actualidad, el 60% de ese mercado está en Prisma SA.

Para la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME), el proyecto "alcanza a más de 300.000 comerciantes e implica un ahorro anual cercano a los $5.000 millones para las pymes del sector". Su titular, Osvaldo Cornide, participó ayer del plenario de las comisiones de Legislación General, y de Finanzas que comandan los diputados del PRO Daniel Lipovetzky y Eduardo Amadeo, respectivamente.

A las 11.30, media hora después del inicio oficial de la reunión y de lo permitido para juntar un tercio del quórum de cada comisión, Amadeo acusó al Frente para la Victoria de no ayudar con su presencia e intentó dar por concluido el cónclave.

"Estaba en el piso de abajo y tenía dos reuniones al mismo tiempo. Podrían haber avisado y ahora nos quieren echar la culpa a nosotros, que queremos votar el proyecto del Senado. Es una canallada", disparó el exasperado ultra-K Axel Kicillof. "La única verdad es la realidad", le contestó Amadeo.

Tras un tironeo de varios minutos entre quienes querían levantar el convite y los que no, los presidentes de las comisiones asestaron el tapón PRO. "Le damos inicio al debate del único proyecto que está en la agenda -que se conoció anteanoche- del plenario", dijeron Amadeo y Lipovetzky.

Un despavorido Cornide se mantuvo expectante detrás de los dos diputados hasta que se sentó junto a ellos y aceptó el dictamen que estaba a punto de firmarse, en disidencia parcial en muchos casos.

Pablo Tonelli (PRO) tuvo una clara objeción al dictamen y advirtió sobre la necesidad de fijar límites a la autoridad de aplicación de la ley para no chocar con el artículo 76 de la Constitución nacional, que prohíbe la delegación legislativa en el Poder Ejecutivo excepto en emergencias.