Ya hay tantos vigiladores privados como policías en Mendoza: 7.000

Ya hay tantos vigiladores privados como policías en Mendoza: 7.000
El registro oficial de empresas que ofrecen seguridad marca un 17% de aumento en lo que va de 2009. Sólo 3.000 guardias están habilitados; el resto aún adeuda exámenes obligatorios para trabajar.
A la par del crecimiento de la inseguridad, la demanda de vigilantes privados se hace cada vez más palpable. De hecho, en los últimos cuatro meses creció 17 por ciento el número de vigilantes que tiene la provincia.

Así, mientras que en 2008 había 6 mil personas dedicadas a custodiar distintos barrios, comercios, industrias o bancos, este año la cifra ascendió hasta alcanzar un total de 7 mil. La misma cantidad de efectivos que tiene en sus filas la Policía de Mendoza.

La lista de sitios que solicitan la presencia de vigilantes la encabezan los barrios privados y semiprivados. Luego siguen los comercios del microcentro, como joyerías, financieras y casas de cambio, pero también se volcaron a estos servicios los vecinos de las barriadas de la ciudad.

Es común ver en cualquier calle una garita con un vigilador privado. Y más: últimamente, hasta las escribanías contratan los servicios de seguridad privada cada vez que llevan adelante operaciones que involucran grandes sumas de dinero.

Es por eso que en el sistema que maneja el Registro de Empresas Privadas de Vigilancia (Repriv), del Ministerio de Seguridad, los vigilantes privados pasaron de 6 mil -en setiembre de 2008- a 7 mil. De ellos, 3 mil están habilitados, es decir, cuentan con todos los requisitos que exige la ley, como el certificado de buena conducta, de aptitud psicofísica, de residencia y capacitación, entre otros.

El resto, en cambio, entra en la categoría de registrados, ya que les falta completar alguna de esas solicitudes legales.

Para el director del Repriv, José Pereyra, el incremento en la demanda de vigilantes privados no responde únicamente a la necesidad de obtener seguridad sino también a una "cuestión de jerarquización, sobre todo cuando se trata de un barrio privado".

Por su lado, Carlos Quiroga, presidente de la Cámara de Empresas de Seguridad e Investigación explicó que el fenómeno del crecimiento de la vigilancia privada obedece a que "nadie se siente seguro. En los últimos años, la seguridad privada es demandada por todos los segmentos sociales: barrios privados, locales comerciales, familias, grandes empresas y organismos de gobierno".

Pero más allá de lo que refleja la realidad, Quiroga hace hincapié en que la crisis financiera ha dejado secuelas en el sector. "Hemos tenido la misma solicitud de vigilantes privados que el año pasado. El aumento en la cantidad de vigilantes que marcan los registros provinciales debe ser por aquellas empresas que irresponsablemente ofrecen sus servicios por costos que van por debajo de lo que corresponde", dijo el empresario.

Se refiere a que hay empresas que para captar clientela presupuestan 12 pesos la hora del vigilante, cuando en realidad se debe fijar en 19 pesos. "Las personas que contratan estos servicios a precios menores no saben que si al vigilante le pasa algo, ellos también son solidariamente responsables de los apercibimientos, multas, etc", agregó Quiroga.

Por eso, desde el Repriv destacan que a la hora de contratar vigilantes privados se exija a cada empresa que cumpla con los requisitos que establece la ley para habilitar la prestación. Esto se puede verificar en la página de la cartera de Seguridad (www.seguridad.mendoza.gov.ar/repriv/), donde se encuentran las 110 empresas habilitadas, por el organismo, para trabajar.

"Además se debe pedir la resolución ministerial que autoriza el funcionamiento de esa empresa. Es importante entender que un vigilante registrado permite tener un sistema controlado", sostuvo Pereyra.

En este sentido, el Repriv se ha propuesto, en un lapso de seis meses, terminar de sumar a su base de datos los custodios privados que aún deben documentación. La medida forma parte de una reestructuración en el funcionamiento del sistema.

"El otro desafío es ir adaptando las capacitaciones de los vigiladores a las exigencias del mercado", aclaró Pereyra.

Durante setiembre, octubre y noviembre de 2008, se realizaron más de 300 inspecciones. Hay que recordar que cuando no tienen al trabajador declarado sufren apercibimientos y hasta multas que van desde 500 hasta 6 mil pesos. "Hemos tenido un buen respaldo por parte de la mayoría de las empresas", destacó Pereyra.

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