Lo que tampoco pudo resolverse en 2008

Este año el eje del reclamo es el acceso a la información que maneja el gobierno provincial y la justicia sobre los hechos del 19 y 20 de diciembre de 2001 en los que fueron asesinadas ocho personas por la policía.
La Comisión Investigadora no Gubernamental de los Crímenes de Diciembre de 2001, los familiares de las víctimas de la represión policial y muchísimas organizaciones políticas, sociales, gremiales, de derechos humanos y comunitarias quieren conocer qué pasó en aquellos días cuando la desocupación y el hambre golpeaban con fuerza y la represión fue el instrumento para tratar de acallar el malestar social y los reclamos al gobierno. Mientras que el documento que dio a conocer esa Comisión Investigadora No Gubernamental al cumplirse el 7º aniversario de los fatídicos días, hace hincapié en lo que el gobierno de Hermes Binner podría haber hecho en este primer año de gestión, y como se expresa "no se hizo", uno de los reclamos fundamentales pasa por el derecho al saber, a conocer la información en poder del Estado, ésa que de existir una ley de acceso a la información pública en la provincia de Santa Fe debiera darse a cualquier organización o ciudadano que la solicitara.

En sintonía con este reclamo la diputada provincial por el SI (Solidaridad e Igualdad) que integra el Frente Progresista Cívico y Social, Alicia Gutiérrez, presentó un proyecto de comunicación para que a través del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos y también de su par de Seguridad se entregue una copia de la información que obra en poder de esas instancias respecto de los hechos del 19 y 20 de diciembre de 2001, para que pueda ser evaluada por la Comisión Investigadora No Gubernamental y por los familiares de las Víctimas. El subsecretario de Asuntos Penales que forma parte de Justicia y Derechos Humanos, Juan Lewis, dijo que se entregó parte de la información, que justamente reclama la Comisión, a pedido del fiscal santafesino Norberto Nisnevich porque se pretende que sirva para esclarecer hechos y como prueba para condenar a los responsables. Celeste Lepratti, hermana del militante social asesinado, Claudio 'Pocho' Lepratti se expresó en un sentido opuesto al de Lewis (ver aparte) y preocupada porque no pudieron acceder al contenido puesto en manos de la Justicia.

El proyecto de comunicación presentado por Alicia Gutiérrez tuvo tratamiento en las comisiones de Derechos y Garantías y en la de Asuntos Constitucionales pero no llegó todavía al recinto. Gutiérrez, junto al actual presidente de la Cámara de diputados Eduardo Di Pollina, formaron parte de la Comisión Investigadora No Gubernamental, justamente cuando por la oposición de la mayoría de legisladores reutemistas, no pudo constituirse una instancia a nivel del Poder Legislativo, Ahora, la diputada del SI sostiene en sus fundamentos que los hechos de diciembre de 2001 constituyen "una bisagra en la historia contemporánea" del país y de la provincia, y que "con su secuela de muertes interpelan a las instituciones de la democracia a dar una respuesta en términos de verdad y justicia. La 'no respuesta' ﷓dice﷓, constituye y constituirá sin duda un serio retroceso de las libertades democráticas y del Estado de derecho".

En otro párrafo Alicia Gutiérrez señala que el gobierno expresó siempre, a los familiares de las víctimas en particular, y a todo el pueblo de la provincia de Santa Fe "su firme y expresa voluntad de colaborar en la investigación y reconstrucción histórica de esos sucesos". Gutiérrez marca, entonces, el que es uno de los puntos principales de la crítica de la Comisión al gobierno de Hermes Binner. Se trata, según la diputada del SI, "de aportar, por un lado, a la administración de justicia todos los elementos probatorios existentes en el Poder Ejecutivo, y por el otro, de posibilitar el acceso democrático a dicha información a todos aquéllos que tienen un interés legítimo para ello. Esta participación de los interesados en aras de la transparencia de la gestión pública, reconoce sus más hondas raíces en el carácter republicano de gobierno".

Para Gutiérrez también hay que seguir con el reclamo hacia el gobierno nacional para que se otorgue una indemnización que el ex presidente Néstor Kirchner había comprometido para las víctimas de los familiares. "Además creo necesario que, cualquiera sea la instancia de gobierno, se asista a estos familiares para lo que es necesario el reconocimiento de que el Estado provocó las mismas muertes", dijo.

La diputada del SI que integra el FPCS reconoció que tal vez el tema relacionado con diciembre de 2001 "no estuvo en la agenda entre los considerados prioritarios durante el 2008" y también su expectativa en cuanto a que desde el gobierno municipal y provincial surgirán ayudas en el terreno económico.

Además de Claudio Lepratti, fueron asesinados por las balas de las fuerzas de seguridad, Graciela Acosta, Juan Delgado, Walter Campos, Rubén Pereyra, Ricardo Villalba y Yanina García. También murieron Graciela Machado, en Villa Gobernador Gálvez, por una descompensación ante los hechos de violencia y el joven Marcelo Pacini a quien le disparó un comerciante en la capital provincial.

Uno de los párrafos del documento de la Comisión Investigadora No Gubernamental recuerda la reunión con Binner el 20 de diciembre de 2007 y el planteo que se le hizo en cuanto a contar con documentos oficiales a los que, luego, no se tuvo acceso. Entonces se invoca la Convención Interamericana de Derechos Humanos que "garantiza el derecho de acceso a la información pública", mientras dice que "se nos retaceó la información con los mismos argumentos que utilizó el gobierno anterior".

Desde el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, el subsecretario de Asuntos Penales, Juan Lewis, dijo a Rosario/12 que desde esa instancia de gobierno se piensa que existe "una situación de impunidad" respecto de las causas por los asesinatos en diciembre de 2001 "No están determinados los responsables, tanto en el plano material como intelectual y no hay un esclarecimiento preciso de los hechos, algo que es requisito ineludible para la pacificación. Esto es porque hubo demoras y obstáculos en las investigaciones que, por otra parte, son bastante dispersas", señaló Lewis y agregó que "como Ministerio y como gestión en general nos causa preocupación porque entendemos que si la justicia es lenta no es justicia".

Lewis dijo más adelante que desde el ministerio "nos pusimos a disposición de la justicia y de las víctimas" e hizo referencia a la entrega de información que se hizo al juzgado de Instrucción Nº 4 de Santa Fe, a cargo de Rubén Eduardo Saurín, a pedido del fiscal Nº 2 Norberto Nisnevich, en el marco del expediente 1092/007 abierto por una denuncia del abogado Mario Pilo. El profesional denunciante exigió la investigación con relación a la responsabilidad del ex gobernador Carlos Reutemann y tomó como referencia lo ocurrido con el ex presidente Fernando de la Rúa cuando fue procesado por los cinco casos de muertos en Buenos Aires, bajo la figura de homicidio culposo, aunque luego fue sobreseído.

Lewis señaló que "se le entregó al juez la documentación encontrada porque queríamos que la prueba sirviera como tal, en el marco de la investigación" , pero según explicó también hubo expresiones de manera verbal y escrita acerca de que el gobierno adelantaba su posición favorable para que los familiares de las víctimas y la Comisión participaran en la búsqueda de materiales "que todavía pueden estar en el ámbito del gobierno y pueda aportar a la causa". Lewis señaló que también se considera que se le debe pedir al juez Saurín la posibilidad "de acceder a esos materiales" y agregó que "somos respetuosos de la división de poderes", algo que explícitamente refutó Celeste Lepratti.

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