TAMBIéN TITULARIZAN EN EDUCACIóN Y ASCIENDEN POLICíAS Elevaron el proyecto para pasar a planta a los empleados de la 2.343

Discusión: los trabajadores que cumplen tareas en el marco de la Ley 2.343 venían planteando desde hace tiempo la necesidad de que se concretara la obligación de pasarlos a planta permanente. El vernismo en su momento hizo un proyecto que no dejó satisfechos al gobernador Jorge y sus hombres.
Finalmente el Gobierno elevó ayer a la Cámara de Diputados el proyecto de ley que propicia formalmente la modificación en las condiciones de ingreso al régimen de la Ley Nº 643 para los beneficiarios del Régimen Laboral de Tiempo Reducido (Ley 2-343). En medio del reclamo de los estatales, y también como consecuencia de un proyecto que en su momento presentaron los diputados vernistas, el oficialismo reaccionó.

El artículo 13 de la Ley Nº 2.343 determina el ingreso de los agentes comprendidos en la ley a un régimen de jornada completa mediante concursos de antecedentes y oposición llamados exclusivamente para los mismos, para ocupar las vacantes que se vayan produciendo, previendo además en el artículo 15 un plazo máximo de cinco años para la vigencia del citado régimen.

El Gobierno interpretó en este sentido como “oportuno fijar un sistema progresivo e igualitario tendiente a que antes del vencimiento de dicho lapso, y dentro de esta gestión de gobierno, la totalidad de los agentes que cumplan con los requisitos de ingreso establecidos por la Ley N° 643, queden incorporados automáticamente a la misma”.

Se propone en la iniciativa que “aquellos que no cumplan a la finalización del término antes referenciado con los requisitos de ingreso, seguirán revistando bajo el régimen de la Ley 2.343 con una carga horaria equivalente a la fijada por la Ley 643 y hasta tanto cumplan con los requisitos de ingreso antes mencionados”.

Educación y Policía

Por otro proyecto de ley, el Ejecutivo decidió facultar, en forma excepcional y por única vez, a la titularización de trabajadores de la educación y ascenso extraordinario del personal policial, “todo ello debido a las circunstancias extraordinarias que se exponen en ambos casos”, dijo el Gobierno.

En los fundamentos de la iniciativa, se plantea que “toda gestión de gobierno debe priorizar entre sus acciones aquellas que promuevan el mejoramiento de los servicios públicos que como Estado debe prestar”.

“La seguridad y la educación integral de los pampeanos es una responsabilidad que debe abordarse con el mayor grado de actualización técnica y compromiso profesional posible, convirtiendo el recurso humano con el que cuenta como destinatario central”, señaló.

“Por ello tanto la educación como la seguridad resultan cuanto menos prioritarias al momento de evaluar las acciones, debiendo promoverse aquellas medidas que permitan un mejoramiento no sólo de la prestación, sino de las condiciones laborales de los prestadores”, destacó.

Mediante el proyecto remitido se contemplan situaciones en las cuales los agentes se han visto privados de promociones, ascensos y/o titularizaciones, por el incumplimiento de las instancias formales habilitadas para el logro de ese mejoramiento.

De esta forma se ofrecería “un marco de igualdad real de oportunidad al personal, reconociendo la experiencia laboral, valorando el esfuerzo individual e incentivando la capacitación continua”.

Entre el personal subalterno de la Policía existen situaciones con más de quince años de antigüedad, que no han podido aprobar los cursos previstos normativamente, pero sí han acreditado en los últimos años un promedio superior a los 70 puntos.

Por su parte, en el caso de los trabajadores de la educación -y siempre de acuerdo con la explicación oficial-, si bien las situaciones tienen causas dispares (personal transferido de Nación a la Provincia, omisión de realizar en forma periódica las titularizaciones, entre otros), la consecuencia es la misma, todos han prestado servicios por más de diez años sin estabilidad.

“El presente proyecto busca reconocer entonces aquella prestación ininterrumpida, valorando situaciones de significativa antigüedad, reconociendo cuestiones de estricta justicia, lo cual directamente contribuirá en mejorar las situaciones laborales y fortalecer el compromiso institucional”, sintetiza el Gobierno.

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