También remueven a dos síndicos en Papel Prensa

El desplazamiento de los auditores lo hizo la Sigen; presión a los medios
Dos meses después de la reunión en la que el secretario de Comercio, Guillermo Moreno, deslizó amenazas de expropiar o intervenir sobre Papel Prensa, las presiones siguen creciendo: la Sindicatura General de la Nación (Sigen), por una nota, dispuso que dos de sus síndicos debían renunciar a la empresa "por razones operativas". En total, el Estado ya cambió a cuatro de sus funcionarios, en busca de ejercer un control cada vez más discrecional.

La presión del Estado se entronca con la decisión del Gobierno de cambiar al titular de la Sigen, pues ese organismo tiene, entre otras misiones, la tarea de fiscalizar las empresas en las que el Estado posee alguna participación accionaria y, además, maneja a los síndicos que se desempeñan en esas empresas. "El Gobierno quiere soldados, no quiere profesionales que se desempeñen correctamente", dijo uno de los auditores más experimentados del país.

Papel Prensa, que abastece de materia prima a 170 periódicos argentinos, sin distinción de ideologías, es una empresa privada: una sociedad anónima que cotiza en Bolsa, de la que son accionistas el Grupo Clarín (49%), LA NACION (22,49%) y el Estado nacional (27,46%).

En realidad, hace décadas el Estado asumió el compromiso de retirarse de la empresa. Ahora, por el contrario, el Gobierno tiene la intención de dominar a la firma, para controlar, por esa vía, el suministro de papel de diario y maniatar la libertad de expresión. De los ocho directores de la empresa, tres son representantes del Estado y uno es independiente, mientras que en el Consejo de Vigilancia dos de los síndicos son funcionarios estatales (el tercero es el doctor Alberto Gowland Mitre, por el sector privado).

El 14 de septiembre último, Moreno convocó a los directores y síndicos estatales a su despacho pero, ante las amenazas de agresión física que formuló, uno de los consejeros estatales, Carlos Collaso, denunció las irregularidades ante una escribanía, primero y, ante la Justicia, después.

Pocos días después de esa reunión, dos directores estatales también renunciaron: Carlos María Mazzón (hijo del operador político del Gobierno, Juan Carlos Mazzón), que había intentado hacer reflexionar a Moreno, y Juan Drucker.

En las últimas 48 horas se escribió otro capítulo de esa historia: los síndicos Carlos María Vidal, quien en aquella reunión le había advertido a Moreno que su tarea era cumplir con la ley, y su colega Alejandro Turri debieron presentar sus renuncias por orden de la Sigen.

Desde que Moreno decidió embestir contra Papel Prensa y nombró a Beatriz Paglieri como directora por el Estado, las actuaciones de los funcionarios estatales se volvieron cada vez más sorpresivas y discrecionales. Este mes, Paglieri omitió pronunciarse sobre la aprobación de Estados Contables, aun cuando la Comisión Nacional de Valores intimaba a la firma para presentar esos documentos y la empresa la emplazó.

Moreno, en rigor, pretende desconocer lo realizado hasta ahora por los funcionarios estatales, quienes nunca detectaron irregularidades.

Comentá la nota