La ley del talión legislativo

La coalición gobernante separó a los justicialistas Alberto Cejas y Jorge Lagna del órgano bicameral de control del Tribunal de Cuentas, y los reemplazó por dos aliados, para mantener la mayoría en el estratégico organismo de control.
El Frente Progresista volvió a cumplir la orden de la Casa Gris de devolver golpe por golpe en la Legislatura. El jueves, impuso su mayoría automática en la Cámara de Diputados, separó de sus cargos a dos legisladores del PJ que integraban la comisión bicameral de control del Tribunal de Cuentas y los reemplazó por dos de los suyos con un objetivo confeso: manejar la mayoría de una comisión clave en los conflictos entre el gobernador Hermes Binner y el Tribunal de Cuentas de la provincia, como ya se planteó con la adjudicación de la Tarjeta Unica de Ciudadanía al Banco Municipal de Rosario. La oposición denunció el "atropello institucional", mientras que los dos excluidos, Jorge Lagna y Alberto Cejas, advirtieron que no cederán sus cargos a sus colegas del oficialismo. "¿A qué le tienen medio si el justicialismo maneja un órgano de control y si ustedes van a hacer las cosas bien?", se preguntó Lagna. "Esto es vergonzoso, una torpeza. ¿De qué calidad institucional hablan? ¡No sean hipócritas!", disparó Cejas.

Ya a principios de noviembre el bloque oficial había amagado con separar a Lagna y Cejas de la comisión y reemplazarlos por Marcelo Brignoni y José Tessa. El proyecto de resolución ﷓ingresado con la firma de los jefes de bloques del Frente Progresista﷓ detonó un escándalo político: las bancadas del PJ abandonaron el recinto en medio de una escalada de denuncias. "Esto va a generar un problema institucional en la Legislatura y en la provincia. Es muy grave porque ¿cómo creen que seguirá la historia?", advirtió entonces el diputado Mario Lacava. Después, el oficialismo aprovechó la retirada del PJ para tomarse desquite por el rechazo a la reforma tributaria en el Senado y lavó la presunta afrenta: mandó al archivo ﷓sobre tablas﷓ la quinta cuota del impuesto inmobiliario y un aumento de cinco puntos de la coparticipación a municipios y comunas, que tenían media sanción de los senadores.

La comisión de control del Tribunal de Cuentas se convirtió en escenario de la disputa política entre el gobierno y la oposición. Y más, desde que el Tribunal de Cuentas de la provincia impugnó la adjudicación de la tarjeta social al Banco Municipal de Rosario. Las observaciones legales pueden ser rechazadas por el Poder Ejecutivo con un decreto de insistencia ﷓que es lo que ocurre﷓, pero el conflicto se debe dirimir en el seno de la comisión que ahora quedó en el medio de la pelea. Está integrada por cinco senadores y cinco diputados.

El 24 de abril, la Cámara de Diputados designó a sus cinco representantes: tres del oficialismo (el socialista Joaquín Blanco, el radical Carlos Fascendini y el demoprogresista Luis Mauri) y dos del PJ (Cejas y Lagna). Poco después, el Senado definió a los suyos: cuatro senadores del PJ (Rubén Pirola, Alcides Calvo, José Baucero y Alberto Crosetti) y uno de la UCR (Felipe Michlig). El 3 a 2 en Diputados y el 4 a 1 en el Senado, le permitió al PJ quedarse con la mayoría de la comisión: 6 a 4.

El 6 de noviembre, el Frente Progresista replicó con un proyecto de resolución ﷓votado el jueves﷓ que cambió sus representantes: mantuvo a Blanco, Fascendini y Mauri, pero reemplazó a Cejas y Lagna por Brignoni y Tessa, dos oficialistas. Así, el 3 a 2 se convirtió en un 5 a 0. Y si el Senado mantiene el 4 a 1 a favor del PJ, los seguidores de Binner se quedarían con la mayoría en la comisión: 6 a 4.

En el debate, el argumento oficial fue que el Senado había roto un supuesto acuerdo para mantener un "equilibrio político" en las comisiones bicamerales y designar presidencias rotativas: un año, un senadores del PJ, y al siguiente, un diputado del Frente Progresista. Incluso, Brignoni y Tessa anunciaron que renunciarían a la comisión de control del Tribunal de Cuentas si el Senado modificaba el reparto de cargos y convertía el 4 a 1 en un 3 a 2 a favor del justicialismo.

El planteo oficial fue rechazado por los bloques del PJ. "No vamos a ser cómplices de una resolución inconstitucional", advirtió Lacava, mientras que uno de los excluidos prometió "desobedecer" esta decisión "de autoría de algún trasnochado legislador por efecto de algún estimulante", chicaneó Lagna.

Su colega despedido también compartió el enojo. "Esto es un atropello", dijo Cejas, quien consideró que lo habían tratado "como un delincuente" y que lo habían "echado de la comisión sin ningún tipo de argumento. No merecemos este destrato y yo también voy a seguir participando de las reuniones", afirmó el legislador. Y le pidió al presidente de la Cámara de Diputados, Eduado Di Pollina, que interceda para que "se reconsidere este tema".

Tanto Lagna como Cejas ratificaron que ﷓según la resolución 127 del 24 de abril﷓ ambos tienen mandato de un año para integrar la comisión y estaban dispuestos a cumplirlo, hasta abril de 2009. "Recién ahí, volvemos a tratar el tema", anunció Cejas.

Después del debate, se abrió otra brecha política en el oficialismo, cuando el radical Santiago Mascheroni reprochó al jefe del bloque, el socialista Raúl Lamberto, haber ubicado al senador Michlig en la UCR y no en el Frente Progresista, cuando hace rato que se sumó a la coalición. "Casi se fueron a las manos", comentó un testigo del cruce.

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