Tajo espantoso

Polémica por la sentencia en un caso de secuestro y desaparición. Un tribunal decidió absolver a Alejandro Duret por el crimen de Carlos Alberto Labolita y la indignación social llegó antes que el conocimiento de los detalles procesales. No había una sola prueba en su contra.

Fue de por sí un fallo muy controvertido. El Tribunal Oral Federal integrado por Nelson Javier Jarazo, Alejandro Esmoris y Carlos Rozansky decidió absolver al coronel Alejandro Guillermo Duret y condenar a prisión perpetua al general retirado Pedro Pablo Mansilla por el secuestro, tortura y posterior asesinato de Carlos Alberto Labolita, que tenía en el momento 26 años y era en efecto militante de la Juventud Peronista de Las Flores. Labolita desapareció el 25 de abril de 1976.

En el exterior del recinto había un centenar de manifestantes convocado para escuchar la sentencia. Por supuesto, se produjeron incidentes. Porque lejos de lo que realmente necesita esta sociedad –un procedimiento concienzudo que llevara al preciso y real esclarecimiento de una verdad histórica que se nos niega-, una muchedumbre clama venganza y pierde los estribos, sensibilizada, como si hiciera falta arrojar a los leones una cabeza cualquiera para acallar los gritos que llevan treinta años.

La lectura comenzó anunciando la condena, por unanimidad, a Pedro Pablo Mansilla, por ser coautor de los delitos de privación ilegal de la libertad agravada por haber sido cometida bajo violencia física sobre la persona, e imposición de tormentos agravados por tratarse de un perseguido político, más homicidio calificado por alevosía. La pena sería prisión perpetua e inhabilitación absoluta. Surgió así la primera diferencia entre los magistrados: Carlos Rozansky falló en disidencia parcial, por considerar que el acusado era merecedor de reclusión perpetua. Por supuesto que en zonas tan sensibles, ese detalle no sería el único en causar diferencias en el tribunal: la continuidad de la prisión domiciliaria que viene cumpliendo a la fecha el acusado fue en disidencia completa para el juez mencionado.

Por su parte, Duret fue absuelto por considerarlo inocente de todos los delitos mencionados anteriormente: se anunció la inmediata libertad del nombrado de su detención en la Unidad Penal 44 de Batán. Hubo gritos y abucheos de un público que en algunos casos canalizó su indignación por años de impunidad, al reclamar esta vez que se torciera un proceso que se caía de maduro. De todo lo que se había expuesto durante el mes completo de juicio, no había una sola prueba que permitiera relacionar al militar con la muerte del joven, ni siquiera con el procedimiento de su secuestro ilegal.

El dolor

El tema de los derechos humanos se instala cada día en el país, y a juzgar por las condiciones en las que vive esta sociedad, no hay espacio para que deje de ser tema de debate permanente.

Recientemente, la polémica encendida se reinstaló como cada vez que alguien intenta cuestionar los datos rituales que alimentan fojas históricas en el inconsciente de un país sometido a torturas informativas, como éste.

Graciela Fernández Meijide fue entrevistada en la 99.9 a propósito de la edición de su reciente libro "La historia íntima de los derechos humanos", y allí expuso la situación que deviene en polémica, toda vez que se intenta una clarificación sobre la cifra exacta de desaparecidos en el país. A criterio de Meijide, el número de 30.000 vino de Europa en 1977, y resulta cierto que la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos (APDH) jamás la sostuvo, por haber sido imposible su comprobación fáctica. La CONADEP informa alrededor de 9.000, y en la actualidad, la Secretaría de Derechos Humanos resiste entregar la lista completa de los casos de desaparecidos denunciados para evitar la polémica de no coincidir con la cifra de 30.000.

El dato es importante. Demuestra que aun para las instituciones resulta más importante respetar la mistificación de los muertos –efectivos mártires- como parte del duelo nacional del genocidio, que establecer la descarnada verdad. La muerte de 9.000 ya es suficiente y tremenda, no hace falta que sean más para que cobren importancia: "un país que haya sufrido pérdida semejante, ya tiene un tajo espantoso", dijo Meijide. Chile pudo comprobar menos de 1.000. Brasil, 133. No se trata de un número, son personas.

La búsqueda de la verdad histórica exige ser más creativos que dogmáticos, seguramente. Y no supone un rasgo de falta respeto al dolor intentar ser precisos en la búsqueda de una verdad que se escapa. La entrevistada propone seguir un método como el que implementó Sudáfrica: ofrecer mejoras en las condenas de los acusados por delitos de lesa humanidad que aportaran datos fehacientes sobre el paradero de los niños apropiados, o sobre el sitio donde están enterrados los muertos. "Porque de los contrario nos vamos a morir todos sin saber la verdad", dijo Fernández Meijide, "estamos estancados porque no va a venir información del lado militar".

Las Flores

La exposición de los jueces fue precisa, y en los fundamentos de la sentencia se detienen en cada uno de los detalles ofrecidos como prueba de la participación del oficial Duret en el secuestro de Labolita. Lo cierto es que el militar había participado en el operativo de detención de Carlos Orlando Labolita, docente y padre de la víctima, quien se encuentra con vida y fue objeto de un procedimiento diferente, admitido por Duret como parte de órdenes provenientes del Ejército, por la participación política del mencionado en ámbitos escolares del partido de Las Flores. Se le acusaba de difundir ideología marxista en tales sitios de trabajo, y fue detenido en marzo de 1976.

El operativo irregular que terminó en la detención de Labolita hijo, hoy desaparecido, si bien provino de órdenes emanadas del Ejército, estuvo a cargo de personal policial, aunque la fuerza intentaba deslindar responsabilidades.

Para comenzar, los jueces consideraron que la acusación sobre Duret había terminado en un "fracaso probatorio". Los testimonios que relacionaban al militar con el procedimiento del secuestro fueron comprobadamente mendaces, toda vez que, por ejemplo en el caso de Sanguin y Pastorini, servían para ocultar la propia participación de los testigos en el operativo, o al menos para quitarles la responsabilidad de los hechos en un accionar que fue comprobadamente violento y excesivo. Ellos iniciaron un procedimiento ilegal que provenía de una orden verbal, y requisaron una vivienda sin orden judicial. Nadie puede afirmar que Duret estuviera allí más que los testimonios de los responsables. Los que habían mentido en un aspecto pierden credibilidad en todo.

Lo mismo puede decirse de los testimonios de Blanco y Cinalli, que habían aportado versiones falsas respecto del traslado de Labolita al cuartel de Azul. Muchos policías testificaron argumentando que la supuesta subordinación de la fuerza policial a la militar después del golpe, los pondría en una posición de supuesta obediencia debida, ya que, como dicen, la seccional había quedado tomada y había allí zonas de acceso reservado. Los jueces consideraron que esto no los ponía en posición de testigos calificados, sino que, por el contrario, ellos habían sido efectivamente los protagonistas de los hechos. Tal el caso del comisario a cargo, Aníbal José Lista. "Pierde vigencia aquí frente a la suma de datos de quienes vienen a declarar pretendiendo haber sido simples servidores que cumplieron con su deber en circunstancias excepcionales cuando en realidad, a no dudarlo, fueron activos partícipes o bien conocedores de los hechos que intentaron desdibujar", dice la sentencia.

En un hecho tremendo, Labolita hijo había sido conducido por sus captores a su casa en la noche del 1 de mayo de 1976. Allí su esposa fue interrogada frente a él en busca de armas, y pudo verlo sensiblemente desmejorado por las agresiones recibidas. Los testimonios de la familia son confusos y, si bien se habló de una persona alta y rubia participando del operativo –lo cual coincidiría con el acusado-, no era quien estaba a cargo ni tenía voz de mando.

Para los jueces Duret no estaba allí, y lo que buscamos es la verdad más allá de la venganza. Nadie dice que Duret sea inocente de culpa y cargo en su accionar durante el proceso militar. Lo es en este caso en particular, dijeron los jueces. De todas maneras, la sociedad sigue con su tajo tremendo, que no cesa de sangrar.

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