Tabaré no quiere que los de Botnia declaren aquí

El Presidente uruguayo emitió una resolución negando que los directivos de las pasteras Botnia y Ence concurran a declarar a Entre Ríos en la causa que se tramita en el Juzgado Federal de Concepción del Uruguay por tentativa de contaminación ambiental.
El Presidente uruguayo Tabaré Vázquez emitió una resolución negando que los directivos de las pasteras Botnia y Ence concurran a declarar a Entre Ríos en la causa que se tramita en el Juzgado Federal de Concepción del Uruguay por tentativa de contaminación ambiental, por considerar que afectaba la seguridad, el orden público y los intereses del país. En la nota se indica que se está afectado el orden público internacional y también los intereses esenciales del Uruguay.

Los exhortos habían sido enviados, entre 2007 y 2008, por el juez federal Guillermo Quadrini a la Cancillería Argentina en dos oportunidades el año pasado y ésta a su vez los remitió al Ministerio de Educación y Cultura donde se tramitan los mismos.

Esa cartera tenía órdenes precisas que cualquier situación vinculada a las empresas Botnia y Ence en cuanto a pedidos de la República Argentina fueran remitidos a Cancillería y también a la sede de gobierno. Mientras tanto, los directivos de Botnia no se presentaron en ninguna de las fechas establecidas.

Uruguay tomó como base el numeral 1 del literal E, del artículo 5 del Protocolo de Asistencia Jurídica Mutua en asuntos penales del Mercosur donde se señala que el Estado requerido podrá denegar la asistencia cuando el cumplimiento de la solicitud sea contrario a la seguridad, el orden público u otros intereses esenciales del Estado requerido. Por este motivo niega esos exhortos y no autoriza a los directivos de Botnia a declarar en el vecino país, consignó el diario oriental El Espectador.

La resolución presidencial se basa en que existen fundadas razones para denegar la asistencia requerida en los exhortos y notas referidos a este tema. Señala además que la cooperación solicitada afecta la seguridad del Estado uruguayo, en especial en la zona fronteriza, donde se han protagonizado incidentes que no han sido graves aunque permanece instalada una amenaza latente que ha crecido con la reciente reivindicación de un ciudadano argentino que en Tribunales de su país ha hecho valer su derecho a la libre circulación, lo que ocasionó incidentes.

En otro tramo, Tabaré Vázquez asegura que el deber del Estado uruguayo es adoptar una actitud preventiva en grado máximo y que se está afectando el orden público internacional y también los intereses esenciales del país, tanto en el plano económico, como en relación con los derechos soberanos de disponer en su territorio, libremente y sin coacción.

Respaldo nacional

El ministro de Justicia Aníbal Fernández respaldó públicamente al gobernador de Entre Ríos, Sergio Urribarri, que rechazó la existencia, hasta el momento, de contaminación originada en la pastera Botnia instalada en la ciudad uruguaya de Fray Bentos.

"Sergio Urribarri, es un hombre muy serio, que tiene un nivel de trabajo muy importante", manifestó el ministro de Justicia, Seguridad y Derechos Humanos de la Nación, Aníbal Fernández, en referencia a los dichos del mandatario entrerriano acerca de su opinión frente a la manifestación sobre la planta celulosa.

Desde la Asamblea

El abogado de la Asamblea Ciudadana Ambiental de Gualeguaychú, Luis Leissa, se manifestó “sorprendido” por la determinación del Presidente uruguayo, Tabaré Vázquez. El letrado consideró que se trata de una nueva maniobra “ilegal” para seguir ocultando información sobre las pasteras y que constituye una nueva muestra de la subordinación del vecino país a los intereses finlandeses.

Leissa aseguró que el marco legal vigente en el bloque de naciones subcontinental, obliga a Uruguay a que los directivos de Botnia deban presentarse a declarar ante el juez federal de Concepción del Uruguay, Guillermo Quadrini, y aseguró que el argumento esgrimido por el Presidente Tabaré Vázquez de que la citación judicial afectaba la seguridad, el orden público y los intereses del Uruguay es “un pozo sin fondo donde se resuelven todas las situaciones”.

En ese marco, el letrado consideró que “los intereses del Estado uruguayo no pueden estar por encima de los del conjunto de la comunidad del río Uruguay que está planteando la ilegitimidad de la instalación, de la pastera”, agregó el abogado.

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