La Federación de Productores de Tabaco solicitó al Gobierno nacional que mantenga la alícuota del Impuesto Adicional de Emergencia en el 7%, para llevar alivio y previsibilidad al sector. Un incremento de la misma significaría un serio perjuicio para la producción agrícola del tabaco en Argentina, al generar una disminución millonaria en los ingresos del Fondo Especial del Tabaco (FET).
Según refiere la misiva dirigida al Ministerio de Economía, el FET significa “una ayuda invaluable para todas las provincias productoras de tabaco (Misiones, Corrientes, Chaco, Tucumán, Catamarca, Salta y Jujuy) por cuanto es una actividad que tiene una importancia superlativa tanto en la generación económica y el desarrollo social de las comunidades, como así también en la constitución del producto bruto geográfico de las Provincias Productoras.”
En esta línea, el presidente de la Cámara de Tabaco de Jujuy, Pedro Pascuttini, señaló que “los productores de las provincias tabacaleras estamos expectantes de que el gobierno nacional firme el decreto que mantiene el impuesto al 7%, tal como viene haciendo desde el año 2000. El cultivo de tabaco es un actor esencial para el desarrollo de las provincias del NOA y NEA, donde genera recursos, trabajo y moviliza las economías regionales. El tabaco representa uno de los principales sectores agrícolas del país del cual dependen aproximadamente 1.000.000 personas para su subsistencia.”
Concluyó Pascuttini que por estas razones “nos unimos en el pedido al Sr Ministro teniendo en consideración que el tabaco es el principal demandante de mano de obra por unidad de superficie del sector agropecuario, con alrededor de 120 a 170 jornales por hectárea según zonas supera de manera rotunda otros cultivos como la soja, el trigo o el maíz que necesitan 0,44 jornales por hectáreas”.
La producción tabacalera es parte de la economía de subsistencia de tales provincias, por lo que de verse afectado tal impuesto, las consecuencias conllevarían a serios problemas económicos y sociales que podrían ir desde una merma en la plantilla de trabajadores, dificultades para el pago de salarios en tiempo y forma, menor desarrollo productivo, hasta una notable disminución en la actividad económica general de estas provincias.
El Impuesto Adicional de Emergencia se creó en el año 1996 bajo la ley 24.625, para financiar diferentes programas. Hace más de 14 años que el Poder Ejecutivo nacional emite un decreto todos los años para mantener la alícuota al 7%.
Comentá la nota