SUTECO criticó a la diputada Anderson

SUTECO expresa su rechazo categórico al Proyecto de Ley de la Diputada Provincial Marina Anderson que propone declarar a la educación como "servicio esencial", porque ello significa restringir severamente el legítimo derecho de huelga, transgrediendo y violentando normativas muy claras de la Organización Internacional del Trabajo (O.I.T.) en tal sentido.
La Diputada Anderson, involucrándose en el actual conflicto docente desde el lado del Gobierno y a los efectos de encuadrar a aquel en normas internacionales que obliguen a los sindicatos a garantizar servicios mínimos en caso de huelga, ha presentado un proyecto propiciando que la educación se declare como servicio esencial.

En el articulado del proyecto, dice la Diputada –falazmente- que dicha declaración no afecta los derechos constitucionales de los trabajadores y, a renglón seguido, afirma que el incumplimiento de los servicios mínimos será sancionado como falta grave.

La Junta Ejecutiva de SUTECO ha elevado una nota a la Presidencia de la Cámara de Diputados, expresando su rechazo categórico al Proyecto porque ya hace varios años que la O.I.T. –a raíz de denuncias sindicales argentinas- ha definido que la educación no constituye un servicio esencial.

En este marco -continúa la carta gremial- el organismo internacional ha manifestado que para prohibirse la huelga debe existir el factor determinante de amenaza evidente e inminente para la vida, la seguridad ó la salud de toda ó parte de la población.

Como antecedente concreto, debe recordarse que en 2000, durante el Gobierno de Fernando de la Rúa –con el Ministerio de Trabajo a cargo de Patricia Bullrich-, se dictó el Decreto 843 que reglamentó el derecho de huelga para los servicios esenciales incluyendo en ellos a la educación, pretendiendo cercenar de manera arbitraria las medidas de fuerza del sector docente.

En aquella oportunidad, la CTERA presentó una Acción de Amparo ante la Justicia Laboral y una denuncia ante la OIT, logrando en el primer caso un fallo que ordenaba al Gobierno Nacional que se abstenga de aplicar el Decreto y, a nivel internacional, una declaración que lo exhortaba a abandonar tal práctica violatoria del derecho de huelga.

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