Suspicacia por reunión en el Congreso para readecuar contratación vencida

La Presidencia de la Nación convocó de urgencia a la Comisión Bicameral de seguimiento a las privatizaciones para impulsar una ley destinada a otorgar obras del gasoducto del Nordeste a una firma que es investigada por la Justicia. Por los incumplimientos de la empresa, son juzgados cuatro ex funcionarios nacionales.
Las audiencias donde se les daría sentencia a estos acusados debía darse ayer, pero fue suspendida en forma sorpresiva.

El Poder Ejecutivo de la Nación intenta otorgar la construcción de redes domiciliarias de gas a una empresa involucrada en una investigación judicial por el incumplimiento de una obra similar a la que se le intenta "re-otorgar".

La estrategia del Gobierno sería generar una ley que entregue la licitación de una obra pública a la empresa Gas Nea, que se había comprometido en 1998 a realizar la construcción de un conducto principal y redes domiciliarias de gas natural en las provincias del Nordeste pero que evitó realizar la edificación.

En el documento firmado por los funcionarios nacionales y representantes de la entidad quedó establecido que la firma debía abonar 9 millones de dólares ante la falta de cumplimiento del contrato suma que todavía está impaga.

La oficina anticorrupción inició un juicio contra los funcionarios que avalaron la caída de los proyectos. Ese proceso además impediría nuevas contrataciones de la firma por parte del Estado.

El cese de la relación contractual entre el Gobierno nacional y Gas Nea permitiría a los Estados provinciales a explotar las redes de distribución domiciliaria de gas natural que se otorgó a la firma inversora en la década de los '90, durante el Gobierno de Carlos Menem.

Pero la Presidencia planea evitar que la acción de la Justicia frene una recontratación acordada a principios de año por los funcionarios de Cristina Fernández.

La estrategia del Gobierno sería impulsar una ley por medio de la Comisión Bicameral del Congreso encargada de seguir las licitaciones privadas de obras públicas. Este grupo fue convocado de urgencia, ayer a las 14.59, por una nota enviada por fax, a una reunión que se desarrollará el martes próximo a las 16 en una dependencia del Congreso ubicada en la calle Riobamba 25.

El encuentro es convocado para tratar una "propuesta de renegociación contractual de la empresa licenciataria del servicio de distribución de gas natural, Gas Nea SA".

La Comisión convocada tiene mayoría kirchnerista. Está presidida por la legisladora Silvia Beatriz Lemos, quien es secundada por el senador correntino Roberto Fabián Ríos y el ultra K, Miguel Ángel Pichetto.

Los legisladores evaluarían una normativa para posibilitar que la empresa Gas Nea se haga cargo de la distribución del fuído energético a las provincias de Misiones, Corrientes, Chaco y Formosa a partir de la posible construcción de un gasoducto que se originaría en Bolivia.

La negativa de la mayoría de los participantes del encuentro podría suspender la embestida del oficialismo, por lo que quedaría abierta la posibilidad de propiciar el desarrollo local, estatal, cooperativo o mixto, de redes de distribución secundaria y domiciliaria de gas natural, idea impulsada por los Foros por el Gas Natural y Ong’s del Nordeste.

Casualmente, el encuentro de los diputados y senadores será el mismo día en que se debe dar a conocer la sentencia contra los ex funcionarios menemistas: Héctor Formica, ex presidente del Ente Nacional Regulador del GAS, el Directorio que lo acompañaba y los entonces funcionarios de la Secretaría de Energía, acusados de incumplimiento de los deberes de funcionario público y abuso de autoridad por la suspensión de la edificación del Gasoducto del Nea.

Esta sentencia debía darse a conocer ayer, pero misteriosamente la audiencia fue suspendida.

Comentá la nota