Suspensiones e inversiones paradas en la industria forestal del Nordeste

Tapebicuá, propietaria de un complejo forestal en Virasoro, Corrientes, sobre la ruta nacional 14, distante 120 kilómetros al sur de esta ciudad, decidió postergar (sus directivos no aclararon por cuánto tiempo) una inversión de 25 millones de dólares prevista para ampliar la fábrica procesadora de distintos productos madereros, que hasta mediados de este año se exportaban casi en su totalidad.
En noviembre, la firma administrada por un fideicomiso argentino, cesanteó a 200 de sus 500 operarios, debido a la brusca caída de ventas.

Otra compañía llamada Dinamotive, de origen canadiense, que había anunciado una inversión similar en la misma zona para la construcción de una usina con miras a utilizar desechos de madera como el aserrín y los costaneros (que actualmente se queman) para generar energía eléctrica, también anunció que, dadas las condiciones negativas de los mercados externo e interno, ahora considera reprogramar el manejo de sus capitales hasta que se aclare la situación en el sector. Por ende, el proyecto quedó diferido.

En Misiones, en tanto, la antigua fábrica Celulosa Puerto Piray, que pertenece ahora a Benfide, vinculada con el ex titular de la Cámara de Diputados Alberto Pierri, volvió a suspender a 260 trabajadores, arguyendo que se carecen de insumos básicos para hacer funcionar maquinarias traídas de Suecia en 1957.

El Concejo Deliberante de la Municipalidad de San Vicente, ubicada en el centro del territorio misionero, a 260 kilómetros de Posadas, propuso declarar en "estado de emergencia alimentaria" a esa población, tras el cierre de 28 de los 39 aserraderos que funcionan en el lugar. Sus dueños, en algunos casos, otorgan vacaciones por adelantado, con la incertidumbre que existe acerca de las perspectivas económicas que ofrece 2009 para el sector.

En parecidas condiciones se encuentran importantes industrias forestales, como Lipsia, en Puerto Esperanza; Chodorge y Laharrague, en Montecarlo; Krieger, en San Ignacio; Gruber, en Eldorado, entre otras. La de Fingeryoint, en Santo Pipó, directamente dejó de operar y despidió a 120 personas, ante la brusca disminución de la demanda.

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