A pesar de que se trata de otra promesa de campaña del Pro, que había sido promulgada por el ministro de Justicia y Derechos Humanos de la Nación, Germán Garavano, ésta tiene un plazo de siete años para consumarse.

Sin embargo, los avances en el tratamiento de este proyecto de ley esperanzaban a algunos funcionarios y jueces del sector con que se aprobara este año, pero al final fue pospuesta y será tratada en el 2017 nuevamente. 

Por el momento, la autonomía judicial de la Ciudad deberá esperar, ya que durante la pasada semana el Gobierno nacional y porteño desistieron de firmar cinco convenios que tenían por fin transferir algunos juzgados en lo penal, lo laboral, y todo el fuero del consumo del ámbito nacional al de la Ciudad.

La razón de este retroceso fue la por la presión de la Asociación de Magistrados (ente que nuclea a muchos de los jueces de esos fueros), y que llevaron a Garavano; el subsecretario de Justicia de Nación, Santiago Otamendi; el ministro de Justicia y Seguridad de la Ciudad, Martín Ocampo; el subsecretario de Justicia porteño, Jorge Enríquez, y el presidente del Consejo de la Magistratura porteño, Enzo Pagani, posponer esta acción para el próximo año. “Consideramos que no era el mejor momento. Había una elección de fondo. Se hará el año que viene”, expresó uno de los presentes.