"Se ha solicitado que se libren oficios de manera de manera reiterada, entre ellos a algunos medios de prensa que no habían remitido en tiempo y forma el material fílmico y artículos periodísticos de aquella época", dijo a Télam el juez contravencional Matías Ustarez Carrillo.

Según el magistrado, la asesoría legal del Departamento Contravencional "considera que es importante la incorporación de esa prueba antes de pasar al debate, y además ésta ya había sido admitida".

El juicio oral y público contra Sala e integrantes de la organización Tupac Amaru, que ella lidera, debía comenzar esta mañana en la sede del juzgado contravencional, en avenida Fascio al 650, y ahora deberá ser reprogramado.

Sobre la suspensión, Ariel Ruarte, uno de los abogados defensores de Sala, expresó su sorpresa y afirmó que "el juez sabía que la prueba (pedida por la acusación) no se había incorporado y que podría ser un inconveniente. Es todo rarísimo".

Por su parte, el juez Ustarez Carrillo sostuvo que con la suspensión del comienzo del juicio "se busca garantizar al máximo los derechos constitucionales y de defensa", y que cuando comience deberá definirse de modo preciso la acusación contravencional "para no juzgarla (a Milagro Sala) dos veces por el mismo hecho", ya que a raíz del acampe también tiene una causa en la justicia penal.

Sala y la Tupac Amaru, como persona jurídica, llegan a esta instancia imputados por infracción al artículo 113 y artículo 7 del Código Contravencional que alude a la ocupación del espacio público, alteración del orden y obstaculización del tránsito vehicular y peatonal.

A raíz del acampe de protesta, Sala está encarcelada desde el 16 de enero, acusada penalmente de "instigación al delito", y desde abril además se la investiga por el presunto manejo irregular de fondos públicos destinados a construir viviendas. También suma una acusación por "encubrimiento de tentativa de homicidio", y por "instigación a cometer delitos y tumultos en concurso real", a raíz de la denuncia que hizo el Ejecutivo provincial y por "amenazar de muerte a dos policías", el 13 de octubre de 2014.

En octubre último, el Grupo de Trabajo sobre la Detención Arbitraria de Naciones Unidas reclamó al Gobierno nacional "liberar de inmediato" a Milagro Sala, cuya privación de la libertad consideró "arbitraria".

La semana pasada, el gobernador Gerardo Morales instruyó por decreto al fiscal de estado de Jujuy, Mariano Miranda, para que, en su carácter de querellante en causas penales contra Sala, ponga en conocimiento de jueces y fiscales la "opinión" de ese organismo de la ONU.

El decreto del Ejecutivo jujeño, fechado el miércoles de la semana anterior, dio esas instrucciones a Miranda "a fin de que los organismos jurisdiccionales competentes consideren la misma (recomendación del Grupo de Trabajo de la ONU) respecto de detenciones o resoluciones de prisiones preventivas dictadas oportunamente en el marco de dichas causas" contra Sala y otros integrantes de la organización Tupac Amaru encarcelados.

La semana pasada, el Gobierno nacional decidió invitar a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y al Grupo de Trabajo sobre la Detención Arbitraria de la ONU para que visiten la Argentina, y se interioricen in situ del caso Sala.