Amedida que siguen estallando las revelaciones judiciales que complican a la cúpula del sindicato de recolectores de residuos de Córdoba (Surrbac), mayor es la sorpresa que producen –y produjeron– algunas reacciones ante tales hechos.

Hay todo un sector al que le cuesta creer que los líderes del gremio –Mauricio Saillén y Pascual Catrambone– estén detenidos por supuestas maniobras de lavado de dinero, entre otros delitos. Puede que muchos trabajadores no hayan sospechado nunca lo que se escondía detrás de esa conducción. Hay que admitirlo: la tarea de estos empleados es una de las menos gratas y de las más riesgosas desde lo sanitario, por lo que está bien que tengan salarios altos, paritarias actualizadas y beneficios jugosos.

Pero eso no justifica todo el resto. La clásica defensa de los denunciados sobre “el ataque de los medios y de la Justicia contra los trabajadores” no es más que un manotazo tan débil de argumentos como evidentes son las irregularidades cometidas.

El Primer plano de esta edición avanza en ese sentido. Se trata de una de las denuncias contra los gremialistas, relacionada con las compras por parte del Esop –el Ente de Servicios y Obras Públicas de la Municipalidad de Córdoba, la base más fuerte del Surrbac– a empresas de familiares o de gente vinculada al gremio. Algo similar a lo que investiga otra causa penal por contratos en Crese.

Volviendo al principio: puede que muchos trabajadores, de buena fe, apoyen a este grupo de sindicalistas. Ahora bien: cada vez se hace más evidente lo que el municipio capitalino no vio o no quiso ver, pese al tiempo transcurrido desde las primeras advertencias o denuncias.

Ya sea por negligencia, por miedo a enfrentarse con un gremio poderoso o por cualquier otra razón, lo cierto es que esa ceguera magnificó las consecuencias de esas maniobras.

Las explicaciones de las autoridades son las mismas que en marzo, pese a las promesas asumidas –y no cumplidas– cuando cambió la conducción del Esop.

Otra evidencia suficiente para justificar nuestra tapa de hoy