Suris operó con una red cómplice en el BaPro

Procesado ya por tráfico de drogas y por emitir facturas truchas que facilitaron la evasión tributaria de 190 empresas, Juan Ignacio Suris calla mucho más de lo que admite ante la Justicia.
Calla, en particular, sobre la red de complicidades que operó dentro del Banco de la Provincia de Buenos Aires (BaPro) para que él pudiera mover más de $ 11,5 millones sin que saltaran las alarmas de la entidad, según reconstruyó LA NACION sobre la base de documentos oficiales y de media docena de testimonios durante las últimas semanas.

Ante el juez federal de Bahía Blanca que luego lo procesó, Santiago Martínez, Suris admitió que emitió facturas por servicios que jamás prestó y que luego completaba operaciones ficticias en el BaPro para simular que las empresas le pagaban por esos servicios inexistentes. ¿Cómo? Se simulaba el depósito del dinero y en cuestión de horas lo retiraba con cheques. De ese modo, los fondos jamás ingresaron a su cuenta. Pero aun así, el BaPro sólo emitió un reporte de operación sospechosa (ROS) cuando fue demasiado tarde y se ordenó la detención del amigo del "valijero" Leonardo Fariña, hoy también detenido por una presunta evasión tributaria multimillonaria.

Basados en las evidencias que acumularon y un informe que prepararon técnicos de la AFIP, los investigadores judiciales sospechan que Suris contó con la ayuda de uno o más empleados del BaPro para armar la "calesita" de depósitos y retiros ficticios. Pero la duda de la Fiscalía es si esta complicidad alcanza sólo a un cajero de la delegación Barrio Universitario del banco o llega más arriba.

Desde el BaPro, en tanto, confirmaron a LA NACION que se abrió una "investigación sumarial interna para analizar qué ocurrió y, llegado el caso, aplicar sanciones a uno o más empleados". Pero indicaron que no podían aportar detalles por tratarse de una "instrucción reservada".

Suris tenía motivos para sentirse protegido. Según declaró ante la Justicia, ayudó a empresas que ganaron contratos de obra pública del Ministerio de Planificación. "Existen movimientos de sobrefacturación, como algunas empresas del Sur relacionadas con el Gobierno", testificó. "En la zona de Santa Cruz, con empresas algunas de las cuales están relacionadas con el gobierno nacional y provincial", insistió.

Según reveló LA NACION a mediados de enero, la AFIP había impulsado una investigación sobre Suris por la emisión de facturas truchas para unas 200 empresas por unos $ 40 millones. Entre otras, algunas controladas por Lázaro Báez y Cristóbal López. Esa pesquisa comenzó en junio de 2011, pero sufrió un parate cuando el titular del organismo tributario, Ricardo Echegaray, cerró la delegación de la AFIP en Bahía Blanca y desplazó a los jefes del equipo de investigadores.

¿Cómo operó Suris en el BaPro? Una y otra vez, simuló depósitos en distintas cuentas de sus firmas -Attimo Bahía Blanca, CVP Industria y M-Magna, entre otras-, pero tras la acreditación formal del dinero en esas cuentas de inmediato libraba cheques. ¿Cuál era el beneficio para él? Se quedaba con una comisión de entre el 15 y 30 por ciento. ¿Cuál era el beneficio para la empresa que recurría al novio de la vedette Mónica Farro? Simular que realmente había contratado a una empresa que le había prestado un servicio, por el cual le había hecho un pago bancarizado, tal como impone la ley 25.345 para montos superiores a los $ 1000 para combatir la evasión.

En la práctica, la operatoria llegó a ser grosera, a tal punto que el 23 de diciembre de 2010, Pablo Matélica, dueño de la firma Mapsa Ingeniería SA, figuró como depositante de $ 500.000 en una cuenta controlada por Suris en el BaPro. Pero ese mismo día, se debitaron 10 cheques por $ 50.000 cada uno. El problema es que Matélica, cuando fue citado a explicar esa operación, afirmó que no sabía de ese depósito. Más aún, sostuvo que "nunca concurrió a la sucursal Universitario del Banco de la Provincia".

La operatoria bajo la lupa es más incierta aún. Porque los cheques para el retiro del medio millón de pesos los endosaron Bruno Ortiz y Miguel Ángel Cruz, que consignaron documentos que corresponden en realidad a una mujer de Mendoza y a otro hombre de Entre Ríos. Es decir, los endosos también fueron truchos.

¿Quién se presentó por ventanilla en la sucursal del BaPro y depositó esa fortuna? ¿El cajero no le pidió un documento para verificar su identidad? ¿Quién cobró luego los cheques? Peor aún, ése u otro desconocido repitió la operatoria cuatro días después. El 27 de diciembre, Mapsa aparece como depositante de $ 460.532 en el BaPro y ese mismo día se debitaron 9 cheques por $ 50.000 y otro cheque por la diferencia restante de 10.532 pesos.

En ambos casos, no se encendieron las luces amarillas en el banco. Por eso, indicaron desde el BaPro a LA NACION, "se investiga ahora toda la operatoria", en sus distintos eslabones: cajeros, supervisores, gerentes, al tiempo que prometen colaborar con la Justicia con todo lo que les requiera.

El BaPro -donde el referente del peronismo de Bahía Blanca, Dámaso Larraburu, integra el directorio- al fin emitió un ROS a principios de este año, según consta en documentos de la entidad que obtuvo LA NACION, en simultáneo con la apertura de esa "investigación sumarial interna". Es decir, sólo después de que los medios difundieron que la Justicia había ordenado la detención de Suris. Para entonces su tarjeta de crédito Visa Gold ya había sido bloqueada por incobrable, su CUIT había sido cancelada por la AFIP y arrastraba 120 cheques personales "sin fondos" por más de 780.000 pesos.

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