Superti: “Las tensiones surgen del proceso de transformación”

El ministro de Justicia definió a los proyectos enviados a la Legislatura, como punto de partida para abrir la discusión con los sectores interesados. Relativizó las críticas del Colegio de Magistrados a la actual etapa donde conviven dos Códigos diferentes.
El ministro de Justicia y Derechos Humanos, Héctor Superti, calificó como “punto de partida” los cinco proyectos remitidos a la Legislatura para completar la puesta en marcha del nuevo Código Procesal Penal; dijo estar abierto al intercambio de ideas “respetando los conceptos rectores de la transformación”; respondió a las críticas del Colegio de Magistrados sobre la puesta en marcha del sistema, y anunció para los primeros días de marzo, la inauguración en Santa Fe del primer Centro de Asistencia Judicial.

El 14 de febrero comenzó a regir el nuevo Código para determinados delitos, y en el medio de críticas de magistrados, del gremio judicial y de abogados, para Superti “son situaciones que evidencian que estamos avanzando en un cambio. Los movimientos que uno percibe traducen, en el fondo, estar entre todos siendo partícipes de un cambio muy profundo en el proceso penal, que si bien estaba pendiente desde hace muchos años, el empezar a transitarlo genera lógicas inquietudes entre todos los que estamos directa o indirectamente vinculados con él”.

Insistió en que hay diálogo con el gremio judicial: “No haremos la transformación a costa de los trabajadores”. Valoró la reunión que junto a su par de Seguridad, Daniel Cuenca, tuvo con jefes policiales, explicando y recibiendo dudas e inquietudes, y el diálogo permanentemente con los colegios profesionales y con el de magistrados y funcionarios.

El ministro de Justicia definió a los cinco proyectos enviados a la Legislatura, como el punto de partida. “Estamos abiertos a discutir las críticas que se puedan hacer, y abrimos el espacio de diálogo una vez enviados los proyectos a la Legislatura, por una razón de estrategia: tener un punto fijo de partida que son los proyectos, y a partir de allí, discutir”.

Superti no habla de plazos en la aprobación pero sí recordó que el mensaje sobre implementación del Código, fijaba un año a partir del día de la sanción de las cinco leyes. “Seguimos pensando que metodológicamente es así. Cualquier plazo serio lo es, a partir de la aprobación de las cinco leyes. Cuanto antes se traten y aprueben, estaremos en mejores condiciones de aplicar la reforma con mayor velocidad”.

Críticas de magistrados

En la semana, se conoció un crítico documento del Colegio de Magistrados sobre la actual etapa, donde conviven dos códigos.“El Código Procesal Penal que estamos poniendo en vigencia es del 2007. La ley de implementación tiene 150 días. La fecha del 14 de febrero es fruto de un plazo que establecía esta norma. Hace cinco meses que esto se sabía. Ahora es como que hay una explosión, porque entra a regir. Es el comienzo del cambio que se empieza a sentir. Respecto de la prolijidad o desprolijidad, somos concientes de que una situación de implementación progresiva con dos leyes de distinta ideología genera un acople dificultoso y posiblemente haya algunas desprolijidades, pero nunca una norma no genera interpretaciones amplias. Se han creado mecanismos para unificarlas. No hay que dramatizar. Lo que tenemos que hacer es tomar el cuerpo normativo e interpretarlo correctamente. La ley fija algunas pautas como elementos hermenéuticos de interpretación, la más importante es la que dice: cuando se trate de un procedimiento escrito, se aplican las pautas de los procedimientos escritos; y cuando sea oral, las pautas del oral. Esta regla de gran simpleza, es de gran utilidad para avanzar en esta etapa”.

La puesta en vigencia de todo el proceso oral requerirá de edificios especiales, llamados Centros de Justicia Penal. En días más, se definirá el lugar elegido en Santa Fe, mientras que en Rosario, la discusión está instalada en el Concejo. “Una cosa es el Centro de Justicia Penal cuando todo el Código esté funcionando y otra es hoy tener una audiencia para un juicio oral. En esta primera etapa, la aplicación de la oralidad está muy acotada a determinados hechos. Cuando tengamos que hacer estos juicios, habrá que acondicionar un lugar y hacerlo”.

En Rosario, la Corte dispuso una sala de la justicia laboral para esta transición. El gobierno puso en marcha la compra de equipos de registración de esos juicios e incluyó en el presupuesto 2009 fondos para los Centros de Justicia de Santa Fe y Rosario.

Lo que viene

En los primeros días de marzo, el gobierno inaugurará el primer Centro de Asistencia Judicial, que funcionará en 25 de Mayo y Salta; inmueble donde alguna vez hubo una pizzería, y que está siendo reacondicionado.“Son organismos de apoyo a la reforma procesal penal, son como hospitales jurídicos que van a tener servicios. Van a arrancar con dos: mediación penal y oficina de asistencia a las víctimas. Responde a la política de acceso a la justicia. Ya sea por iniciativa propia, por derivación de la policía, la fiscalía, juzgados. Aquellos que necesitan tener -como víctimas- una intervención integral que abarque lo sicológico, lo social y lo jurídico pueden encontrar allí un lugar. Cuando por alguna razón los interesados, los organismos del Poder Judicial, el propio Centro de Asistencia a la Víctima, entienden que sea bueno para pacificar un conflicto, si quieren una mediación penal, también estará funcionando el CAJ. Pretendemos favorecer institutos de la reforma como son la querella y los acuerdos reparatorios”.

Aclaró que será un servicio no exclusivo, va a cohabitar con otros que pueden ofrecer otros organismos públicos, como la Defensoría del Pueblo, o también privados o colegios profesionales.

Las reformas pendientes

El plan estratégico para la Justicia santafesina había trabajado en otros fueros además del penal. Superti dijo que “el plan estratégico fue una fuente de producción de proyectos normativos. Tenemos una ley sancionada -Código Procesal Penal- , algunos proyectos en estado parlamentario y otros no”.

En la Legislatura, está la discusión del Código Procesal Laboral con posiciones encontradas entre ambas Cámaras. “El Ejecutivo enviará a la brevedad a la Legislatura un proyecto distinto al del plan estratégico sobre mediación obligatoria para lo no penal ni laboral.

“También está en carpeta la Justicia penal juvenil”, siguió Superti. Hemos reformulado toda la parte de ejecución a través de la Dirección Provincial de Justicia Penal Juvenil pero estamos viendo la posibilidad de generar un sistema de enjuiciamiento similar al propuesto para los mayores. Todas las convenciones establecen que los derechos que tienen los jóvenes deben ser reconocidos aún en caso de una imputación penal, lo lógico sería que el modelo en cuanto a respeto de derechos de los mayores y de los menores sean similares”.

La cartera trabaja en un plan de refortalecimiento de la Justicia que pasa por la creación de unidades judiciales para la situación coyuntural y también consideró necesario rediscutir el mapa judicial.

Comentá la nota